La Unión Europea evita sancionar a Turquía por la tensión en el Mediterráneo oriental

Las sanciones a Turquía por el conflicto y las tensiones que está levantando en el Mediterráneo oriental tendrán que esperar. Durante el verano pasado el país anatolio ha estado navegando por la Zonas de Exclusividad Económica de Grecia Chipre haciendo prospecciones y estudios para buscar bolsas de petróleo o gas natural que extraer.

Tanto Grecia como Chipre pusieron el grito en el cielo y, mientras el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, ignoraba sus acusaciones excusándose en que Libia le había cedido su espacio marítimo, la tensión ha terminado llegando a un punto insostenible.

La Comisión Europea había puesto el tema encima de la mesa para esta reunión extraordinaria y, aunque Chipre tenía esperanzas en que sancionaran al país turco, no ha sido posible. Las conversaciones sobre qué hacer con Turquía se aplazan y, desde la Comisión, abogan por un diálogo bilateral entre los países afectados. 

“Todas las diferencias deben resolverse mediante el diálogo pacífico y con arreglo al derecho internacional. El Consejo Europeo reitera su plena solidaridad con Grecia y Chipre, cuya soberanía y derechos soberanos deben respetarse”, ha emitido la Comisión en un comunicado de prensa esta noche.

De todas maneras, Ursula Von der Leyen ha advertido que si Erdogan continua con sus provocaciones “y elige una vía de las decisiones unilaterales que violen la legalidad internacional, la Unión Europea utilizará todas sus herramientas», advirtió severamente antes de zanjar el tema. «No es lo que queremos. Preferimos trabajar en una relación a largo plazo con Turquía», subrayó Von der Leyen.

Bielorrusia sí sufre sanciones, pero Lukashenko también se salva

Desde agosto todas las miradas están puestas en Bielorrusia, con la celebración de unas elecciones fraudulentas y la proclamación de Lukashenko como presidente de un país totalmente movilizado. Las protestas en las calles, las detenciones y las expulsiones arbitrarias están empezando a preocupar a la Unión Europea y a Rusia, que se ha trasladado en varias ocasiones al país para asesorar al Gobierno en el control de la situación.

Así es como los líderes de la Unión han acordado sancionar a Bielorrusia por reprimir a la oposición democrática. Aunque había consenso político para implantar estas sanciones, Chipre y Grecia exigían la misma determinación contra Turquía y amenazaban con bloquear sendos acuerdos (ya que las decisiones de política exterior de la UE requieren unanimidad).

Finalmente, tras unas nueve horas de negociación, el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, explicó en rueda de prensa que los Veintisiete encontraron una fórmula mixta que incluye sanciones contra «unas cuarenta personas» a las que la UE responsabiliza de la violencia en Bielorrusia. 

Pero, para sorpresa de muchos, no se sancionará al propio Lukashenko. Otros socios de la OTAN como Canadá y el Reino Unido sí que habían decretado la congelación de activos de Lukashenko esta semana, por lo que los Veintisiete han sentido una gran presión para conseguir la unanimidad y esquivar el veto.

El Cáucaso y Navalni también preocupan a los comisarios europeos

Los líderes también acordaron condenar el reciente envenenamiento del líder opositor ruso Alexéi Navalni, y le pidieron a Rusia «cooperar plenamente para garantizar una investigación imparcial internacional”.

«El uso de un arma militar, química, es incompatible con los principios de la dignidad y de la legislación internacional», resumió Michel, quien explicó que el asunto volverá a tratarse en el Consejo Europeo programado a mediados de este mes de octubre.

En cuanto a los combates entre las fuerzas azerbaiyanas y armenias en la zona en conflicto de Nagorno Karabaj, los comisarios europeos pidieron el «cese inmediato de hostilidades» y que las partes «retomen el diálogo político en el marco de la OSCE».

Estas peticiones están siendo ignoradas tanto por Armenia como por Azerbaiyán, que rechazan que la OSCE haya ayudado anteriormente en la resolución del conflicto. En referencia a las conversaciones de paz auspiciadas por el Grupo de Minsk tanto el presidente de Armenia, Nikol Pashinián, como el presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, se han mostrado muy críticos con la ineficiencia conseguida después de casi treinta años. 

“Nos alentaron y nos enviaron algunas señales: tengan paciencia y el problema se resolverá. Pero, yo les advertí que el pueblo azerbaiyano no tolerará la ocupación y que, si las negociaciones no dan resultado, Azerbaiyán arreglará el problema por la vía militar», señalaba ayer Aliyev.

Las reuniones de hoy viernes intentarán zanjar el tema del Brexit

En la jornada del viernes, los comisarios se centrarán en el mercado interior, la transformación digital y la política industrial en plena recuperación de la pandemia. La Unión tiene como objetivo dar más autonomía estratégica a cada Estado para poder actuar de manera independiente.

En paralelo, las conversaciones con Reino Unido concluirán este viernes su novena ronda de negociaciones para definir su futura relación a tres meses de que el Reino Unido suelte amarras con las instituciones europeas.

La sesión negociadora acaba después de que Bruselas abriera este jueves un proceso de infracción contra el Reino Unido, sujeto a la normativa europea durante el vigente período de transición, por no haber retirado antes de finales de septiembre el proyecto de ley que viola el acuerdo sobre la retirada británica de la UE.

La presidenta de la Comisión, Ursula Von der Leyen, anunció el procedimiento de infracción contra el Gobierno de Boris Johnson por no haber retirado antes de finales de septiembre un controvertido proyecto de ley sobre el mercado interno que contraviene el acuerdo de salida de este país del bloque comunitario.

“Necesitamos crear una red legal de seguridad a fin de proteger la integridad del mercado interno de Reino Unido, asegurar que los ministros puedan siempre cumplir con sus obligaciones en Irlanda del Norte y proteger las ganancias obtenidas en el proceso de paz», apuntaban fuentes del Gobierno británico.

Esa polémica legislación pasará ahora a la Cámara de los Lores, donde los conservadores no tienen mayoría. No obstante, si la Cámara Alta introdujera cambios, esos deberían ser refrendados por los Comunes. 

Pese a que Bruselas ya había advertido a Londres de que iniciaría acciones legales si no retiraban el proyecto de ley antes de finales del pasado mes, Boris Johnson continuó adelante con la tramitación.