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Sánchez riega con 2 millones a entidades feministas afines como la que pidió echar a los puteros del PSOE

Feministas Progresistas recibirá 60.000 € como subvención para "formación en igualdad"

Justifica las ayudas en "razones de interés público, social y humanitario"

Gobierno feministas
José Luis Ábalos, Cristina Narbona, Pedro Sánchez y Carmen Calvo. (Foto: EP)
Rafael Molina

El Gobierno de Pedro Sánchez entregará más de dos millones de euros a diversas asociaciones feministas, entre las que hay entidades afines como la Federación Mujeres Progresistas, cuya presidenta, Yolanda Besteiro, suscribió el documento de un sector del PSOE para echar a los consumidores de prostitución del partido. Lo hizo tras varios casos de corrupción en los que se señalaron a cargos del partido como clientes de estos servicios.

El Instituto de las Mujeres, dependiente del Ministerio de Igualdad de la socialista Ana Redondo, es el organismo del que emanan estas subvenciones. En total, tal y como se ha publicado este viernes en el Boletín Oficial del Estado (BOE), se entregarán hasta 2.295.000 euros entre distintas asociaciones.

Concretamente, la norma establece que a la Federación de Mujeres Progresistas le corresponden 60.000 euros como «subvención para el programa de acceso a las ofertas de empleo público de la Administración General del Estado, desde la formación en igualdad efectiva de Mujeres y Hombres».

La disposición publicada en el BOE expone que se sufragarán «el 100 % del gasto relativo a las herramientas de trabajo, documentación, materiales de conocimiento y didácticos necesarios para las actividades realizadas en el marco de la subvención». Y en el caso de que se gaste una parte en la «elaboración del informe de auditoría», se podrá subvencionar hasta un límite de hasta 4.000 euros.

El desembolso de esa cantidad en forma de subvención responde a unas «razones de interés público, social y humanitario». También con la intención de «facilitar el sostenimiento económico y financiero de los programas que desarrollan las entidades beneficiarias» al considerarse «campos de vital importancia para la promoción de la igualdad».

Contra el consumo de prostitución

Todo ello se produce en el mismo día que ha comenzado el 41º Congreso Federal del PSOE en Sevilla, en el que se afianzará aún más el liderazgo del secretario general del partido, Pedro Sánchez. En esa cita, los socialistas votarán la propuesta de expulsar de la formación a las personas que sean clientes de la prostitución. Las feministas del PSOE solicitan que esta medida se aplique «especialmente si ocupan algún cargo orgánico o institucional».

Un grupo de feministas socialistas califican como «urgente» que se legisle «de un modo similar a Francia y Suecia». «Ni la izquierda populista ni las distintas versiones de la derecha apoyarán la aspiración de acabar con la mercantilización de los cuerpos de las mujeres», se puede leer en la iniciativa de varias políticas del partido encabezado por Sánchez.

Ya en marzo, varias mujeres afines a la corriente feminista del PSOE, entre las que estaba la presidenta de Mujeres Progresistas, ya habían lanzado una campaña para poder expulsar del partido a los cargos públicos que «soliciten, acepten u obtengan un acto sexual de una persona a cambio de una remuneración o beneficio del tipo que sea». Es decir, echar a los clientes de prostitución. Además, pedían adaptar el código ético para que «incorpore el rechazo explícito al ultrajante negocio de la prostitución».

El Código Ético y de Conducta del PSOE, ahora mismo incluye que los militantes, pero especialmente los cargos públicos, están «obligados a desempeñar sus funciones con austeridad, integridad, imparcialidad, honradez, ejemplaridad, eficacia y plena dedicación al servicio público y del partido, en su caso». Las firmantes de este texto trasladaban su deseo de exigir la expulsión por «comportamientos que incumplirían el espíritu y los valores que representan al PSOE».

«Afición descontrolada»

Uno de los casos más destacados en los que altos cargos del PSOE se han visto involucrados salpicó al que fuera director de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (FAFFE) durante los gobiernos socialistas en la región, Fernando Villén. Fue condenado a seis años de cárcel por pagar en prostíbulos con dinero público e intentar manipular la contabilidad para que pareciera que había devuelto el dinero.

La jueza del caso ERE, Mercedes Alaya, describió en su sentencia contra Villén que en el seno de la formación había una «afición descontrolada» a la prostitución. La magistrada constató que había pagado 40 veces con dinero de las arcas públicas en locales de alterne, derrochando más de 30.000 euros en «fiestas, orgías y festivales».

El caso del Tito Berni también estuvo salpicado por el consumo de prostitución por parte de los investigados. Juan Bernardo Fuentes, ex diputado del PSOE, tuvo que dimitir después de presuntamente haber cobrado mordidas tanto en dinero como en especie por arreglar subvenciones para empresarios canarios. Las evidencias con las que contaba el juez mostraban los chats de WhatsApp y fotos de los implicados en las que se organizaban juergas en prostíbulos con alcohol y cocaína.

Otro de los casos es la trama Koldo. En ella se investiga al ex ministro de Fomento, José Luis Ábalos, y a su ayudante, Koldo García, entre otros investigados, por presuntas mordidas en la adquisición de mascarillas en los peores meses de la pandemia. Uno de los imputados, el ex secretario general de Puertos del Estado Álvaro Sánchez Manzanares aseguró, según el auto del juez, al ex asesor de Ábalos: «Koldo, eres un degenerado macho, siempre me pillas cuando estoy con tías». Sánchez Manzanares fue el responsable de comprar mascarillas para Puertos del Estado a la empresa investigada en la trama, Sociedad de Gestión, razón fue cesado.

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