El Tribunal Constitucional, dicen, seguirá siendo del PP

Según relata un magistrado de este Tribunal, de los que aún tienen mandato para largo, no se entiende que el Partido Popular esté bloqueando la renovación del Constitucional que tendría que haberse hecho efectiva el pasado 6 de noviembre. Su opinión es que un acuerdo entre Pedro Sánchez y Pablo Casado para repartirse los cuatro puestos que deben removerse, dejaría al PP con mayoría en la institución. Ahora mismo, lo que se sabe es que cuatro miembros de la casa, el presidente, Juan José González Rivas; la vicepresidenta, Encarnación Roca; Andrés Ollero y Fernando Valdés tendrían que haberse despojado ya de esa toga, pero eso ni parece que vaya a suceder inmediatamente, ni tampoco existen aparentes visos de consenso entre los grandes partidos del país.

En agosto, el actual presidente, ya con mandato aplazado, González Rivas, pidió formalmente al Congreso de los Diputados (a esta Cámara le corresponde el cuarto de sustitución) que diera cuenta de la vigésima renovación que tiene que cumplimentarse necesariamente en el Tribunal. Nadie le hizo el menor caso porque el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, convocó a rebato electoral y no existían condiciones para proceder a la designación de cuatro nuevos magistrados. Y así seguimos.

Parece, sólo parece, sin embargo que puede haber existido ya algún contacto entre el PSOE y el PP para este menester pero, por ahora, cualquier negociación está paralizada, entre otras cosas porque en el partido de Casado se ha producido un relevo en la dirección de Justicia que antes ostentaba el ex ministro Rafael Catalá, y que ahora dirige Enrique López que, por cierto, estuvo durante muy breve tiempo en el propio Constitucional.

Pero lo que afirma el magistrado infrascrito es que un pacto para una nueva composición seguiría dejando al PP en mayoría. Ahora mismo, y tras los últimos cambios que datan de 2017, siete integrantes del TC fueron “cooptados” por el PP y cinco por el PSOE. Si, como adelanta este juez, se cerrara un acuerdo por el que el partido del Gobierno consiguiera dos puestos en el Pleno y otros dos los lograra el PP, esta formación se aseguraría la misma suma que posee ahora: siete, mientras que el PSOE se quedaría igual, en cinco. Pero si los negociadores de Sánchez no transigieran con este reparto y exigieran tres puestos, la ecuación continuaría igualmente siendo favorable al PP: seis contra seis. ¿Por qué favorable? Porque en ese caso la Presidencia de la institución recaería en Santiago Martínez Varas, apoyado en su elección y en su momento por el PP de Mariano Rajoy.

Si la distribución fuera del dos a dos mencionado, el presidente sería, con toda seguridad, el catedrático Pedro García Trevijano, también patrocinado por los populares. Hay que tener en cuenta que, en caso de empate, el presidente del TC tiene la posibilidad de ejercer el llamado “voto de calidad”, un voto que se ha producido en contadas, pero muy importantes ocasiones, por ejemplo en la nacionalización de Rumasa que dejó ‘tocado’ para siempre a Manuel García Pelayo.

Estas son las cuentas a las que se refiere el magistrado, ahora bien: ¿tal y como es la vigente composición del Congreso de los Diputados, PSOE y PP podrían suscribir un acuerdo marginando por un lado a Podemos y los independentistas y por otro a Vox? Podrían intentarlo pero el escándalo que montarían los perjudicados sería monumental.

El Constitucional es en los momentos actuales de la historia de España un fielato en el que se estrellan por lo común las aspiraciones de los secesionistas. Hasta hoy y con la actual estructura del TC, todas -escribo todas- las exigencias de los independentistas, algunos condenados además por sedición, han sido rechazadas por la institución, por lo que los socios de Sánchez, que han logrado mil regalías, van a presionar para colocar a personas afectas a su causa. Esto no propicia precisamente, la cuenta y razón que formula nuestro magistrado, el cual sigue insistiendo, finalmente, en que un bloqueo sostenido sine die del TC es directamente inconstitucional.