La empresa china de las mascarillas ‘fake’ escribió una carta a Illa reconociendo la «negligencia»

El ex ministro de Sanidad Salvador Illa repartió mascarillas fake por hospitales de toda España en los peores momentos de la pandemia de coronavirus pese a que su proveedor le avisó de que eran defectuosas. Según una carta dirigida a Illa a la que ha tenido acceso este periódico, la empresa china Garry Galaxy alertó de la «negligencia de su trabajo» al proporcionar un lote de cubrebocas defectuoso. Estas mascarillas carecían de válvulas de protección y provocaron numerosos contagios en los centros hospitalarios donde se repartieron. El Juzgado de Instrucción número 14 de Madrid investiga este pelotazo de mascarillas que no protegían por las que el Ministerio de Sanidad de Salvador Illa pagó 31 millones de euros.

El 18 de abril de 2020, Ronghua Cao, el presidente de la empresa Garry Galaxy Biotechnology, envió una carta dirigida al ministro de Sanidad, Salvador Illa en la que le alertaba de que se habían enviado mascarillas fraudulentas. «Lamentamos que debido al uso excepcional de una partida de materias primas utilizadas, un lote de máscaras producidas para España no cumplió con los estándares correspondientes», escribió en la misiva que también firmó el presidente de Travis Asia Limited, compañía involucrada en la compra de mascarillas para España.

La empresa anunciaba en la carta que ya estaba coordinando y supervisando la retirada del mencionado material. Pero ya era tarde, había llegado a los médicos españoles. Miles de sanitarios estaban haciendo uso de estas mascarillas que no protegían y Sanidad tuvo que retirarlas. Pero tardó siete días en hacerlo, mientras los contagios no paraban de producirse.

Salvador Illa había pagado 31 millones de euros de los contribuyentes por este material. El Ministerio de Sanidad adjudicó al intermediario Hangzhou Ruining un contrato para el suministro de 8,8 millones de mascarillas. Una cuarta parte del pedido -2,1 millones de equipos de protección del tipo FFP2- tenían como fabricante a la empresa Garry Galaxy y resultaron inservibles para uso hospitalario.

«En nombre de Garry Galaxy me disculpo sinceramente por la negligencia de nuestro trabajo», le escribió el presidente de la empresa china al ex ministro Salvador Illa, evidenciando que el ministro conocía que había contratado mascarillas defectuosas. «Todos los empleados de Garry Galaxy sienten el dolor del pueblo español y estamos dispuestos a hacer todo lo posible para ayudar a España a resistir la epidemia», señalaron los chinos en la carta dirigida a Illa tras colar un lote de mascarillas fake por las que se pagaron millones de euros.

Donación de mascarillas

Tras exculparse e informar al ministro de los lotes inservibles, el proveedor de Sanidad ofreció al ministerio distintas soluciones. La primera de ella consistió en donar para uso de emergencia en escenarios no médicos estas máscaras que no cumplían los estándares de protección.

Seis días después, el 20 de abril de 2020, el presidente de Gerry Galaxy le envió una nueva carta a Salvador Illa ofreciéndole la donación de cinco máquinas de producción automática para confeccionar mascarillas N95. «Cada una de estas máquinas es capaz de producir 2.100 unidades cada hora», señala esta segunda carta en posesión de este periódico.

Fuentes cercanas al caso señalan que Salvador Illa no respondió a estos ofrecimientos pese haber dejado un pufo millonario en las arcas públicas. Además, el proveedor contratado por Sanidad se volvió a ofrecer como fabricante de mascarillas que esta vez sí cumplieran los estándares de protección españoles.

Investigación contra Salvador Illa

La adjudicación de emergencia de este contrato público fraudulento está siendo objeto de investigación judicial en los juzgados de Plaza de Castilla (Madrid). La Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) interpuso una querella el 27 de abril de 2020 en el Tribunal Supremo contra Illa por un delito contra los derechos de los trabajadores. Esta infracción está tipificada con penas de prisión que oscilan en una horquilla de seis meses a seis años de cárcel más multa.

El Supremo ordenó al juzgado de instrucción abrir una investigación y el juez Carlos Valle la archivó. Sin embargo, la Audiencia Provincial de Madrid estimó el recurso del sindicato médico y ordenó al juez reabrir la investigación. Los magistrados revocaron la resolución del instructor para que éste diera comienzo a la investigación penal pidiendo documentación al Ministerio de Sanidad sobre estos contratos.