Sánchez nacionaliza de urgencia a los supuestos nietos de las Brigadas Internacionales para que voten

El Gobierno acelera la concesión de la nacionalidad exprés a los «descendientes» de los integrantes de las llamadas Brigadas Internacionales, decenas de miles de voluntarios extranjeros que participaron en la Guerra Civil en apoyo al Ejército Republicano. El Consejo de Ministros ha autorizado al Ministerio de Justicia la tramitación urgente del real decreto que reconocerá la nacionalidad a los hijos y nietos de estos brigadistas, tal y como figura en la autodenominada Ley de Memoria Democrática.

El artículo 33 de esta ley -aprobada gracias a Bildu- permite conceder la nacionalidad española a los voluntarios que integraron las Brigadas Internacionales -unos 35.000- y, además, a sus «descendientes».

Aunque se trata de un derecho ya reconocido en 1996 y, posteriormente, en la Ley de Memoria Histórica de Rodríguez Zapatero, de 2007, el Gobierno de Pedro Sánchez ha ampliado su extensión, de forma que ahora se aplicará además a los hijos y nietos de estos brigadistas «que acrediten una labor continuada de difusión de la memoria de sus ascendientes y la defensa de la democracia en España».

El Consejo de Ministros, a propuesta de Justicia, ha aceptado la «tramitación urgente» del real decreto que regulará su concesión, amparándose en «circunstancias extraordinarias» que «exigen la aprobación urgente de la norma». La tramitación por el procedimiento de urgencia implica que los plazos se reduzcan a la mitad. Tampoco será exigible el trámite de consulta pública, y la falta de emisión de un dictamen o informe preceptivo en plazo no impedirá la continuación del procedimiento.

Los estudios más fiables cifran en unos 35.000 los brigadistas internacionales procedentes de 60 países que, en octubre de 1936, llegaron a España para luchar del lado del bando republicano. El historiador Giles Tremlett describe en Las Brigadas Internacionales. Fascismo, libertad y la Guerra Civil española (Debate), uno de los trabajos más extensos sobre el tema, que llegaron a morir uno de cada cinco, y destaca que entre sus filas había «cobardes, psicópatas y violadores». «No se han mirado las veces que los propios brigadistas mataban a sus prisioneros. Esto a mí me escandaliza mucho más que su disciplina interna», señala el autor.

La Ley de Memoria Democrática de Sánchez retoma la promesa que el entonces presidente del Gobierno de la República, Juan Negrín, hizo en 1938: «El Gobierno español quisiera testimoniaros de una manera directa su agradecimiento. Vuestro espíritu y el de vuestros muertos nos acompaña (…). El Gobierno de la República reconocerá y reconoce a los internacionales, que tan bravamente han luchado con nosotros (…) el derecho a reclamar, una vez terminada la guerra, la ciudadanía española. ¡Con ello nos honraremos todos!».

No se tiene constancia de brigadistas vivos, pero sus descendientes sí podrán optar a la nacionalidad española. Desde la Asociación de Amigos de las Brigadas Internacionales (AABI) niegan que vaya a producirse una «avalancha» y señalan que quienes se acogerán a este derecho lo harán esencialmente por motivos sentimentales.

Nacionalización exprés

Aunque se trate de una medida simbólica, el Gobierno de Sánchez está dispuesto a seguir explotando así su discurso contra Franco en plena campaña.

En el programa del PSOE para las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo, Ferraz insta a sus candidatos a incluir en sus programas electorales la eliminación o retirada de vestigios que exalten el golpe de Estado de 1936 y la dictadura franquista o que enaltezcan a sus protagonistas. También prometerán la localización y exhumación de las víctimas.

Por delante quedan aún varias medidas relevantes de la Ley de Memoria Democrática, como la expulsión de los monjes benedictinos del Valle de los Caídos o la ilegalización de las asociaciones franquistas. El Gobierno también deberá impulsar en estos meses, como prometió a Bildu, la polémica comisión que investigará supuestas vulneraciones de derechos humanos hasta diciembre de 1983, es decir, ya en democracia y bajo el mandato de Felipe González.

Como ha publicado OKDIARIO, el Ejecutivo impulsa ya el reconocimiento de hasta 23 tipos de víctimas de la Guerra Civil y la dictadura y la creación del denominado Consejo de la Memoria Democrática, un nuevo ente estatal en el que estarán representados hasta nueve ministerios.

Esta nueva concesión de nacionalidad a los descendientes de los brigadistas se suma a la nacionalización exprés de los hijos y nietos de los exiliados españoles, como reveló OKDIARIO. Hasta el momento, más de 12.800 «nietos del exilio» han sido ya nacionalizados, según el Ministerio de Asuntos Exteriores. Justicia, como desveló este periódico, incluso modificó la ley por la puerta de atrás para ampliar los supuestos de concesión de la nacionalidad, en vísperas de un intenso ciclo electoral.