Los separatistas identifican a la familia de Canet para fomentar su linchamiento

El separatismo no cesa en su acoso a la familia de Canet de Mar (Barcelona) que ha logrado que la Justicia reconozca el derecho de su hijo de cinco años a recibir el 25% de sus horas de clase en español. Tras varios días de hostigamiento por las redes sociales, los independentistas han hecho pública la identidad del padre, J., y algunos datos, como que fue candidato en las listas municipales de Ciudadanos.

La familia sufre desde hace días el hostigamiento de los radicales y de otros padres del centro escolar, que han llamado incluso a aislar al pequeño en el colegio y apedrear su casa. Ante este acoso, la familia se vio obligada a pedir protección a la Justicia para reclamar que se preservase su identidad. En un escrito, remitido al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), los demandantes describían la campaña de acoso revelando la existencia de «un grupo público de Whatsapp que utiliza el logo del centro escolar y que tiene como finalidad dificultar la ejecución de las medidas cautelares» ordenadas por la Justicia. En ese grupo, proseguían en su denuncia, «se vierten gravísimas amenazas» hacia ellos y su hijo, incluso «solicitando que el centro identifique a la familia y al niño, del que se pide expresamente que sea expulsado del centro o que se le haga el vacío en la clase». «En comentarios más extremistas se reclama el conocimiento del domicilio de la familia para que pueda ser apedreado».

En respuesta a la petición, la Justicia ordenó tanto al Departamento de Educación de la Generalitat como a la dirección de la escuela Turó del Drac, a la que asiste el menor, adoptar las «medidas necesarias» para «preservar la protección e intimidad» del pequeño y de sus padres, además de garantizar «la normal convivencia y el pacífico despliegue del entorno educativo». Los separatistas han proseguido este viernes su campaña de acoso con una manifestación en los alrededores del centro educativo para reclamar la enseñanza en catalán. La protesta comenzó a la misma hora en que los niños salían de la escuela y contó con la participación en primera línea de diputados de Junts y ERC, socios de Pedro Sánchez.

Pese al evidente linchamiento, el Gobierno mantiene un perfil bajo. Sánchez no se ha pronunciado sobre el tema. La única reacción desde el Ejecutivo ha sido telefonear a la Generalitat para ofrecer su colaboración para proteger al menor. Según fuentes del Gobierno, la ministra de Educación, Pilar Alegría, ha llamado al consejero catalán de Educación, José González Cambray, para poner a su disposición los «medios del Estado» para proteger al niño, aunque esas fuentes no han precisado si con ello se refieren a protección policial. El Partido Popular ha ofrecido sus votos a Sánchez para aprobar de inmediato la aplicación del artículo 155 en el ámbito educativo para frenar el acoso separatista a la familia. Una medida que no ha tenido respuesta.

Desde el Govern se han alentado las protestas contra la decisión judicial. El responsable de Educación afirmó este jueves, tras entrevistarse con la dirección del centro, que la resolución «es un ataque intolerable» al llamado modelo de «escuela catalana».