La UE acuerda implantar el ‘modelo Meloni’ de expulsión de inmigrantes con la oposición de España

Los países de la Unión Europea (UE) han dado un paso decisivo hacia la puesta en marcha de una política migratoria más rigurosa, basada en el llamado modelo Meloni, que busca agilizar los procesos de expulsión de inmigrantes irregulares y establecer mecanismos de control fronterizo más efectivos. El Gobierno de España se ha opuesto a esta nueva normativa de expulsión con la que la UE abre la puerta a centros de deportación de inmigrantes fuera de sus fronteras.

La decisión, adoptada por una mayoría cualificada en el Consejo de la UE, representa un cambio significativo en las llegadas masivas de inmigrantes, dando prioridad a la seguridad y la cooperación internacional sobre enfoques más humanitarios del pasado.

El núcleo de esta reforma radica en la creación de «centros de retorno» ubicados fuera del territorio europeo. Estos espacios, diseñados para albergar a solicitantes de asilo mientras se resuelven sus casos, permitirían retener a los migrantes durante periodos más prolongados —hasta 12 semanas— antes de su deportación efectiva.

Menos inmigrantes en países de la UE

La idea, promovida inicialmente por el gobierno italiano liderado por Giorgia Meloni, ha ido ganando terreno en medio del auge de formaciones de derecha en varios Estados miembros. Meloni, cuya administración ha negociado acuerdos con países como Túnez y Libia para externalizar la gestión de flujos migratorios, defiende que este modelo reduce las entradas irregulares y alivia la carga sobre las fronteras del sur de Europa. «Es hora de que Europa actúe con determinación, no con ingenuidad», declaró recientemente la primera ministra italiana, subrayando cómo su estrategia ha disminuido en un 60% las llegadas por mar en los últimos dos años.

Italia no está sola en esta apuesta. Países como Hungría, Polonia y Países Bajos han respaldado con entusiasmo la propuesta, argumentando que las políticas previas, basadas en el Pacto de Migración y Asilo de 2020, han sido ineficaces ante el aumento de solicitudes —más de 1,1 millones en 2024, según datos de la Comisión Europea—. Estos gobiernos ven en los centros externos una forma de disuadir a las mafias de tráfico humano y de redistribuir responsabilidades entre los estados, evitando que naciones como Grecia o España soporten solas el peso de las rutas mediterráneas.

Además, la reforma incluye un endurecimiento en las devoluciones rápidas en fronteras, con listas comunes de países «seguros» para agilizar expulsiones, y un mayor uso de tecnología como drones y sistemas biométricos para patrullas marítimas.

España, bajo la presidencia de Pedro Sánchez, se ha posicionado en contra, criticando el giro hacia medidas «represivas» que, a su juicio, vulneran los derechos humanos y el espíritu solidario de la UE. La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha advertido de que este enfoque podría generar «guetos flotantes» en aguas internacionales, «exacerbando vulnerabilidades para mujeres y menores no acompañados».

Madrid defiende un modelo mixto que combine control con vías legales de inmigración, recordando su experiencia en las Islas Canarias, donde miles de pateras han llegado en los últimos meses. Organizaciones como Amnistía Internacional y Human Rights Watch han sumado sus voces, alertando sobre riesgos de detenciones arbitrarias y devoluciones en caliente que contravengan la Convención de Ginebra.

Desde la crisis de 2015, con más de un millón de refugiados sirios, la UE ha oscilado entre divisiones internas y pactos fallidos. El actual impulso responde al fortalecimiento electoral de la derecha más dura —evidente en las elecciones europeas de junio de 2024, donde obtuvieron un 25% de escaños— y a presiones de líderes como Marine Le Pen en Francia o el partido AfD en Alemania.

La Comisión Europea, presidida por Ursula von der Leyen, ha mediado para lograr el consenso, aunque con concesiones como fondos adicionales para integración en países receptores.

Si se aprueba definitivamente en el Parlamento Europeo —previsto para el primer trimestre de 2026—, esta política podría transformar el mapa migratorio del continente, fomentando acuerdos bilaterales con naciones africanas y del Magreb. No obstante, expertos temen un aumento de tensiones diplomáticas y litigios judiciales, ya que el Tribunal de Justicia de la UE podría cuestionar su compatibilidad con el derecho comunitario.