Sánchez teme el clima social y promete mantener los empleos ante la huelga de la Inspección de Trabajo

Sánchez pide una evaluación de todas las políticas públicas y de sus partidas de gasto ante la previsible llegada de una nueva era de recortes. El gran sindicato de la función pública, CSIF, avisa con movilizaciones. Y el Gobierno da orden de prometer el mantenimiento de los puestos públicos en Trabajo y la Seguridad Social para abortar la huelga en Inspección de Trabajo. Toda una demostración de que el clima social empieza a asustar a Sánchez.

La promesa ha sido trasladada por la vicepresidenta y ministra Yolanda Díaz. Y ha consistido en asegurar que la relación de puestos de trabajo (RPT) se va a mantener pase lo que pase. La relación de puestos de trabajo es el mecanismo técnico empleado por las Administraciones Públicas para calcular el número de puestos necesarios para dar cobertura al servicio público demandado. Por lo tanto, si se mantiene la relación de puestos de trabajo, se tiene que mantener el número de empleados públicos. O, lo que es lo mismo, no se podrán acometer recortes considerables, al menos en la capa laboral. Por todo ello, de hecho, ha quedado aplazada la huelga en la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

Trabajo, en concreto, se ha comprometido a realizar las actuaciones precisas para implementar la relación de puestos de trabajo aprobada el pasado 7 de julio de 2021, ante el Ministerio de Hacienda. Y, mientras tanto, Hacienda y Función Pública han iniciado ya el refuerzo del organismo con una partida para pagar la productividad extraordinaria de 6 millones de euros y el aumento del tamaño de la plantilla con 200 interinos de personal administrativo.

CSIF ha valorado con optimismo la propuesta y ha decidido dar un voto de confianza al Gobierno autorizando el acuerdo. La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y el resto de las organizaciones presentes en la Inspección de Trabajo, han acordado, de este modo, aplazar la huelga de 24 horas que estaba convocada para este miércoles. De momento, la huelga se traslada a dentro de tres meses y dependerá del grado de cumplimiento de las promesas del Gobierno.

El Ministerio de Trabajo de Jose Luis Escrivá,  ha ofrecido, de este modo, un incremento de los pagos por productividad vinculada a resultados en 6 millones de euros. Ese gasto iría destinado, en principio, a todos los grupos que integran este colectivo. Yolanda Díaz ha prometido igualmente el refuerzo de la plantilla con 200 interinos y la revisión de la relación de puestos de trabajo (subidas pendientes y reclasificaciones de categorías) estimada en otros 13 millones.

Un plazo de tres meses

El departamento que dirige Yolanda Díaz ha pedido, eso sí, un plazo de tres meses para recabar la autorización del gasto por el Ministerio de Hacienda.
CSIF valora “de manera positiva la voluntad de Trabajo, que se ha comprometido a informar puntualmente de la evolución de esta negociación. No obstante, este aplazamiento no es un cheque en blanco”, añade el sindicato. “Mantendremos la presión y estaremos vigilantes”, han añadido desde CSIF.

La formación sindical ha aprovechado, sin embargo, para remarcar su denuncia “por el grado de abandono en el que se encuentra la Inspección. La plantilla está compuesta por 2.200 trabajadores de inspección activa y otros 800 de personal de apoyo; es decir, la Inspección de Trabajo recae sobre una plantilla de 3.000 personas mientras que la población activa española se sitúa en los 20 millones”, destaca el sindicato.

“Con estos datos, entendemos que el sistema está condenado al fracaso, con recursos insuficientes y una plantilla completamente desbordada ante las necesidades que plantean las relaciones laborales”, añaden las mismas fuentes. A todo ello se suman las numerosas modificaciones legales que se han producido durante la pandemia, los constantes movimientos de los ERTE  y los que tendrán lugar como consecuencia de la crisis económica.

Y, por todo ello, desde CSIF denuncian “el incumplimiento sistemático por parte del Ministerio de Trabajo del pacto alcanzado el pasado 7 de julio con las organizaciones sindicales, por el que se planteaba un reforzamiento del sistema de la Inspección con medidas para paliar los problemas de este organismo y cuya intensidad crece día a día”. Entre ellas, “graves carencias de plantilla” y “un déficit de recursos técnicos y materiales”.

Lo cierto es que la crisis de la energía y la invasión de Ucrania han terminado de descontrolar las cuentas del Estado. Pedro Sánchez prepara ya una evaluación de la eficacia de las políticas públicas para ver dónde se pueden hacer recortes, como ha publicado OKDIARIO, y el gran sindicato de los funcionarios, CSIF, ha advertido de que convocará movilizaciones si estas medidas pretender volver a reducir el poder adquisitivo o las plantillas de empleados públicos.