Sánchez redobla su sumisión a Rabat: no devolverá a Marruecos a los menas con padres conocidos

Marruecos menores
Dos menores marroquíes en las inmediaciones del polígono del Tarajal, en Ceuta (Antonio Sempere / EP)

Justo tras entregar el Sáhara a Rabat, el PSOE ha tenido que negociar con el PP una enmienda de los de Núñez Feijóo para exigir por ley la devolución a Marruecos de los menores extranjeros no acompañados (menas) con padres conocidos. La respuesta del PSOE, pese a contar ya con un tratado con el reino marroquí que no se está aplicando, ha sido rotunda: rechazo de la devolución.

Los senadores del Partido Popular Sofía Acedo y Sergio Ramos han sido los encargados de trasladar la petición de regulación al PSOE. Y los mismos que han lamentado “que la grave crisis migratoria que afecta a Canarias en los últimos dos años no cuente con las medidas necesarias para hacer frente a una triste realidad, a una situación dramática a nivel humano y social que, todo indica, permanece enquistada y sin solución aparente por parte del Gobierno de España”.

Sergio Ramos resumía así el rechazo a una enmienda del Grupo Popular respecto a la moción presentada por la Asociación Socialista Gomera (ASG), integrada en el grupo Izquierda Confederal, en la que se instaba al Gobierno a impulsar un Pacto de Estado para afrontar la gestión de los flujos migratorios en España y a establecer un mecanismo de corresponsabilidad entre las comunidades autónomas para la atención de menores inmigrantes no acompañados, atendiendo a la urgencia que se plantea en Canarias, Ceuta y Melilla.

Ante esa iniciativa, el PP presentó una enmienda que perseguía acometer los cambios normativos necesarios para habilitar un procedimiento legal para que los menas que se encuentran en situación de desamparo en España y cuyos padres estén perfectamente identificados en sus países de origen, pudieran ser devueltos al seno familiar con todas las garantías legales, en atención al interés superior de los menores, en los términos contemplados en el acuerdo existente entre España y Marruecos. Un acuerdo que, por cierto, no se está aplicando. La elevación a rango de ley, sin embargo, hubiese supuesto la obligatoriedad por parte del Gobierno de cumplir bajo la presión de poder ser denunciado por prevaricación en caso contrario.

En tanto se tramitaba el retorno concertado, además, el PP contemplaba que el Gobierno autonómico pudiera solicitar al resto de las comunidades autónomas, de acuerdo con el Ejecutivo español, solidaridad para alojar con dignidad a los menores.

Ramos puso el acento en su defensa de la enmienda en que Canarias está “colapsada”. “La llegada de pateras a nuestras costas con cientos de inmigrantes irregulares a bordo, es la fotografía diaria en las Islas. Un total de 23.000 personas durante 2020 y 22.000 a lo largo de 2021, y los datos durante los dos primeros meses del presente año ponen de manifiesto que se ha batido el récord desde que existe registro. Una situación que ha provocado más de 4.000 muertes en el mar”, indicó.

Y añadió que “la situación de los menores inmigrantes no es nueva”. “Ya lo advirtió hace un año el Defensor del Pueblo y no se ha hecho nada”, comentó Ramos, aclarando también que la enmienda del GPP “no es nuestra, es un acuerdo que está en vigor. No estamos pidiendo otra cosa, que no se haya hecho ya en 2007 con la crisis de los cayucos”.

Acedo destacó «la dificultad de apoyar una política de estado en materia migratoria cuando, hace dos años, en el debate sobre la creación de la ponencia se aseguró al PP, se le garantizó, que se abordarían la cuestiones concretas, y en profundidad, que afectan a las migraciones, entre otras, la de los menores extranjeros no acompañados que el Grupo Popular puso entonces encima de la mesa y durante la ponencia también, y dos años después no hay nada».

Todo ello ocurre a escasos días de toda una cesión histórica: el abandono de la defensa de España en la ONU de un referéndum de autodeterminación  auspiciado por Naciones Unidas para el Sahara, que ha dado paso a una defensa del plan marroquí de «autonomía» para ese territorio. Algo que implica la cesión a la reclamación histórica de Rabat de controlar el Sáhara.

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