Sánchez sin justificación para vigilar a los medios: ya lo hacen los tribunales y una comisión independiente

El intento de Pedro Sánchez de controlar a los medios de comunicación a través de una orden de dudosa constitucionalidad ha provocado la polémica y la crítica por parte de la oposición y de las asociaciones de periodistas. La vocación censora del plan aprobado por el Gobierno socialcomunista se delata si se tiene en cuenta que España ya cuenta con mecanismos suficientes para vigilar el funcionamiento ético de los medios. Por un lado, están los tribunales. Por otro, un organismo independiente cuyo cometido desde hace 14 años es, precisamente, velar por el «autocontrol deontológico interno» de la profesión periodística: la Comisión de Arbitraje, Quejas y Deontología del Periodismo. 

Presidida en la actualidad por Rafael de Mendizábal, quien durante nueve años fue magistrado del Tribunal Constitucional, esta comisión ya formula en su presentación toda una declaración de intenciones y principios: «El objetivo es fomentar el periodismo ético desde la autorregulación independiente y responsable, a través de la mediación y el entendimiento.
Se trata de una instancia arbitral entre la profesión y los ciudadanos que se sientan afectados por determinadas informaciones. Sin ningún poder sancionador, su autoridad moral viene otorgada por las organizaciones profesionales y los periodistas adheridos a ella y supone una alternativa complementaria a la regulación jurídica».

La Comisión está integrada por personalidades pertenecientes al periodismo, al derecho, al mundo académico y a otras actividades relevantes de la vida social. Y cualquier ciudadano puede acudir a ella si se considera afectado por una actividad periodística que, considere, no cumple las normas del Código deontológico.

Referente

Aunque no tiene capacidad sancionadora, sus resoluciones son un referente para la profesión, ya que sirven de guía para los propios medios. Su independencia y categoría están fuera de duda, así como su compromiso imparcial porque se cumpla el artículo 20 de la Constitución: el derecho a la libertad a «expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción», así como «a recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión».

La Comisión ha emitido 179 resoluciones, sobre asuntos de lo más diverso: desde la discriminación de minorías en publicaciones, a comentarios racistas en espacios radiofónicos, revelación de la identidad de menores, o incumplimiento del derecho al honor o la intimidad. Pero también se ha pronunciado sobre la veracidad de determinadas informaciones. Distintos medios han sido advertidos por incumplimientos deontológicos.

Censor político

El Gobierno de Sánchez, en cambio, desprecia esos mecanismos y se arroga el poder para vigilar y controlar a los medios.

El Ejecutivo se ha amparado en una estrategia de la Unión Europea que no está ni siquiera aprobada para justificar ese comité político de control, que  pilotarán directamente el jefe de gabinete de Sánchez, Iván Redondo, y el Secretario de Estado de Comunicación, Miguel Ángel Oliver.

El plan europeo persigue un objetivo fundamental: las campañas de injerencia electoral por parte de terceros países, especialmente Rusia. El plan de Sánchez, en cambio, admite directamente su intención de «vigilar» y «monitorizar» a los medios. Y mientras Europa reclama un papel activo de esos mismos medios en el autocontrol de los contenidos, en España, el Ejecutivo los relega a un papel residual: simplemente, podrán «colaborar» en la estrategia que ya viene marcada desde Moncloa.

La Asociación de Medios de Información (AMI), la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) y la Asociación de la Prensa de Madrid (APM) reaccionaron con respectivos comunicados, avisando que ese intento de control puede derivar en censura.

Las críticas también han llegado desde la oposición. «Sánchez saca una orden para vigilar medios y perseguir lo que su gabinete considere desinformación», escribió Pablo Casado en las redes sociales, y fue más allá: «Atacaban a la prensa crítica, señalaban periodistas y ahora crean un orwelliano Ministerio de la Verdad». Un concepto en el que abundó también Vox: «El Gobierno crea un Ministerio de la Verdad para controlar las opiniones de los españoles en las redes sociales y censurar a los medios que no le aplauden».

Los tribunales

Los tribunales son la primera garantía de que los medios respetan la deontología. Y el Código Penal, el que establece los límites a la libertad de expresión y de prensa. Además, la Constitución determina que sólo podrá acordarse el secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios de información en virtud de resolución judicial.

El único límite a los derechos de difundir y recibir información veraz está, como bien indica la Carta Magna, en el respeto al honor, la intimidad, la propia imagen y la protección de la juventud y de la infancia.

El Gobierno no ha revelado las medidas que tomará contra la «desinformación». Pero ha dado al asunto relevancia de ataque a la Seguridad Nacional. Cabe recordar que, a finales del pasado año, el Ejecutivo ya aprobó un real Decreto que permitía cerrar webs sin autorización judicial en el caso de «amenaza inmediata y grave para el orden público y la seguridad nacional». Aquel texto se formuló pensando en la separatista Tsunami Democràtic y para desmontar los planes de la Generalitat para avanzar en la llamada ‘república digital’.