Sánchez e Iglesias diseñan una comisión parlamentaria que esquiva su responsabilidad en la crisis

Por su cuenta, sin esperar al consenso, el PSOE y Podemos de Sanchez e Iglesias han registrado este viernes en el Congreso la creación de la Comisión de Reconstrucción que abordará la crisis del coronavirus. La iniciativa elude en su exposición cualquier responsabilidad, esquiva citar la comparecencia de los dirigentes políticos -que previsiblemente solicitará la oposición- y plantea una gestión compartida de la crisis pandémica, con propuestas a futuro.

En definitiva, el órgano se convierte en una maniobra clara para diluir la cuestionada política del Gobierno socialcomunista. El PP, en la propuesta que ha trasladado al resto de los grupos, ya avanza que «para la elaboración de su dictamen, la comisión citará, en comparecencia pública, a representantes de todos los sectores afectados por la pandemia y a los principales responsables de las decisiones tomadas por el Gobierno durante estas semanas». De esta forma, se buscará dirimir responsabilidades por los errores de gestión desde el inicio de la epidemia.

«Libertades públicas»

La propuesta de PSOE y Podemos plantea cuatro ámbitos de trabajo: el refuerzo de la Sanidad pública; la reactivación de la economía y la modernización del modelo productivo; el fortalecimiento de los sistemas de protección social, de los cuidados y la mejora del sistema fiscal; y la posición de España ante la Unión Europea.

No hay mención, por ejemplo, a otros aspectos relevantes que plantea la propuesta del PP, como las «libertades públicas». Los ‘populares’ proponen un esquema en cinco grandes áreas: además de la mencionada, una sanitaria, económica, social y Unión Europea.

En su exposición de motivos, los socios del Ejecutivo persisten en su estrategia para deslavar las responsabilidades.

«Los desafíos de todo orden que afronta la sociedad española y sus instituciones democráticas requieren de la participación y la implicación de todos los actores políticos y sociales: grupos parlamentarios, formaciones políticas, administraciones públicas, agentes sociales, empresas…», destacan.

En este contexto, señalan que «las Cortes Generales representan al pueblo español, conforme establece la Constitución Española en su artículo 66».

«En consecuencia -añaden- no existe instancia más legitimada y eficaz que su Congreso de los Diputados para albergar la Comisión que recoja las propuestas, que desarrolle los debates y que elabore las conclusiones pertinentes para afrontar aquellos desafíos mencionados».

Ello, después de que la intención original de Sánchez fuese centrar las negociaciones con los grupos en La Moncloa a través de una Mesa de Partidos. Fue una exigencia de Pablo Casado que ese órgano se constituyese en el Congreso.

El propósito de PSOE y Podemos es que ese foro sirva para recibir las propuestas de los distintos grupos, celebrar debates y acordar conclusiones conjuntas, aunque no hay mención alguna a las responsabilidades. Se establece un plazo de trabajo de dos meses, prorrogables si hay consenso. En su propuesta, el PP propone que la Comisión se constituya «con un plazo y un mandato limitados» y que antes del 30 de junio se concluya el dictamen, que debería aprobar el Pleno la primera semana de julio.

«Crisis dramática»

Los socios de Gobierno reconocen que la epidemia, que negaron durante semanas, «ha ocasionado una crisis de dimensión y gravedad extraordinarias en la sociedad española».

«Sus consecuencias están siendo dramáticas para la vida y la salud de una parte importante de nuestra población», prosiguen. «Además, la repercusión de la propia pandemia y de las medidas adoptadas para su combate, sobre la economía, el empleo y el bienestar de la ciudadanía española, resultan, asimismo, de enorme trascendencia».

Según la propuesta, los socialistas tendrán 13 representantes, por 9 del PP, 5 de Vox, 4 de Podemos, 1 de ERC, Ciudadanos y PNV, 4 del Grupo Parlamentario Plural y 7 del Grupo Parlamentario Mixto. Los acuerdos, no obstante, se adoptarán por voto ponderado en función del número de miembros con que cuente cada grupo parlamentario en el Pleno. El plazo para los trabajos es de dos meses, que pueden ser prorrogables.

Pese a las insistentes apelaciones al diálogo y consenso de Pedro Sánchez, su partido y Podemos han tomado la iniciativa por su cuenta, sin esperar a nadie.  El PP, que hace dos días presentó su propuesta a los grupos, buscaba el consenso.

«A pesar de que el Grupo Parlamentario Popular podría solicitar por sí mismo la constitución de esta Comisión, creemos que la gravedad de la crisis nos interpela a procurar la participación más amplia posible. Deberían participar todos los Grupos Parlamentarios», consideraron los ‘populares’ su iniciativa.