Sánchez lanza su ‘Ministerio de la Verdad’: crea una dirección general de «Discurso y Mensaje» en Moncloa

Pedro Sánchez ha reorganizado la estructura de Moncloa para afrontar una convulsa legislatura, marcada por sus pactos con el separatismo. Entre las novedades más destacadas en el organigrama de la Presidencia del Gobierno, sobresale la creación de un Departamento de Discurso y Mensaje, que tendrá el rango de dirección general y que se inserta en la Dirección Adjunta del Gabinete de la Presidencia del Gobierno, bajo las órdenes de Antonio Hernando. Este departamento contará con una Unidad de Mensaje, cuyo titular tendrá rango de subdirector general, como ocurría hasta ahora.

La creación de este departamento revela la importancia que el presidente socialista confiere a los mensajes que su Gobierno traslada a la opinión pública, ante un mandato marcado por las cesiones a sus socios separatistas y proetarras. Para empezar, la Ley de Amnistía ya ha iniciado su tramitación parlamentaria y será aprobada previsiblemente en los primeros meses del próximo año. La norma, pactada con el separatismo, supondrá el borrado de los delitos cometidos en el proceso separatista catalán, incluidos los de terrorismo, y permitirá el regreso inmediato del ex presidente catalán fugado Carles Puigdemont.

La ley ha provocado un fuerte rechazo social, con protestas masivas en todo el país, y ha suscitado las críticas de jueces y fiscales. Además, Bruselas se mantiene vigilante y ya ha advertido que analizará el texto «muy cuidadosamente, de manera independiente y objetiva». El Gobierno ha tratado de trasladar a la opinión pública la necesidad de amnistiar al separatismo por «la convivencia». Una idea en la que insistió Sánchez este mismo fin de semana, en un acto con la militancia en Madrid, en el que defendió que la amnistía hará de España «un país más cohesionado y más unido que nunca». «Toca hacer de la necesidad virtud», llegó a defender el socialista.

El Ejecutivo tendrá que gestionar además la negociación con el separatismo, que se extenderá durante toda la legislatura. PSOE y Junts mantendrán en los próximos días un primer encuentro en Ginebra (Suiza), en el que se incorporará la polémica figura del «verificador internacional», una exigencia del partido de Puigdemont.

En esa negociación, los socialistas están dispuestos a abordar la celebración de un referéndum -en principio, de tipo consultivo-, tal y como se recoge en los pactos para la investidura de Pedro Sánchez. A esta petición se suma también Bildu, que ya ha puesto sobre la mesa el objetivo de la «república vasca». Sánchez se ha ofrecido a estudiar esa petición.

Los pactos también incluyen otras cuestiones de difícil digestión para la opinión pública, y ante las que Moncloa prepara su argumentario. Es el caso de la transferencia de la Seguridad Social al País Vasco -con la consiguiente ruptura de la caja única-, la recaudación de la totalidad de los impuestos en Cataluña o la condonación de 15.000 millones de la deuda del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA).

«Extrema derecha»

En paralelo, Moncloa quiere reforzar los ataques contra el Partido Popular y Vox, a los que Sánchez engloba en la «extrema derecha».

En el discurso de investidura, el socialista ya dio muestras de su nueva estrategia discursiva, inaugurando una relación aún más agresiva contra la oposición, y situando al partido de Núñez Feijóo en una «derecha reaccionaria» que sólo su Gobierno «progresista» puede combatir.

Moncloa quiere presentar al Gobierno de Sánchez como baluarte de «la democracia, la convivencia y la tolerancia» frente a la «derecha retrógrada que rezuma clasismo» y «los profetas del odio que quieren encerrar a las mujeres en las cocinas», como acentuó Sánchez en el Congreso. Entonces, incluso acusó a Feijóo de haberse sumado al «club de Trump, Orbán, Le Pen y Abascal».

Comunicación institucional

Entre otras novedades, se crea un Departamento de Comunicación Institucional, con rango de dirección general, del que dependerá la Unidad de Publicidad Institucional. Dependerán directamente de la Secretaría de Estado de Comunicación.

En mayo, el Gobierno aprobó la celebración de un acuerdo marco por valor de 440 millones de euros para la compra de espacios en medios de comunicación y demás soportes publicitarios para la difusión de campañas de publicidad institucional.