Ultimátum de Sánchez a las grandes empresas: les da 4 años para que el 40% de sus consejeros sea mujer

En plena desaceleración económica, Pedro Sánchez sigue pensando en incrementar los requisitos y los costes de las empresas. El socialista, no sólo pretende aplicar a las compañías una fuerte subida de impuestos, además, prevé plantearles un ultimátum para elevar el número de mujeres directivas de forma obligatoria.

El PSOE planteará que en cuatro años y de forma progresiva se establezca la obligación de que los Consejos de Administración de las sociedades cumplan con el principio de diversidad y presencia equilibrada previsto en la Ley 3/2007. En esa normativa figura la exigencia de que, al menos el 40% de los consejeros de las compañías deben ser mujeres. Esa ley es la misma que exige la aplicación de los famosos planes de igualdad de las empresas y otras medidas de promoción de la igualdad.

Los socialistas reclamarán la presentación de unos planes de igualdad “de trato y de oportunidades en el ámbito laboral y, con esta finalidad, deberán adoptar medidas dirigidas a evitar cualquier tipo de discriminación laboral entre mujeres y hombres, medidas que deberán negociar, y en su caso acordar, con los representantes legales de los trabajadores en la forma que se determine en la legislación laboral”.

Además, exigen que “en el caso de las empresas de cincuenta o más trabajadores, las medidas de igualdad a que se refiere el apartado anterior deberán dirigirse a la elaboración y aplicación de un plan de igualdad, con el alcance y contenido establecidos en este capítulo, que deberá ser, además, objeto de negociación en la forma que se determine en la legislación laboral”.

Los planes de igualdad deben fijar objetivos concretos de igualdad, las estrategias y prácticas a adoptar para su consecución, así como el establecimiento de sistemas eficaces de seguimiento y evaluación de los objetivos fijados. Todo ello, además, bajo seguimiento y control de los sindicatos.

Esos planes afectan a los procesos de selección y contratación, la clasificación profesional, las políticas de formación o la promoción profesional, así como a las condiciones de trabajo, incluida la auditoría salarial entre mujeres y hombres. También afectan a los ejercicio corresponsable de los derechos de la vida personal, familiar y laboral, la infrarrepresentación femenina, las retribuciones y, por último, a la prevención del acoso sexual y por razón de sexo.

Pero, además de todo ello, la ley del 2007 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, aprobada por el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, exigía que los Consejos de Administración de las grandes compañías fueran paritarios –que al menos uno de los géneros tuviera el 40% de los cargos–. Un punto de la legislación que ahora pasará a tener un ultimátum temporal encima de la mesa.