El Gobierno de Trump continúa separando familias en la frontera

La ruptura entre familias continúa llevándose a cabo y la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) ha presentado una moción por los más de 900 niños que el Gobierno de Trump ha apartado de sus padres, según ha comunicado este martes a través de su cuenta de Twitter. Ha pasado más de un año desde que la política migratoria de “tolerancia cero” implantada por Donald Trump se diera de bruces contra la realidad administrativa y un juez federal ordenase su bloqueo.

Como consecuencia, ya no serían procesados todos los inmigrantes no registrados que cruzasen la frontera ni serían separados de sus hijos, sino sólo en aquellos casos especiales en los que la seguridad del niño peligrase por antecedentes de delitos mayores en los progenitores.

La cifra asciende a 911 niños que han sido separados desde que se bloqueara esta medida radical en junio de 2018, de los que más de la mitad (481) son menores de 10 años y 185 no tienen más de 5 años. Asimismo, el promedio de días que han permanecido en refugios ha sido 68, aunque algunos de ellos han llegado a cumplir los 300 días. Por otra parte, se han dado a conocer casos que ilustran las exigencias emitidas por la ACLU como el de un migrante al que le arrebataron a su hija cuando un agente de la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos aseguró que no le cambiaba el pañal. En otra ocasión, sucedió lo propio con un padre que sufría dificultades para hablar y no pudo responder con claridad a las preguntas formuladas por los agentes de Aduanas.

Bajo este marco de los acontecimientos y ante la realidad de que el Gobierno no ha acatado el bloqueo que se emitió, ACLU ha llevado el documento a la Corte del distrito sur de California. Se plantea que los agentes federales de inmigración están dividiendo familias bajo criterios insuficientes y basados en delitos menores que no deberían considerarse factores de riesgo. «Están tomando lo que se suponía que era una excepción estrecha para los casos en que el padre era realmente un peligro para el niño y lo utilizan como una escapatoria para continuar la separación familiar», sentenciaba Lee Gelernt, abogado de la organización.

La situación de los menores inmigrantes continúa siendo uno de los puntos más polémicos de la administración del presidente y se ha convertido en un amplio foco de críticas al respecto. «Este tema ha llegado a una coyuntura crítica. Cientos de niños, algunos literalmente solo bebés, están siendo irreparablemente dañados porque sus padres pueden haber cometido un delito menor en el pasado, incluso un delito de tránsito», apunta el texto según Efe.

El secretario interino de Seguridad Nacional, Kevin McAleenan mantuvo que este tipo de separaciones son “extraordinariamente raras”, según las declaraciones recogidas por The Washington Post. Pese a ello, la ACLU denuncia que esta práctica se está realizando por presuntas ofensas menores que no justifican la división, como violaciones de tráfico. «El Gobierno está separando sistemáticamente un gran número de familias basado en antecedentes penales menores (de los padres), en acusaciones altamente dudosas de incapacidad y errores en la identificación de relaciones de buena fe entre padres e hijos», aseveraban.

Medida controvertida

El término de “tolerancia cero” inicialmente se asociaba con acciones violentas y políticas policiales duras, pero adquirió un significado totalmente nuevo bajo la mano de Donald Trump y las infracciones fronterizas alcanzaron el grado de delitos federales, por lo que los indocumentados se enfrentaban directamente a procesos penales. Así pues, los menores que llegaban junto a sus padres fueron considerados como no acompañados y pasaron a ser custodiados por el Departamento de Salud y Servicios Sociales de Estados Unidos, según la información comunicada por la BBC.

Sin embargo, el primer cruce ilegal de la frontera estadounidense se consideraba bajo anteriores gobiernos como una infracción administrativa, pero una de las bases electorales del actual presidente era la de reaccionar a la inmigración no registrada con “mano dura”, lo que se materializó en esta nueva norma fronteriza.

Esto generó una gran controversia y la presión hizo que Donald Trump revocase dichas acciones, por lo que aseguró que «no me gustaba la imagen de ver a familias siendo separadas». En esta línea, en junio de 2018 firmó una orden ejecutiva que bloqueaba esta práctica y, en apariencia, se frenaban los casos que tanta polémica habían generado para evitar que el futuro trajese consigo otros similares. Sin embargo, las afirmaciones de ACLU han evidenciado que no ha sido así.