El TSJC inhabilita un año a la consejera Serret por desobediencia en la organización del 1-O

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha condenado a un año de inhabilitación a la consellera de Acción Exterior y Unión Europea de la Generalitat, Meritxell Serret, por presunta desobediencia en la organización y la celebración del referéndum del 1-O en 2017, cuando encabezaba la Conselleria de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación. También le impone una multa de 12.000 euros.

Serret, que fue juzgada el 29 de marzo, y en el juicio reclamó su absolución, declaró que actuó obedeciendo el «mandato democrático» de la mayoría independentista del Parlament favorable al 1-O, y sostuvo que el referéndum no fue un delito.

La ex consejera, que durante estos años ha ejercido como delegada del Govern en Bélgica, fue procesada finalmente sólo por los delitos de malversación de caudales públicos y desobediencia. Pese a la condena por parte del Tribunal Supremo, Meritxell Serret, ha dado a entender este miércoles que no piensa por ahora abandonar su cargo, sino que presentará recurso contra su condena y seguirá «confrontando» con el Estado y el sistema judicial español.

Tras la sentencia del 14 de octubre de 2019, el juez Pablo Llarena, no dictó contra ella Orden Europea de Detención. Sin embargo, por su llegada a cualquier aeropuerto español, debía ser detenida y puesta a disposición del Tribunal Supremo que le acusa de un delito de rebeldía.

Reacciones

El líder de ERC, Oriol Junqueras, no ha tardado en reaccionar a la sentencia y la ha calificado de «profundamente injusta», ya que «votar no es un delito y el referéndum del 1 de octubre no fue un delito».

En declaraciones a los medios en la sede de ERC, Junqueras ha «reiterado» que «el 1 de octubre no fue un delito, votar no es un delito, hacer un referéndum no es un delito, defender la independencia no es un delito». Además, ha añadido que se siente «profundamente orgulloso».

«Cualquier condena es una condena profundamente injusta, porque es contra todos, contra los derechos de la ciudadanía de Cataluña, contra nuestros derechos de manifestación, reunión, expresión o voto. Y es un ataque contra el derecho de la sociedad a decidir su futuro votando», ha afirmado.

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha tildado de «injusta» la condena a un año de inhabilitación a la consellera de Acción Exterior, Meritxell Serret: «Cada condena y cada inhabilitación busca condenarnos e inhabilitarnos a todos. No pararán nunca».

Delitos

Desde enero de 2016 y durante los meses previos al referéndum, Serret encabezaba el departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, desde donde la Fiscalía cree que intervino para garantizar la votación secesionista. Tras el 1-O, Serret se fue a vivir a Bélgica como hicieron otros consellers del Govern que presidía Carles Puigdemont e incluso fue designada como responsable de la Generalitat en Bruselas.

Pese a que no quiso responder a ninguna de las partes, Meritxell Serret pidió hacer una declaración que el tribunal. La consellera testificó que en esa época, como miembro de la Generalitat de Puigdemont «ponderó» el equilibrio entre el cumplimiento de los requerimientos del Tribunal Constitucional y el «mandato democrático» de la mayoría independentista del Parlament.

Además, indicó que considera la autodeterminación como un derecho político de Cataluña y como una ideología que debe defenderse democráticamente. También recordó que organizar un referéndum ilegal no es un delito penal ya que «no vulnera derechos de nadie» y que el derecho internacional ampara la autodeterminación dentro de la libertad de expresión y de opinión.

Hace dos años, en marzo de 2021 Serret se personó en el Tribunal Supremo ante el juez Pablo Llarena quien la procesó únicamente por desobediencia. En octubre pasado, con la salida del Govern de JxCat, el presidente Pere Aragonès la nombró consejera de Acción Exterior, aunque entonces ya tenía pendiente un juicio ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, el órgano judicial competente ya que es aforada, por no acatar la resolución del Constitucional en 2017 y permitir la votación.

La Fiscalía la acusa de colaborar en los preparativos del 1-O junto con los otros consellers del Govern desde junio de 2017. En septiembre de ese año el fiscal mantiene que «la totalidad de los integrantes del Govern, presidente, vicepresidente y 12 consellers, desatendiendo nuevamente los requerimientos del Tribunal Constitucional y con pleno conocimiento de la ilegalidad de la iniciativa, firmaron el decreto de convocatoria del referéndum».