Sánchez crea un chiringuito público con 9 ministerios para agitar la ‘memoria democrática’ en campaña

Pedro Sánchez se prepara para dar un nuevo impulso a las políticas de la autodenominada «memoria democrática» coincidiendo con el ciclo electoral. Tras la exhumación este lunes del fundador de la Falange, José Antonio Primo de Rivera, quedan aún varias cuestiones pendientes, como la ilegalización de la Fundación Francisco Franco, prevista también para este año, o el plan de exhumaciones en el rebautizado como Valle de Cuelgamuros. Para supervisar el desarrollo de estas tareas, Moncloa ha activado ya la creación de lo que han llamado Consejo Estatal de la Memoria Democrática, un organismo público presidido por el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y en cuya composición figuran representantes de hasta otros ocho ministerios: Exteriores, Justicia, Defensa, Hacienda, Interior, Educación, Cultura e Igualdad. El Gobierno ha reservado este año hasta 13,95 millones para sus políticas de «memoria».

El Consejo centralizará las actuaciones del Plan de Memoria Democrática, entre ellas, las exhumaciones, y elaborará informes y recomendaciones sobre la política de memoria, una de las banderas de Sánchez de cara al intenso ciclo electoral. Asimismo, impulsará el movimiento «memorialista», promoviendo un papel activo de las entidades y de las subvenciones que sean precisas. Las personas que integran este Consejo podrán acceder a archivos y fondos documentales, «tanto oficiales como no oficiales».

Comisión

Según se indica en el borrador del real decreto que regulará el Consejo, al que ha tenido acceso OKDIARIO, los ministerios tendrán algunos encargos concretos. Así, se promoverá, a través del Ministerio de Educación, la formación continua del profesorado en relación con el tratamiento de la memoria. Según se recoge en la ley, «el sistema educativo español incluirá entre sus fines el conocimiento de la historia y de la memoria democrática española y la lucha por los valores y libertades democráticas, desarrollando en los libros de texto y materiales curriculares la represión que se produjo durante la Guerra y la dictadura». Hacienda, por su parte, impulsará los planes de formación de los funcionarios que, según recoge la norma, tendrán que superar preguntas sobre memoria en los procesos de selección.

Exhumaciones

El Gobierno tiene por delante varios asuntos pendientes. Tras la exhumación este lunes en el del Valle de los Caídos de los restos de Primo de Rivera, quedan pendientes la del general José Moscardó y la del teniente coronel Jaime Milans del Bosch, que permanecen enterrados en el Alcázar de Toledo.

La Ley de Memoria Democrática obliga al traslado de restos mortales de dirigentes del golpe militar de 1936 que ocupen un lugar «preeminente de acceso público distinto a un cementerio», con el fin de evitar actos de enaltecimiento. El pasado 3 de noviembre ya fueron exhumados los restos del general Gonzalo Queipo de Llano y de su esposa Genoveva Martí de la basílica de la Macarena de Sevilla.

En el caso de Primo de Rivera, el Gobierno exigió su exhumación alegando que en el Valle de los Caídos «sólo podrán yacer los restos mortales de personas fallecidas a consecuencia de la Guerra» Civil, obligando a reubicar «cualquier resto mortal que ocupe un lugar preeminente en el recinto». Moncloa llegó a admitir que el fundador de la Falange es una víctima de la Guerra Civil, pero aun así ha instado su exhumación, que la familia ha querido llevar a cabo en la más estricta intimidad para evitar «una exhibición pública propensa a confrontaciones de ninguna clase entre españoles», como ocurrió con el traslado de los restos de Franco.

Bildu

Además, según la ley, el Gobierno tiene de plazo hasta el próximo octubre para impulsar una comisión «técnica» que deberá elaborar un estudio «sobre los supuestos de vulneración de derechos humanos a personas por su lucha por la consolidación de la democracia, los derechos fundamentales y los valores democráticos».

Esta comisión, pactada con Bildu, ha resultado polémica, por extender su ámbito de estudio desde «la entrada en vigor de la Constitución de 1978 y el 31 de diciembre de 1983», es decir, ya en plena democracia.

Campaña

El programa del PSOE para las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo dedica un apartado específico a la «memoria democrática». Así, Ferraz insta a sus candidatos a incluir en sus programas electorales la eliminación o retirada de vestigios que exalten el golpe de Estado de 1936 y la dictadura franquista o que enaltezcan a sus protagonistas. También prometerán la localización y exhumación de las víctimas.

Como ha publicado OKDIARIO, el Gobierno promoverá además el reconocimiento de hasta 23 tipos de víctimas de la Guerra Civil y la dictadura.