Una concejal de Bildu condenada a devolver junto a su familia 37 millones por un pelotazo urbanístico
Bildu defiende a la edil y, en declaraciones a OKDIARIO, argumenta que es un caso «judicializado» por decisiones empresariales «de las que ella es ajena» pese a ser copropietaria
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María José Peleteiro, líder de Bildu en el Ayuntamiento de Lejona (Vizcaya) ha sido condenada junto a su familia a devolver 37 millones de euros por un pelotazo urbanístico en Santiago de Compostela que la Justicia ha acabado declarando nulo, según una sentencia del Tribunal Supremo (TS) a la que ha tenido acceso OKDIARIO. El fallo dictado por el Alto Tribunal libera a la entidad Abanca –la antigua Caixa Galicia– de este fracaso urbanístico y responsabiliza directamente a la familia Peleteiro, que tendrá que responder económicamente por ello.
Según dicta la sentencia, la familia ocultó a la antigua entidad la realidad administrativo-urbanística en la que se encontraba el inmueble cuando se lo vendió en el año 2006. De hecho, el tribunal admite una de las alegaciones de Abanca en la que culpa a los Peleteiro de haber engañado a sabiendas a los compradores, prometiendo unas expectativas de recalificación urbanística que nunca llegaron a cumplirse y que se vieron enfangadas en un complejo enredo judicial de demandas, sentencias y recursos.
Eso hizo que Abanca acabara llevando a juicio a los vendedores, la edil de Bildu y el resto de sus familiares copropietarios. Según el escrito del Supremo, «dilataron durante años la determinación de usos y aprovechamientos de la finca, haciéndola inhábil para la finalidad de promoción inmobiliaria».
OKDIARIO se ha puesto en contacto con Bildu de Lejona para obtener la versión de María José Peleteiro. El partido ha rehusado facilitar declaraciones de su edil y ha respondido defendiéndola: «Éste es un asunto judicializado sobre el que no vamos a hacer declaraciones ni las va a hacer nuestra edil». «Se trata de un proceso judicial por decisiones empresariales de las que ella ha sido ajena, no ha sido parte en las decisiones del órgano de administración de la empresa y su participación se limita a ser heredera y tener parte en el patrimonio familiar», han indicado a OKDIARIO desde Bildu de Lejona.
Pese a que es copropietaria y beneficiada directamente por esa multimillonaria operación urbanística que ha tumbado la Justicia, desde Bildu indican, en defensa de su líder municipal, que María José Peleteiro «lleva 30 años fuera de Galicia, ejerciendo la medicina en el Departamento de Salud del Gobierno vasco».
Operación Peleteiro
En 2006, María José Peleteiro y el resto de familiares copropietarios vendieron en escritura pública a la entidad Altrabrava de Mar una céntrica finca de Santiago de Compostela, la que albergaba el colegio privado laico de élite situado en esta capital gallega y perteneciente a esa familia. Los dueños decidieron trasladar el colegio a las afueras y recalificar esa céntrica parcela de más de 5.000 metros cuadrados, para poder construir en ella un gigantesco centro comercial y complejo hotelero. La recalificación multiplicaba el valor del suelo. Pero nunca llegó a hacerse efectiva. La finca fue vendida con esa promesa y Abanca acabó pagando por un bien que nunca se revalorizó y que, encima, acabó enfangado en plena crisis inmobiliaria y financiera desatada en 2008.
Los Peleteiro vendieron la finca por un total de 54 millones de euros. A la firma de las escrituras de compraventa cobraron 30 millones de euros. El resto se debían abonar en 2009, cuando supuestamente ya estuviera completado el plan de recalificación. Pero, en ese ínterin, se truncaron los planes de recalificación. Hubo una demanda vecinal, el Tribunal Superior de Justicia de Galicia les dio la razón y se frenó el pelotazo urbanístico.
Para no dar por perdida la operación, los Peleteiro pactaron una suerte de prórroga con Abanca. Lo reflejaron en un acuerdo transaccional en el año 2010, para dar tiempo a que se resolviera el embrollo urbanístico-legal. A la firma de ese segundo acuerdo, Abanca pagó a los Peleteiro otros 7,2 millones de euros. Es decir, de esta forma ya habían hecho efectivos 37,2 de los 54 millones en que se había fijado inicialmente la compraventa.
Burbuja inmobiliaria
Pero el intento de ganar tiempo no sirvió, porque la recalificación se vio enfangada y en esas estalló la crisis financiera e inmobiliaria de 2008, que desnudó las debilidades de un buen número de cajas de ahorros españolas. En el caso de Caixa Galicia se fusionó con Caixanova dando lugar a Nova Caixa Galicia que, a su vez, se transformó en Abanca. Al explotar la burbuja inmobiliaria, la nueva entidad tuvo que articular fórmulas urgentes de saneamiento y transmitió activos inmobiliarios a la estatal Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb).
Entre los activos traspasados figuró la finca de los Peleteiro, por la que la Sareb pagó a Abanca 12,5 millones de euros. Acto seguido, el banco interpuso una demanda contra la familia Peleteiro. La entidad se consideró engañada por ellos y pidió la nulidad de todos los actos contractuales que habían firmado: tanto el primero de 2006, compraventa de la finca que albergaba el colegio, como el acuerdo transaccional de 2010.
Tras una larga batalla judicial, el caso llegó al Tribunal Supremo que hace meses dictó sentencia a favor de Abanca. En ella recoge el argumento de la entidad bancaria de que «los demandados (familia Peleteiro) han mantenido una actitud de engaño continuada en el tiempo cometida al ocultar la existencia de 5 procedimientos judiciales que afectaban directamente a la finca en aspectos esenciales de gran trascendencia como son la calificación del suelo, la edificabilidad, etc.». Asimismo, considera que «esta actitud que se inició en los tratos previos al contrato de compraventa de 2006 y se mantuvo hasta la firma del acuerdo transaccional en 2010 es claramente dolosa y determinante de nulidad».
Es decir, la entidad bancaria sentencia que, en tanto que nulo, debe deshacerse el pacto y que la situación vuelva al punto anterior a la compraventa: la líder municipal de Bildu en Lejona y su familia quedaron condenados a devolver 37,2 millones de euros a Abanca; que Abanca devuelva los 12,5 millones que cobró de la Sareb por ese mismo bien; y que el inmueble vuelva a manos de los Peleteiro.