Dimite el alto cargo del Govern balear que ha dado a la hija de Díaz Ferrán un concurso lleno de irregularidades

Dimite el alto cargo del Govern balear que ha dado a la hija de Díaz Ferrán un concurso lleno de irregularidades
Las instalaciones diseñadas por la empresa de la hija de Díaz Ferrán para el puerto de Ciutadella (Menorca).

El director general de Ports de les Illes Balears, Pedro Puigdengoles Briones, dimitió tan sólo una semana después de avalar los informes para que el Govern de Francina Armengol adjudique un concurso lleno de irregularidades en el puerto de Ciutadella (Menorca) a la hija del ex presidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán, condenado a siete años de cárcel por delito fiscal y por la quiebra fraudulenta del grupo Viajes Marsans.

Como director gerente de Ports de les Illes Balears, Pedro Puigdengoles ha presidido la mesa de contratación del concurso convocado por el Govern balear el 17 de noviembre de 2017 para adjudicar la explotación del varadero del puerto de Ciutadella durante los próximos 25 años. Se tata de una explanada de unos 1.500 metros cuadrados, equipada con una grúa y destinada a la reparación e invernada de embarcaciones recreativas y de pesca.

Puigdengoles presidió el pasado 19 de junio una sesión de la mesa de valoración del concurso, que ratificó los distintos informes técnicos, económicos y jurídicos que aconsejaban adjudicar el concurso del varadero de Ciutadella a la sociedad Marina Seca Port de Ciutadella SL, cuya socia única es Marta Díaz Santamaría, hija del ex presidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán. En su oferta, la empresa de Díaz Santamaría señala que obtendrá unos ingresos anuales de medio millón de euros, gracias a la explotación de las instalaciones del puerto de Ciutadella.

Tan sólo una semana después, el 26 de junio, el consejo de administración de Ports de les Illes Balears aceptó la dimisión de Pedro Puigdengoles como director gerente de este organismo público, cargo que venía ocupando desde octubre de 2015.

Gerardo Díaz Ferrán
El ex presidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán.

El Govern balear de la socialista Francina Armengol se limitó a emitir un comunicado en el que agradece a Puigdengoles los servicios prestados y anuncia que su cargo pasará a ser ocupado por la ingeniera de caminos Cristina Barahona, quien hasta ahora era la jefa de Obras y Proyectos de este organismo.

El conseller de Movilidad y Vivienda del Govern balear, Marc Pons, tiene previsto convocar el próximo mes de septiembre una sesión del consejo de administración de Ports de les Illes Balears, que presumiblemente adjudicará el concurso del puerto de Ciutadella a la empresa de la hija de Díaz Ferrán, de acuerdo con los informes técnicos aprobados por el dimitido Pedro Puigdengoles.

Pero todo el proceso ha estado plagado de irregularidades, como ha informado OKDIARIO. La empresa de la hija de Díaz Ferrán fue constituida en abril de 2013 en Madrid con el nombre de Góndola Baby SL y se dedicaba a la fabricación y venta de productos textiles.

Sólo después de que el Govern balear convocara el concurso del puerto de Ciutadella, Marta Díaz Santamaría impulsó varios cambios en su sociedad para poder optar a este negocio: cedió el cargo de administrador único a un empleado y amplió el objeto social de la empresa a la «reparación, custodia y compra/venta de embarcaciones».

Vista aérea del puerto de Ciutadella (Menorca). El varadero aparece a la izquierda, en la ribera norte.

La Ley de Contratos del Sector Público establece que no pueden optar a ningún concurso de la Administración las empresas que tengan deudas con Hacienda. El apoderado de Marina Seca Port de Ciutadella SL es el marido de Marta Díaz Santamaría, Higinio Aldaz González, quien es al mismo tiempo administrador único de la sociedad Criterium Gestión Inmobiliaria SL, que en 2019 tenía una deuda de un 1,4 millones de euros con la Agencia Tributaria.

Sin embargo, el Govern balear no ha tenido en cuenta este dato a la hora de valorar la solvencia económica de Marina Seca, a la que ha otorgado la mejor puntuación de las tres ofertas presentadas. La empresa de la hija de Díaz Ferrán ha obtenido la mayor ventaja, al ofrecer pagar al Govern balear un canon de 100.000 euros anuales. Una cifra muy superior al canon ofrecido por las otras dos empresas competidoras, que es de 38.900 y 36.500 euros, respectivamente.

Esta diferencia económica entre las tres ofertas debería llevar a descalificar la de Marina Seca por temeraria o «desproporcionada», ya que es un 276% superior a la media de las otros dos. Sin embargo, el Govern balear alega que este supuesto no estaba contemplado en las bases del concurso.

El plan de negocio presentado por la hija de Díaz Ferrán tiene truco: asegura que prevé obtener unos ingresos anuales de medio millón de euros, de los cuales 271.000 euros procederían de otros servicios de reparación de embarcaciones que presta en dos naves situadas en Ciutadella, a varios kilómetros del puerto.

Ciutadella
Una de las fincas en suelo rústico que la empresa de la hija de Díaz Ferrán usa para reparar y almacenar embarcaciones.

Se trata de construcciones situadas en dos fincas de suelo rústico (una de 18.447 y otra de 7.665 metros cuadrados), en las que está expresamente prohibida cualquier actividad industrial vinculada al sector náutico. Por lo tanto, la empresa de la hija de Díaz Ferrán estaría prestando estos servicios de forma ilegal, de acuerdo con la normativa urbanística.

Esto no ha impedido que el organismo de Puertos del Govern balear haya otorgado a Marina Seca Port de Ciutadella SL la mejor puntuación para hacerse con el negocio del varadero. El ex presidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán fue condenado en diciembre de 2013 por la Audiencia Nacional a dos años de prisión y una multa de 99 millones de euros por fraude a la Hacienda pública en la compra de Aerolíneas Argentinas. De nuevo, en 2015, fue condenado a otros cinco años y medio de cárcel y 1,2 millones de euros de multa por la quiebra fraudulenta del grupo Viajes Marsans.

Además de estos procedimientos, Gerardo Díaz Ferrán también fue condenado hace dos años a una pena de multa como autor de un delito de alteración de subastas y concursos públicos en el denominado caso Mar Blau, por participar en el amaño del concurso de los amarres del puerto de Mahón (Menorca).

El juez y la Fiscalía anticorrupción investiga ahora nuevas irregularidades en la concesión de amarres y contratos de Autoridad Portuaria de Baleares, el organismo público que gestiona los puertos de las islas dependientes del Ministerio de Transportes y Movilidad. Varios miembros del consejo de administración de Autoridad Portuaria se sientan, al mismo tiempo, en el consejo de Ports de les Illes Balears, que gestiona los puertos de competencia autonómica, como el de Ciutadella.

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