La sucesora de García Ortiz reivindica la imparcialidad de la Fiscalía: «Se presenta nuestra actuación con simplificaciones»

La fiscal general del Estado, Teresa Peramato, ha reivindicado este año, en el acto solemne de apertura del año judicial, la imparcialidad del Ministerio Fiscal frente a lo que ha calificado de «descalificación sistemática».

En su discurso, pronunciado ante el Rey Felipe VI y la presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Peramato ha defendido que la actuación de los fiscales se presenta en ocasiones «mediante simplificaciones incompatibles con la complejidad jurídica de los asuntos» que gestionan.

El acto, celebrado en la sede del Tribunal Supremo, en Madrid, ha reunido a las principales autoridades judiciales, civiles y militares del país. La Fiscal General ha comparecido con la responsabilidad de presentar la Memoria anual de la institución, correspondiente al ejercicio 2025.

La Fiscal General ha subrayado que «transparencia y crítica legítima no pueden confundirse con la descalificación sistemática, ni con la proyección sobre la institución de una imagen que no se corresponde con la realidad». Ha lamentado que «se cuestionan duramente decisiones procesales concretas sin atender a los fundamentos legales que las sustentan».

Ha insistido en que los miembros de la carrera fiscal son «mujeres y hombres altamente cualificados que acceden a la carrera tras superar uno de los procesos selectivos más exigentes de la Administración pública». Y ha remarcado que «todos y todas pertenecemos a una institución única que actúa de forma imparcial en los procedimientos, con sujeción exclusivamente a la Ley».

«Se distingue entre buenos y malos fiscales según que la posición procesal que adopten convenga a unos o a otros», ha lanzado.

El discurso ha llegado en un contexto de fuerte escrutinio público sobre la Fiscalía General del Estado. El Tribunal Supremo declaró en noviembre de 2025 al entonces fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, culpable de un delito de revelación de secretos, imponiéndole una inhabilitación de dos años para ejercer el cargo, 7.200 euros de multa y 10.000 euros de indemnización a Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso.

Tras conocerse el fallo, García Ortiz solicitó su cese formal al Gobierno el 24 de noviembre, que se hizo efectivo el 10 de diciembre, fechas en las que tomó posesión su sucesora. La actual fiscal general ha asumido así el cargo en un momento de especial exposición mediática para la institución que dirige.

Sin citar en ningún momento a su antecesor ni la sentencia que lo inhabilitó, Peramato ha defendido un compromiso que ha descrito como indiscutible con la legalidad y la imparcialidad de la carrera fiscal.

Ha subrayado que la labor cotidiana de los fiscales transcurre «lejos de los focos mediáticos» y que su trabajo se desarrolla «con discreción, con rigor y con una lealtad total y absoluta a los valores constitucionales que fundamentan nuestra convivencia democrática».

Lucha anticorrupción

Más allá de la defensa institucional, la fiscal general ha repasado los principales datos de la Memoria de 2025. Durante ese año se incoaron 1.770.201 diligencias previas, un 4,9% más que en 2024, cuando se registraron 1.687.743.

Ha destacado también la actividad del Ministerio Fiscal en la lucha contra la corrupción. Mirando al fiscal responsable, Alejando Luzón, Peramato ha calificado de «una de las prioridades estratégicas de la Fiscalía española». Ha explicado que esta labor se articula a través de las fiscalías territoriales, las unidades especializadas y la Fiscalía Europea, junto con la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada.

La Fiscal General ha aprovechado también su intervención para reclamar avances legislativos pendientes. Ha expresado su apuesta, coincidente con la del PSOE, de quitar a los jueces las investigaciones penales: «El firme respaldo del Ministerio Fiscal a la atribución a la Fiscalía de la dirección de la investigación penal» recogida en el Proyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal, actualmente en tramitación parlamentaria.

Ha reclamado, además, mayor autonomía para la institución que dirige, al recordar que «el Ministerio Fiscal es el único órgano con relevancia constitucional que carece de ella». Ha pedido específicamente autonomía organizativa, reglamentaria, formativa y presupuestaria.

La condena a García Ortiz supuso un hito sin precedentes en la historia reciente de la institución. Fue, según ha recordado la propia carrera judicial, la primera vez que un fiscal general en ejercicio era condenado e inhabilitado desde la restauración de la democracia.

El caso tuvo su origen en marzo de 2024, cuando la Fiscalía General del Estado difundió una nota de prensa con extractos de un correo electrónico del abogado de González Amador, ligado a la presidenta de la Comunidad de Madrid. La instrucción del caso, seguida ante el Tribunal Supremo por el aforamiento del cargo, se prolongó durante más de un año hasta la sentencia final.

Frente a este trasfondo, la actual fiscal general ha optado por un discurso centrado en la reivindicación colectiva de la carrera fiscal, sin entrar en el caso concreto de su predecesor. Ha convocado a «todos los y las fiscales de España a asumir también esta responsabilidad compartida» de defender la imagen de la institución.

La fiscal general ha cerrado su intervención con una cita del expresidente Manuel Azaña, para quien «la libertad no hace felices a los hombres; los hace, sencillamente, hombres». Con esa evocación literaria, la máxima responsable del Ministerio Fiscal ha querido situar a la institución, todavía convaleciente del golpe reputacional sufrido meses atrás, en el terreno de los principios y no en el de la controversia que aún la persigue.