Sánchez ofrece a Podemos un pacto sobre inmigración para que Europa determine la entrada de ilegales

Pedro Sánchez vuelve a utilizar la inmigración como moneda de cambio. El último ofrecimiento de pacto programático a la formación de Pablo Iglesias -a cambio de su apoyo en la investidura- es nada más y nada menos que delegar la capacidad de asimilación de inmigrantes ilegales de España a una decisión internacional. El nombre técnico de este postulado es el de Acuerdos de Marrakech.

Un planteamiento que implica el deber de recoger a los inmigrantes ilegales que saltan al mar y que delega en la ONU y en la Unión Europea la decisión final sobre el número de estos inmigrantes que deben ser acogidos por cada país. Podemos ya lo ha reclamado en numerosas ocasiones. El PSOE se suma a estos planteamientos e incluye este postulado como parte de los acuerdos programáticos para conseguir el apoyo de Iglesias a la investidura de Sánchez.

El PSOE se compromete así a «promover una política europea de inmigración justa y solidaria, que respete los derechos fundamentales y garantice las libertades y principios de la UE. Asimismo, España promoverá la implementación del Pacto Global para las Migraciones -Acuerdos de Marrakech- y del Pacto Mundial sobre los Refugiados de NNUU y dedicará una especial atención al desarrollo sostenible de los países de origen y tránsito para facilitar una inmigración ordenada, legal y segura, y muy singularmente con Marruecos, trabajando sobre las causas profundas de la inmigración».

El compromiso alude a la postura de la ONU plasmada en la Conferencia en Marrakech. El texto del acuerdo, cuyo nombre oficial es Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular, fue acordado por todos los Estados miembros de la ONU, con la excepción de Estados Unidos, en julio en la Asamblea General.

Pero, desde su nacimiento, varios países se han desvinculado del texto, como son los casos de Austria, Hungría, Polonia, Estonia, Bulgaria, República Checa, Israel, Australia y República Dominicana.

El pacto se estructura en torno a 23 grandes objetivos. Entre ellos el compromiso concreto de mejorar la cooperación para salvar vidas de inmigrantes, con misiones de búsqueda y rescate en el mar, y garantizando que no se perseguirá legalmente a quien les dé apoyo de carácter «exclusivamente humanitario» Caso que el Open Arms asegura que es el suyo.

Además, los gobiernos prometen garantizar un regreso «seguro y digno» a los inmigrantes deportados y no expulsar a quienes se enfrentan a un «riesgo real y previsible» de muerte, tortura u otros tratos inhumanos.

El pacto obliga igualmente a «aumentar la disponibilidad y flexibilidad de las vías de migración regular», a «gestionar las fronteras de manera integrada, segura y coordinada», a «utilizar la detención de migrantes solo como último recurso y buscar otras alternativas», a «proporcionar a los migrantes acceso a servicios básicos», a «empoderar a los migrantes y las sociedades para lograr la plena inclusión y la cohesión social», y a «colaborar para facilitar el regreso y la readmisión en condiciones de seguridad y dignidad, así como la reintegración sostenible».

Y todas esas labores dejarían de ser una capacidad autónoma de cada país para ser decisión internacional. De la ONU y la UE en el caso de España.