El dueño de Jamones Joselito dice en una grabación que fue testaferro de Diosdado Cabello en un pelotazo de 300 millones

Una rocambolesca operación financiera, que se extiende por tres continentes, vincula al empresario Juan Luis Gómez Martín, consejero delegado de la más reconocida firma española de jamones ibéricos y embutidos, Cárnicas Joselito, con el número 2 del régimen chavista, Diosdado Cabello.

En una grabación a la que ha tenido acceso OKDIARIO, Juan Luis Gómez afirma que actuó como “testaferro” de Diosdado Cabello para cobrar más de 300 millones de euros de un bono de deuda soberana de Venezuela.

Entre 2013 y 2016, Juan Luis Gómez viajó más de una docena de veces a Hong Kong para tramitar ante una entidad financiera china los documentos de la operación. También permaneció durante dos meses (desde el 4 de marzo al 30 de abril de 2015) en Venezuela, donde la abogada española que le acompañaba aseguró haberse reunido personalmente con Diosdado Cabello y con el entonces presidente del Banco Central de Venezuela (BCV), Nelson Merentes, también implicado en el pelotazo.

A preguntas de OKDIARIO, Juan Luis Gómez niega ahora estos hechos y asegura que ha sido víctima de «una estafa», si bien reconoce que nunca denunció lo ocurrido ante la Justicia porque «es una historia de mi vida muy mala, de la que quiero pasar página».

Sin embargo, OKDIARIO ha podido reconstruir los pasos dados por el consejero delegado de Cárnicas Joselito a partir de los testimonios recabados de varias de las personas que participaron en la operación y de documentos escritos y sonoros. Destacan los mensajes de correo electrónico y las grabaciones de los encuentros de algunos de los participantes en tan lucrativo negocio.

Recorrió medio mundo para firmar el bono

Acuciado por las dificultades económicas, Juan Luis Gómez había intentado vender en 2013 por 2.100 millones de euros todo el grupo de Cárnicas Joselito, que en aquel momento estaba integrado por 28 empresas con su principal centro de actividad en Guijuelo (Salamanca).

No obstante, uno de los potenciales compradores, el empresario canario Martín Jerónimo Hernández González, le invitó a participar en un negocio más rentable: actuar como “testaferro” de varios gerifaltes del régimen chavista para cobrar un bono soberano de Venezuela, por importe de varios cientos de millones de euros.

El bono fue aportado por una mujer de nacionalidad venezolana, Verónica Álvarez, que actualmente reside en Florida (EEUU) junto a su marido, Hansy Alberto Araos, quien aseguraba ser sobrino del entonces presidente del Banco Nacional de Venezuela (BNV).

Durante el primer viaje a Hong Kong, que tuvo lugar entre el 17 de septiembre y el 23 de octubre de 2013, Juan Luis Gómez y sus socios estimaron que podrían repartirse varios cientos de millones de dólares mediante el cobro de un bono soberano aprobado por la Asamblea Nacional de Venezuela (ANV), entonces presidida por Diosdado Cabello.

El consejero delegado y copropietario de Cárnicas Joselito precisó más tarde que confiaba cobrar al menos 300 millones de euros con la operación. Otra parte iría a parar a sus socios bolivarianos, incluyendo la parte de Cabello. En su tercer viaje a Hong Kong, Juan Luis Gómez anunció el 22 de septiembre de 2014 a sus socios españoles que el bono soberano ya había sido firmado en una entidad financiera y podrían comenzar a cobrar sus ganancias en un plazo de 18 meses, mediante un “fideicomiso”.

Tras comunicar que había logrado culminar la operación, Juan Luis Gómez no sólo descartó sus antiguos planes de vender el grupo Cárnicas Joselito, sino que consiguió reestructurarlo y relanzarlo a nivel internacional.

El inicio del gran ‘pelotazo’

En una reunión celebrada el 24 de junio de 2013 en el Hotel Regio de Santa Marta de Tormes (Salamanca), Juan Luis Gómez tuvo conocimiento de que se encontraba en la provincia el empresario canario Martín Jerónimo Hernández González, quien decía representar a un grupo inversor de Bahréin interesado en comprar empresas e industrias en España.

Acuciado por los problemas económicos de su grupo, Gómez ofreció al empresario canario venderle 66 de las 88 viviendas de lujo del complejo residencial Doncella Beach, que una empresa participada por Cárnicas Joselito, Promociones Urbanas La Glorieta, había construido en Estepona (Málaga). Martín Hernández se desplazó a Málaga para visitar la urbanización y no tardaron en llegar a un acuerdo. El empresario canario se instaló de inmediato en una de las viviendas de lujo, al igual que su socio de nacionalidad rumana, Petru Ciuciu.

Fruto de esta negociación, Juan Luis Gómez firmó el 9 de julio de 2013  en Salamanca un contrato por el que, como representante de Promociones Urbanas La Glorieta, concedía a Martín Hernández una opción de compra para adquirir las 66 viviendas por 135,4 millones de euros. A petición del empresario canario, Gómez le extendió además un aval por importe de 250.000 euros, como garantía de que no se echaría atrás en la operación. Martín Hernández sólo podría cobrar esta cantidad si, llegado el plazo del 19 de octubre, el vendedor se negaba a ejecutar la opción de compra.

Durante el mismo verano, Martín Jerónimo Hernández, siempre asegurando que representaba a un grupo inversor de Bahréin, suscribió opciones de compra sobre otras empresas y propiedades en distintos puntos de España, de acuerdo con los documentos a los que ha tenido acceso OKDIARIO.

Entre ellas, una bodega con viñedos en Zamora (por importe de siete millones de euros), una finca ganadera en Salamanca (por 3,1 millones), una industria en Guijuelo (por 35 millones) y dos edificios en Madrid. En todos los casos, alegando que debía hacer frente a cuantiosos gastos de transferencias bancarias con Bahréin, el empresario canario exigió al vendedor avales, sólo ejecutables si cualquiera de estas operaciones no fructificaba.

A continuación, Martín Hernández viajó el 5 de agosto de 2013 a la isla en la que reside, Santa Cruz de Tenerife, para “protocolizar los avales” ante notario. Aseguró que estaba esperando a una persona procedente de Nigeria que recogería los avales que había reunido, por un importe total de 853.732 euros, para trasladarlos a Bahréin.

A su regreso a la Península, Martín Hernández se alojó durante dos semanas en un hotel de Madrid y concertó una cita con el consejero delegado de Cárnicas Joselito y con una abogada que representaba a un cliente extranjero llamado Albert G. [OKDIARIO preserva los datos referidos a su identidad].  El encuentro se celebró el 9 de septiembre de 2013 en un despacho, que carecía de luz eléctrica, que le habían prestado a la abogada cerca de la calle Goya de Madrid.

Durante esta reunión, Juan Luis Gómez descubrió que el plan del empresario canario era “monetizar” los avales que había conseguido por importe de 853.732 euros –es decir, revenderlos a un prestamista o un intermediario financiero, que luego se encargaría de cobrarlos– para invertir en un nuevo negocio.

El bono soberano de Venezuela

Según le explicaron, el cliente de la abogada, Albert G., estaba en posesión de un bono de deuda soberana de Venezuela, que ofrecía una elevadísima rentabilidad. Los beneficios de esta operación permitirían luego al empresario canario ejecutar todas las opciones de compra que había firmado. Aunque su abogado, presente en el encuentro, le advirtió que podría tratarse de una estafa, Juan Luis Gómez extendió un talón de 50.000 euros, cargado a una cuenta del Banco Santander, para participar en el negocio del bono venezolano.

Días después, el 15 de septiembre de 2013, todo el grupo se desplazó en coche a Barcelona para conocer a la mujer de nacionalidad venezolana que había facilitado a Albert G. el bono soberano, Verónica Álvarez Álvarez (aunque se hacía llamar Gabriela). El marido de Verónica, Hansy Araos, aseguraba ser sobrino del presidente del Banco Central de Venezuela y decía viajar con frecuencia a Dubái (Emiratos Árabes) para impulsar negocios petroleros en representación del Gobierno de Nicolás Maduro.

Allí Juan Luis Gómez conoció otros detalles de la operación: el primer bono de deuda soberana ya había sido aprobado y Albert G. debía viajar a Hong Kong a firmarlo el 15 de octubre en la sede del Banco Industrial y Comercial de China (ICBC, por sus siglas en inglés), para poder cobrarlo. El titular del bono, Albert G., había prometido a la abogada y a Verónica que, tras consumar el negocio, les pagaría una comisión de varios millones de euros por sus gestiones. Los socios pretendían reinvertir los beneficios de esta operación en un segundo bono, que aún no había sido aprobado por la Asamblea Nacional de Venezuela.

La abogada propuso al consejero delegado de Cárnicas Joselito hacerle partícipe de los beneficios, con una suma millonaria, si aceptaba sufragar los gastos financieros y del viaje a Hong Kong. Por el primer concepto, Juan Luis Gómez realizó una transferencia de 106.000 euros a la cuenta bancaria que le indicó Verónica Álvarez.

«Esto no me gusta, quieren más dinero»

Era sólo el principio, pues el consejero delegado de Cárnicas Joselito llegó a invertir cerca de dos millones y medio de euros (tomando fondos de las empresas familiares, según aseguró a sus socios) para participar en el negocio del bono venezolano como «testaferro» de Diosdado Cabello y otros altos cargos del régimen chavista.

Tras anunciar a sus socios, en septiembre de 2014, que el primer bono ya había sido firmado, Juan Luis Gómez y una abogada viajaron el 4 de marzo de 2015 a Venezuela, donde permanecieron durante dos meses, para resolver los trámites del segundo bono que debía aprobar la Asamblea Nacional presidida por Diosdado Cabello.

Desde allí,el empresario de los jamones envió noticias inquietantes a sus socios: “Esto no me gusta, quieren ahora más dinero. Dicen que 50.000€ más para unos timbres que necesitan. La única garantía es pagar y esperar. Yo ya no puedo pagar más”. Antes de tomar el vuelo de vuelta a España, comunicó lo siguiente: “No se puede disponer del dinero de esta primera operación porque Cabello quiere hacer otra antes; cuando ya por fin se va a firmar la segunda operación, se descubre que [Eudomar] Tovar y dos empleados chinos se han levantado la pasta de la primera operación, con lo cual, Ana ha tenido que renunciar a cualquier posible reclamación ante el banco”.

Juan Luis Gómez encontró la solución. A su regreso a España, se reunió el 20 de mayo de 2015 con un empresario hostelero en Alba de Tormes (Salamanca), al que logró persuadir para que aportara una parte del dinero que exigían las autoridades chavistas para perpetrar el pelotazo. Ante su interlocutor, Juan Luis Gómez explicó que iba a cobrar 300 millones de euros actuando como «testaferro» de Diosdado Cabello y Nelson Merentes, tal como muestra la grabación que OKDIARIO publica hoy en exclusiva.