El jefe de las FARC Timochenko llega a Bogotá mientras Santos prevé aprobar el acuerdo por decreto

Colombia no sale de su asombro ante el curso que están tomando los acontecimientos que rodean el nuevo acuerdo alcanzado entre el Gobierno de Juan Manuel santos y los anrcoterroristas de las FARC. Mientras este lunes el ex ministro de Justicia Yesid Reyes presentaba un documento ante la Corte Constitucional para que se le permita al jefe del Estado la refrendación del pacto con las autodenominadas Fuerzas Armadas Revolucionaras de Colombia (FARC) vía decreto, en una especie de ley habilitante a la venezolana, el líder de los asesinos, Rodrigo Londoño Echeverri, alias Timochenko, se ha permitido presentarse en la capital para ultimar el pacto.

«El Secretariado Nacional de las FARC ya está en Bogotá para reuniones sobre la implementación del acuerdo definitivo», ha sido el anuncio del medio de comunicación de los terroristas, Nueva Colombia, medio de comunicación de la guerrilla, a través de Twitter.

#NCAhora | #ULTIMOMINUTO: Secretariado de @FARC_EPueblo ya está en Bogotá para firma de #AcuerdoDefinitivo pic.twitter.com/inzw5Sv8bk

— Nueva Col. Noticias (@NCprensa) November 21, 2016

Los negociadores de los terroristas, encabezados por su líder Timochenko han llegado a la capital del país rodeados de enormes medidas de seguridad y han sido trasladados a un lugar que no se ha hecho público, en el inicio de la aplicación de los acuerdos, que les aseguraban un especial trato e, incluso, una guardia personal.

La llegada del secretariado de las FARC busca terminar de impulsar el último de los flecos que le quedan a la negociación, el modo de refrendación del acuerdo. Y éste parece que será el decreto. Ni plebiscito ni debate en el Parlamento, el mínimo que reclamaban los portavoces del NO, encabezados por los ex presidentes colombianos Álvaro Uribe y Andrés Pastrana.

En todo caso, el acuerdo deberá pasar el filtro del Congreso, si bien la fórmula del decreto reducirá al mínimo las sesiones de debate. Pero resulta chocante que el primer acuerdo, producto de seis años de negociaciones –los dos primeros secretos y negados hasta la saciedad por el presidente Santos– fuera llevado con pompa y oropeles a una firma solemne en Cartagena de Indias ante la flor y nata de la comunidad internacional y una semana después se tratara de refrendar en plebiscito, y que para este nuevo pacto, cerrado en menos de un mes y medio, haya tantas prisas por sellarlo a escondidas del debate público.

El pasado 2 de octubre, los colombianos rechazaron en las urnas y contra todo pronóstico –sobre todo, porque la campaña del NO fue silenciada por los medios privados y no se le dio cobertura en los púbicos– el acuerdo inicial. Éste preveía una serie de ventajas para los narcoterroristas consistentes en la impunidad efectiva para todos los que confesaran sus actos, la inexistente reparación a las víctimas por los crímenes –más de 220.000 muertos, cuatro millones de desplazados y al menos 45.000 desaparecidos–, la elegibilidad política para el partido que naciera del fin de la actividad terrorista y ayudas económicas para los desmovilizados muy desequilibradas respecto a la media de ingresos de los colombianos.

Según los negociadores del Gobierno, todos estos puntos –causantes del rechazo electoral al acuerdo– han sido subsanados en el nuevo texto, salvo el de la entrada de los narcoguerrilleros en las instituciones políticas. Y así, antes de salir hacia Bogotá, Timochenko se ha permitido el lujo de criticar a los representantes legítimos de los colombianos que «siguen oponiéndose».

«Es antidemocrático y dictatorial»

Ahora, el partido de Álvaro Uribe, el Centro Democrático (CD), denuncia no ya sólo que el nuevo acuerdo no termina de satisfacer sus demandas, sino y sobre todo, el oscurantismo con el que se quiere cerrar el proceso. «Quieren cerrarlo en falso», afirman fuentes del CD, «es antidemocrático y dictatorial, si Santos quiere aprobar el acuerdo por la puerta de atrás es que no se diferencia tanto de Nicolás Maduro», el dictador venezolano y uno de los auspiciadores de las conversaciones con las FARC.

El documento presentado este lunes en la Corte Constitucional por Yesid Reyes, que ahora ejerce de asesor del Gobierno, pretende que se dé por válida la figura del ‘fast track’ en el Congreso para la dar paso al acuerdo con las FARC. El texto manifiesta que se debe eliminar el proceso de refrendación.

Esta figura del ‘fast track’ prevé una reducción en el número de los debates en el Congreso para avalar el acto legislativo de aprobación del texto. El decreto entraría en vigor de manera automática y se reducirían de ocho a cuatro los debates para dar curso legal al acuerdo y acelerar el borrado legislativo de más de 52 años de extorsiones, secuestros, asesinatos y violaciones.