Familiares de fallecidos por coronavirus en Italia acuden a Europa para que supervise las investigaciones

Familiares de las víctimas mortales por el coronavirus en Italia han pedido a diferentes autoridades europeas que supervisen las investigaciones penales en el país por una supuesta negligencia en el manejo de la pandemia. El grupo ‘Noi Denunceremo’ (‘Denunciaremos’) ha enviado este lunes una carta a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y al presidente de Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Robert Ragnar Spano, para pedir que se investigue lo sucedido.

«Como familiares de las víctimas, instamos a supervisar las investigaciones en curso de la pandemia del coronavirus en Italia», ha afirmado el grupo en la misiva, en la que han pedido a las instituciones que mantengan una «mirada atenta» sobre la posible violación de artículos de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. «‘Noi Denunceremo’ tiene su base en Bérgamo, la provincia más afectada por el virus, pero está recogiendo pruebas de posible negligencia e incompetencia de toda Italia», ha apuntado el grupo.

El mes pasado, el grupo presentó 50 denuncias individuales en la oficina del fiscal de Bérgamo y tenía previsto presentar otras 100 este mismo lunes.

En las quejas presentadas en junio, culparon a las autoridades de no haber cerrado las ciudades de Alzano Lombardo y Nembro por el coronavirus, dos de las localidades que presentaron los primeros contagios cerca de Bérgamo.

Italia ha confirmado este domingo más de 200 nuevos contagios en el país, una subida respecto al sábado y un retorno a la tónica semanal, a la que se suman otro repunte: el de fallecidos, con nueve en las últimas horas. El número total de casos en el país ha aumentado así a 243.061, mientras que los fallecidos se cuentan por 34.954.

3.000 sanitarios fallecidos en el mundo

Amnistía Internacional denuncia, en un nuevo informe hecho público este lunes, que más de 3.000 trabajadores de la salud han muerto por COVID-19 en todo el mundo, una cifra que creen «significativamente subestimada», ya que «no existe actualmente ningún seguimiento sistemático global del número de trabajadores y trabajadoras de la salud y esenciales que han fallecido tras contraer la COVID- 19».

El informe, que analiza cómo el personal socio-sanitario en todo el mundo ha sufrido inseguridad en el trabajo, represalias y represión, violencia y estigma durante la pandemia. Señala también a los países con el mayor número de muertes de trabajadores de la salud hasta el momento: EE.UU.(507), Rusia (545), el Reino Unido (540, incluidos 262 trabajadores de asistencia social), Brasil (351), México (248), Italia (188), Egipto (111), Irán (91), Ecuador (82) y España (63).

Teniendo en cuenta que solo ha analizado las cifras de 79 países del mundo, afirma que «es probable que esta cifra sea significativamente superior, al no comunicarse todos los casos, y además es difícil hacer comparaciones exactas entre países por las diferencias en la forma de contabilizarlos». Por ejemplo, Francia ha recogido datos únicamente de algunos hospitales y centros de salud, mientras que las cifras de profesionales de la salud fallecidos que han facilitado las asociaciones de sanitarios en Egipto y Rusia han sido cuestionadas por sus gobiernos.

«Los gobiernos deben rendir cuentas por las muertes del personal sanitario y de los trabajadores y trabajadoras esenciales a los que no protegieron de la COVID-19», señalan en un informe donde califican de «alarmante» que Amnistía Internacional haya documentado casos, además, en los que profesionales de la salud que denunciaron problemas de seguridad, en el contexto de la respuesta a la COVID-19 sufrieron represalias, desde el arresto y la detención hasta amenazas y despidos.

«Cuando la pandemia de COVID-19 aún se está acelerando en el mundo, instamos a los gobiernos a que empiecen a tomarse en serio las vidas del personal sanitario y de los trabajadores y trabajadoras esenciales. Los países que aún no han vivido lo peor de la pandemia no deben repetir los errores de gobiernos cuya falta de medidas para proteger los derechos de los trabajadores y trabajadoras ha tenido consecuencias desastrosas», ha afirmado Sanhita Ambast, investigadora y asesora sobre derechos económicos, sociales y culturales de Amnistía Internacional.