La UCO incauta 100.000€ en billetes y una pistola a un ex alto cargo de la alcaldesa Adrados en Pozuelo

La instrucción de la trama Púnica sigue dejando sorpresas tras levantarse el secreto de sumario sobre la pieza donde se investiga a la empresa pública gestora del suelo de la Comunidad de Madrid, Arpegio.

Según ha podido saber OKDIARIO, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, UCO, ha incautado 97.900 euros, 3.840 dólares (3.423€) y una pistola «en perfecto estado de funcionamiento» a Adolfo Fernández Maestre, encargado de gestionar las licitaciones públicas del Plan Regional de Inversiones de Madrid (Plan PRISMA), correspondientes al año 2006-2007, a través de Arpegio.

Fernández Maestre es el administrador de la empresa Análisis y Gestión de Desarrollos Urbanos, DUSA. En el año 2012, fue nombrado presidente del Tribunal Económico-Administrativo del ayuntamiento madrileño de Pozuelo de Alarcón gobernado por el PP por la entonces alcaldesa y ahora presidenta de la Asamblea de Madrid, Paloma Adrados. Este órgano se encarga de resolver reclamaciones sobre tributos o ingresos locales.

La alcaldesa de Pozuelo, Susana Pérez Quislant, propuso al Pleno su cese inmediato el pasado 22 de mayo tras conocerse que estaba siendo investigado y tras los registros practicados por la UCO, donde se localizaron más de 100.000 euros en billetes y el arma de fuego.

Días antes de su cese, la Guardia Civil entraba en su domicilio. El propio Fernández Maestre comunicaba a los agentes que poseía una caja fuerte en un armario de su dormitorio, donde se encontraban 274 billetes de 50 euros, 8 billetes de 100, 2 billetes de 200 y un billete de 500 euros. En total, 15.400 euros.

En la misma habitación, se localizaba un bolsa de viaje con un sobre que albergaba en su interior 3.840 dólares, divididos en 30 billetes de 100, 16 de 50, y 2 billetes de 20 dólares. El registro continuó con la incautación de diversa documentación, ordenadores portátiles y material informático.

La mayor sorpresa para los agentes se producía cuando encuentran una pistola escondida en un armario. Según el atestado policial, «se trata de un arma corta de la marca Llama, de la que el presunto investigado manifiesta que no tiene licencia de armas, y que era de su padre que era militar». En ese momento, el entonces titular del Juzgado de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, autorizaba telefónicamente ampliar «la entrada y registro por él acordada en resolución de esta fecha al delito de tenencia ilícita de armas».

Al día siguiente, Fernández Maestre y su esposa eran acompañados para abrir una caja de seguridad de su propiedad en una sucursal de Bankia. En dicha caja, eran decomisados otros 82.500 euros, un dinero atribuido por el matrimonio al «ahorro y la venta de un piso».

Esta cantidad estaba distribuida en 9 sobres. El primero contenía 5.000€ en 25 billetes de 200; el segundo 6.250€ en 31 billetes de 200 y 1 de 50; el tercer sobre 1.350€ en 13 billetes de 100 y 1 de 50; el cuarto sobre 2.450€ en 5 billetes de 200, 12 de 100 y 5 de 50; el quinto guardaba 11.000€ en 22 billetes de 500; el sobre nº 6 3.150€ en 4 billetes de 500, 11 de 100 y 1 de 50; el séptimo 25.300€ en 49 billetes de 500 y 16 de 50; el octavo 18.000€ en 30 billetes de 500, 10 de 200 y 10 de 100; el noveno y último sobre albergaba 10.000€ en 20 billetes de 500.

Movimientos en un banco suizo

Según la investigación, el secretario de los Consejos de Administración de los Consorcios Urbanísticos, José Luis Jaraba, mantuvo relaciones entre 2003 y 2012 con Arpegio, de quien cobró 1.119.093 euros y con diversas sociedades vinculadas a Adolfo Fernández Maestre: «Así de la sociedad Adolfo Fernández y Asociados, recibió 663.023 euros, de Landedo SL recibió 404.160 euros y de DUSA 380.892 euros».

La contratación de dicha sociedad sirvió, según el sumario, «al plan criminal y a los consejeros de Arpegio participantes en los hechos para asegurar la mejor valoración y preadjudicación de las ofertas presentadas por los contratistas que se avenían a los tratos de corrupción con Arpegio, para las licitaciones de los planes PRISMA». En la contratación, «intervinieron los consejeros de Arpegio y en especial su consejero delegado Eduardo Larraz, a espaldas del procedimiento de adjudicación pública».

Para contratar a DUSA «se publicó una licitación meteórica el día 9 de febrero de 2006, con un presupuesto de contrato de 5.302.870,55 euros dirigido a la ‘adjudicación del contrato de consultoría y asistencia técnica para la gestión integral de las licitaciones públicas del Programa Regional de Inversiones y Servicios de Madrid para el período 2006-2007’».

El expediente de adjudicación remitido al Juzgado «tiene carencias de documentación relevantes que deberían formar parte del expediente, como la oferta técnica, la garantía provisional o la acreditación de los requisitos de solvencia».

Los datos de la Agencia Tributaria aportados a la causa recogen que la esposa de Fernández Maestre, Sagrario Gómez, figura como «cobradora de cheques en efectivo hasta un importe total que supera los 30.000 euros».

También se han identificado «movimientos de fondos y divisas con una cuenta suiza de la entidad bancaria UBS que no han sido declarados». Consta así mismo una entrada el 27 de noviembre de 2012 de «300.000 euros en la entidad Comunidad de Bienes Ibiza», en la que aparecen como socios Adolfo Fernández y su esposa.

En la comisión de investigación

Adolfo Fernández Maestre comparecía en noviembre del pasado año ante la comisión de investigación de la Asamblea de Madrid para informar sobre el contrato de consultoría y asistencia técnica firmado con Arpegio en 2006: «Llegamos a tener 400 licitaciones, había obras para todo el mundo, ahí estaban todas las empresas constructoras» señaló. También reconocía que pudo haber «filtraciones desde su compañía al empresario David Marjaliza», considerado uno de los supuestos cabecillas de la trama de corrupción.

El consultor aseguró que todo su trabajo fue «transparente a más no poder» y que no resultó fácil por la «cantidad y volumen de obras». También ha negado conocer al ex consejero madrileño Francisco Granados o al propio David Marjaliza.

Los ingresos de DUSA alcanzaron los 7,9 millones de euros de ingresos entre 2006 y 2007. «Mi actividad en un 80 por ciento ha sido privada y en un 20 por ciento público. He actuado con la Comunidad y ayuntamientos de la región madrileña y fuera. Mi negocio siempre ha sido la consultoría. Participé en diversas juntas de compensación», aseguraba.