Los Mossos avisaban a la ANC para sabotear los registros realizados por la Guardia Civil

Guardia Civil
GRS de la Guardia Civil en Cataluña

Los Mossos d’Esquadra mantuvieron a los independentistas de la ANC y Òmnium informados sobre las operaciones que estaba desarrollando la Guardia Civil, para que pudieran sabotear todos los registros que había ordenado el juez contra la organización del referéndum del 1-O.

Así se desprende del escrito de acusación que la Fiscalía ha presentado en el Tribunal Supremo, en el que pide penas de 25 años de cárcel para el ex presidente de la Generalitat Oriol junqueras y de 11 años de cárcel para el mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero, por su participación en el procés y le pide por ello una pena de 11 años de cárcel, acusados del delito de rebelión.

La Fiscalía recuerda que, en las jornadas previas al 1-O, Trapero ordenó a todas las unidades de los Mossos informar sobre los movimientos que desarrollaban la Guardia Civil y la Policía Nacional en Cataluña. Del mismo modo, menciona que Trapero informó a Carles Puigdemont y al entonces conseller de Interior Joaquim Form de las instrucciones que impartía el juez y el fiscal para impedir la celebración del referéndum ilegal.

Esto permitió a los independentistas adelantarse a los acontecimientos para lograr que las órdenes del juez no tuvieran ningún efecto. El escrito de acusación de la Fiscalía sugiere que los Mossos d’Esquadra actuaron como topos de los golpistas mucho antes del 1-O: recuerda que en los registros realizados el 20 de septiembre, cuando llegaban los agentes de la Guardia Civil ya se encontraban a una multitud convocada por la ANC para intentar impedir su labor.

Los ‘topos’ de la ANC en los Mossos

Esto no sólo ocurrió durante el registro de la Conselleria de Economía, donde la ANC reunió a más de 40.000 personas y mantuvo a la comisión judicial retenida durante más de 16 horas. Hasta el punto de que la secretaria judicial tuvo que abandonar el edificio por la azotea.

Lo mismo ocurrió cuando la Guardia Civil acudió a registrar las instalaciones de Unipost (desde donde se iban a enviar todas las notificaciones del referéndum), las empresas que imprimían la publicidad de la consulta ilegal o la nave en la que fue fueron intervenidas diez millones de papeletas.

En todos los casos, cuando llegaba la Guardia Civil ya se encontraba a una multitud convocada por la ANC, o esta aparecía al cabo de tan sólo unos minutos. Por ello, la Fiscalía sospecha que los Mossos d’Esquadra mantuvieron puntualmente informados a los radicales de la ANC y Òmnium sobre estos movimientos, para que sabotearan las operaciones ordenadas por el juez.

Hay que recordar que la ANC tiene una sectorial propia de afiliados en la Policía Autonómica, la asociación denominada Mossos per la Independencia y ahora rebautizada como Mossos per la República, cuyo portavoz es el agente Albert Donaire. A través de las redes sociales, Donaire califica habitualmente de «terroristas» a los miembros de la Policía Nacional y la Guardia Civil.

La Fiscalía destaca que, «pese a la mera apariencia de dar cumplimiento a las órdenes judiciales, el potencial de la administración policial catalana se puso al servicio de los organizadores del referéndum y de los particulares intervinientes en las movilizaciones, accediendo incluso a sus peticiones, todo lo cual supone, en realidad, una contribución efectiva a la celebración del propio referéndum secesionista ilegal, ofreciendo la adecuada cobertura de un cuerpo armado como es el de los Mossos d’Esquadra».

En su escrito de acusación, relata que «el dispositivo organizado por los Mossos d’Esquadra para dar aparente cumplimiento a las órdenes impartidas por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) se empleó, más bien, para controlar a las fuerzas de Seguridad del Estado. El acusado Josep Lluís Trapero Álvarez, con el inequívoco propósito de obstaculizar la labor profesional de la Guardia Civil y del Cuerpo Nacional de Policía, autorizó la realización de labores de seguimiento».

«Esta labor de control sobre la actuación de los cuerpos policiales del Estado», añade, «se desarrolló igualmente durante la jornada del 1 de octubre, obteniendo información sobre los lugares a los que éstos se dirigían para ponerlo en conocimiento de las personas concentradas en los colegios electorales, dificultando con ello el éxito de la actuación de esos cuerpos. Así, la población activada a favor del referéndum contaba con una amplia red de información que le proporcionaba margen de tiempo suficiente para, por ejemplo, cortar accesos a los centros de votación con tractores o concentrar a personas en el acceso al inmueble».

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