Sánchez manipula la Ley de Medios de la UE para blanquear su ataque contra la prensa libre

Pedro Sánchez ya prepara su plan contra los medios de comunicación críticos, que pretende detallar el próximo mes de julio. El presidente socialista desvelará así sus medidas -que encuadra en un programa de «regeneración democrática»- en plenas vacaciones de verano, enmarcándolas, supuestamente, en un reglamento de la UE que los Estados miembros deberán aplicar de forma obligatoria a partir del año que viene. Se trata del Reglamento Europeo sobre Libertad de Medios de Comunicación, al que Sánchez ya se ha referido en varias entrevistas, y que ya ha entrado en vigor. El texto comunitario, sin embargo, va en sentido contrario a lo que Sánchez pretende: obliga a las autoridades nacionales a salvaguardar a los medios y periodistas frente a los intentos de «censura» o «injerencia política».

El jefe del Ejecutivo español quiere ir más allá, saltándose lo que mandata Bruselas, y ya ha anunciado que endurecerá el derecho al honor y la rectificación. Una clara amenaza a los medios que, actualmente, publican informaciones sensibles sobre su mujer, Begoña Gómez, o su hermano, David Azagra (seudónimo que utiliza David Sánchez Pérez-Castejón).

El Reglamento Europeo sobre la Libertad de Medios de Comunicación se dirige, fundamentalmente, a evitar la «concentración» de los medios y obliga a las empresas a revelar información sobre su propiedad y otros datos económicos que puedan condicionar la línea editorial. Pero deja una advertencia clara, que Sánchez desoye: se deben evitar «los intentos de silenciar a los periodistas, que van desde las amenazas y el acoso hasta la censura y la supresión de opiniones discrepantes, lo que podría limitar la libre circulación de información hacia la esfera pública reduciendo la calidad y la pluralidad de la información».

«Discurso libre y democrático»

Es decir, Europa enfatiza la defensa de la libertad de información, consagrada también en la Constitución española. Y así, se añade que «en un mercado interior que funcione correctamente, los destinatarios de servicios de medios de comunicación deben poder acceder a servicios de medios de comunicación de calidad que hayan sido creados por periodistas de manera independiente y en consonancia con las normas éticas y periodísticas».

El artículo 3 del citado reglamento establece asimismo textualmente como «derecho de los destinatarios de servicios de medios de comunicación»: «Los Estados miembros respetarán el derecho de los destinatarios de los servicios de medios de comunicación a tener acceso a una pluralidad de contenido de medios de comunicación editorialmente independiente y se asegurarán de que las condiciones marco sean acordes con el presente Reglamento para salvaguardar dicho derecho, en beneficio del discurso libre y democrático».

Las medidas principales de dicho reglamento se centran en obligar a los medios a revelar el importe que reciben en publicidad institucional, o los ingresos por publicidad de terceros países. También se indica que se debe garantizar la independencia de los medios públicos. El nombramiento de sus responsables tendrá que seguir «procedimientos transparentes, abiertos, efectivos y no discriminatorios». Cabe recordar que, en marzo, Moncloa impuso como nueva presidenta de RTVE a Concepción Cascajosa, militante socialista. El reglamento advierte especialmente sobre los «riesgos» de «injerencia política» de los medios públicos y protege los derechos de los periodistas a no revelar sus fuentes o mantener la confidencialidad de sus informaciones.

El texto, en cualquier caso, insiste en que los ciudadanos «han de poder disfrutar de contenidos de los medios de comunicación pluralistas producidos de acuerdo con la libertad editorial». Y señala que «ello resulta fundamental para fomentar el discurso público y la participación ciudadana, ya que disponer de una amplia gama de fuentes de información fiables y de periodismo de calidad capacita a la ciudadanía para tomar decisiones con conocimiento de causa, también sobre el estado de sus democracias».

Así, profundiza, «los Estados miembros deben respetar el derecho a la pluralidad de contenidos de los medios de comunicación y contribuir a un entorno mediático propicio velando por que se den las condiciones marco pertinentes». «Este enfoque refleja el derecho a recibir o comunicar informaciones y la obligación de respetar la libertad y el pluralismo de los medios de comunicación».

«Acabar con la impunidad»

Al tratarse de un reglamento, España debe aplicarlo sin que sea necesaria su transposición, como alega Sánchez.

El socialista apenas ha detallado en qué consistirá su plan contra los medios. Aunque este domingo, en una entrevista en La Vanguardia, sí concretó alguna medida, como una reforma del derecho al honor y la rectificación.

Según Sánchez, su plan pretende «acabar con la impunidad de algunos pseudomedios financiados en buena parte por gobiernos de coalición de ultraderecha entre el PP y Vox».