«Clarísimamente ha habido un delito de rebelión». La frase lleva la firma nada menos que de Pedro Sánchez, y la dijo el 17 de mayo de 2018 cuando entendía que el golpe del 1-O había sido un asalto institucional en toda regla y que entraba «clarísimamente» no ya en el delito de sedición sino en el de rebelión que consiste «en la ocupación de vías y espacios públicos con uso de violencia de un un colectivo tumultuario que pretenda la derogación de la Constitución». Cuatro años después, apremiado por sus pactos con el golpismo, Sánchez ha perpetrado su traición derogando el delito de sedición para que los golpistas fugados Carles Puidgdemont y Marta Rovira pueden regresar a España.
Por aquel entonces, a las puertas del juicio al procés, el Gobierno defendía razonamientos jurídicos para explicar que no hubo rebelión en el golpe catalán, cuando meses antes defendía lo contrario. «Si no hay altercados públicos lógicamente eso no quiere decir que no puede haber un delito de rebelión como sí se produjo», aseguraba y añadía que «lo ocurrido el siete de septiembre en el parlamento de Cataluña se puede entender como un delito de rebelión». «Lógicamente que es rebelión», afirmaba contundente en Espejo Público.