Una empresa pide 9000€ por entregar a la UCO 1164 cajas con 15 toneladas de documentos sobre Púnica

La investigación de la trama Púnica empieza a pasar factura a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, UCO, y no es una frase hecha.

Según un documento remitido por la empresa Iron Mountain España, incluido en el sumario del caso al que ha tenido acceso OKDIARIO, dicha sociedad reclama que se le abonen 9.000 euros «por quien corresponda» a cambio de entregar a la UCO «1.164 cajas que pesan 15 toneladas» con documentos sobre la empresa pública gestora del suelo de la Comunidad de Madrid, Arpegio, investigada en esta trama corrupta.

Esta compañía afincada en la localidad madrileña de Alcobendas ofrece «servicios integrales a empresas de gestión documental, protección de datos y destrucción de la información» y la Comunidad de Madrid tiene suscritos varios contratos de gestión y custodia de fondos documentales con ella. Por este motivo, almacena abundante documentación de Arpegio y en consecuencia, el Juzgado de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional le solicitó la entrega de estos documentos a la Guardia Civil.

En el escrito, Iron Mountain afirma que ha recibido el mandamiento del pasado 16 de mayo en el que se le requiere de forma inmediata entregar «los expedientes e informaciones relativos a Consorcios Urbanísticos y Planes PRISMA relacionados con la empresa pública Arpegio, y en su caso se nos requiera para su custodia y precinto a disposición de la autoridad judicial».

«Estamos encantados de colaborar con la justicia pero, precisamente por eso, creemos que deben saber que son 1.164 cajas (tamaño A5), que en total pesan aproximadamente 15 toneladas. Puestos al habla con la Guardia Civil nos han dicho que no se las enviemos allí y que presentemos este escrito en el Juzgado, para recibir instrucciones al respecto» señala.

«Para su mejor organización», añade, «les adelantamos que, para depositar ese número de cajas, se precisaría una superficie de unos 200 m2, de fácil acceso y lo suficientemente diáfana para poder maniobrar con los palets por ella. Dado el elevado volumen, lamentablemente es imposible que la entrega se efectúe de manera inmediata, pues por lo menos se necesitarán 2 semanas. Lógicamente, si fueran menos cajas, el tiempo de entrega sería menor».

A continuación, la mercantil indica que «el coste es de unos 9.000 euros aproximadamente (impuestos excluidos), que necesitaríamos se nos abonara por quien corresponda de la siguiente forma: a mes vencido una vez realizados los trabajos requeridos. De nuevo, si el volumen de cajas requerido fuera inferior, el coste también se reduciría. Si el cliente estuviera al tanto de esta petición que nos hacen, se lo podríamos facturar directamente a él, pero para ello necesitamos su confirmación por escrito, pues según se indica, la causa está bajo secreto de sumario».

El surrealismo aumenta cuando el responsable de la empresa muestra su lógica preocupación por estar la investigación bajo secreto sumarial: «Finalmente, pero más importante que todo lo anterior es lo siguiente: la causa está bajo secreto de sumario y, si les entregamos las cajas, el cliente se enterará no sólo porque aparecerá automáticamente en la factura el coste por los servicios prestados, sino porque en la plataforma a la que accede el cliente, en todo momento puede consultar una o varias cajas y percatarse entonces de que han salido de nuestras instalaciones sin que él nos haya dado la correspondiente orden, por lo que nos preguntará dónde están sus cajas y quién ha autorizado su salida y, desgraciadamente, esto último ya no se puede evitar porque el sistema es transparente y no podemos ocultar la salida de las cajas».

En ese momento, la sociedad que guarda los documentos de la empresa pública Arpegio ofrece como alternativa facilitar al Juzgado o a la UCO una de las salas en sus instalaciones para que «consulten en ella las cajas que consideren oportuno».

El esperpento continúa cuando encuentran otro problema más, la fotocopiadora: «Les confirmamos que podemos poner a su disposición una fotocopiadora, pero por las altas medidas de seguridad que estamos obligados a mantener con todos nuestros clientes, lamentablemente las fotocopias las tendría que hacer un empleado de Iron Mountain España, metiendo su llave de identificación, por lo que quedaría registrado el hecho de haberse realizado las fotocopias. Por ese motivo, a lo mejor prefieren llevar su propia fotocopiadora, como sugirió el Sr. Secretario, por lo que lo dejamos a su elección pero ponemos a su disposición la nuestra».

Por último, la compañía señala que «debido a esas altas medidas de seguridad que indicábamos, y también para facilitar la labor a las personas que acudan a nuestras instalaciones y asistirles en todo lo que necesiten, habría alguna persona perteneciente a nuestro personal presente en todo momento en la sala aunque, por supuesto, no tendría que ver ni leer la documentación, sino simplemente estar presente por lo que pueda surgir o puedan ustedes necesitar».

Iron Mountain termina su curiosa y sorprendente epístola al Juzgado de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional, que ahora dirige Manuel García-Castellón, quedando a la «espera de sus instrucciones».