Sánchez e Iglesias dejan sin los 1.000 millones prometidos a residencias de mayores y dependientes

Pedro Sánchez ha dado un vuelco al sistema de reparto de los 16.000 millones que van destinados a las comunidades autónomas. Y lo ha hecho dejando en cero euros el importe que va destinado a los servicios sociales. El resultado es simple: en ese capítulo iban las residencias de mayores. Y, por lo tanto, esas residencias se quedan sin nada. Todo un alarde de despreocupación por el sector social cuando se ha filtrado ya que los muertos en las residencias han superado los 18.000.

Los servicios sociales han desaparecido del reparto del fondo social del Gobierno de España. Así lo ha resumido la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, que admiten abiertamente que se sienten «ninguneados una vez más cuando se trata de invertir y no de pedir más esfuerzos a profesionales y ciudadanos».

Lo cierto es que tras la reunión de presidentes autonómicos del pasado domingo, el presidente del Gobierno se ha desdicho de su promesa de inversión de 1.000 millones en este sector de asistencia social a la población y ha anunciado un nuevo reparto del fondo social de 16.000 millones de euros.

Ha desaparecido la dotación

El cambio ha sido traumático para el sector: básicamente porque han desaparecido los 1.000 millones previstos para servicios sociales que habían sido anunciados en todas las comparecencias del Gobierno del último mes.

«Esto supone un abandono, con ensañamiento, después de haber comprometido esa financiación para la atención de las personas más vulnerables», señalan desde la asociación.

Así, habrá fondos para tres pilares del estado del bienestar. Para Sanidad, 9.000 millones de euros. Para Educación 2.000 y para rentas menos favorecidas (ingreso mínimo vital) 3.000 millones. (El resto hasta las 16.000 millones se destinará a incentivos económicos y  empresas).

Pero para el cuarto pilar, que son los servicios sociales que atienden a seis millones de personas usuarias -y antes de final de año atenderá a más de 10 millones-, no se asigna más dinero que el que determinen libremente las consejerías de Hacienda de las comunidades autónomas.

«Un sistema, el de los Servicios Sociales, disperso y maltratado por los recortes al que no acaba de llegar el apoyo estatal en prestaciones y servicios que eviten los riesgos de exclusión e incluso la quiebra de la cohesión social.

Una vez más los gobernantes en este sector hacen caso omiso de los profesionales e investigadores del sistema, relegando el imprescindible apoyo financiero además de no mostrar ningún interés por disminuir y mejorar los procedimientos a los que se nos somete para hacer llegar nuestro apoyo a los más vulnerables», afirman desde la Asociación de Directores de Servicios Sociales.ç

Culpar a las autonomías

El recorte es llamativo porque, además, uno de los objetivos políticos del Gobierno es culpar a las comunidades autónomas de las muertes en las residencias de mayores. Y ahora no se destina ni un euro de forma obligatoria a la mejora de este sector de asistencia social. Todo ello, cuando el vicepresidente social Pablo Iglesias se autodenominó el 19 de marzo mando único a efectos de los servicios sociales. Y, por lo tanto, de las residencias.

Desde la Asociación señalan que el abandono del sector social es inadmisible e inexplicable y advierten de que se solucionan «procedimientos que estamos hartos de denunciar que son complejos y que eternizan las soluciones a las situaciones de emergencia social a las que nos enfrentamos habitualmente, ahora aumentadas y agravadas por la situación de emergencia social que estamos viviendo. La consecuencia es palmaria: una bomba de relojería que, de no desactivarse, estallará en un futuro próximo y que pondrá en la encrucijada a una sociedad cada vez con más desigualdad y mayor sufrimiento».

El mensaje es rotundo: «Señores Sánchez e Iglesias, entérense de una vez: los servicios sociales son una inversión imprescindible para garantizar la atención digna a las personas más vulnerables de nuestro país y necesitan, más aún en estos momentos, el apoyo financiero del Estado porque las comunidades autónomas no pueden más y los ayuntamientos han sobrepasado con creces sus obligaciones con el Sistema aun habiendo sido calificada en algunas ocasiones, su competencia en Servicios Sociales como impropia».

«El limbo de la dependencia»

Los directores y gerentes de servicios sociales alertan de que de no hacerlo, serán responsables de contribuir al sufrimiento y desatención de todas las personas «del limbo de la dependencia».

Especialmente, de las 164 personas que fallecen cada día a la espera de prestaciones y servicios a los que tienen reconocido el derecho, de la situación de los diez millones de personas que se encuentran en «el precipicio de la exclusión social» que es algo más que la pobreza que podrá resolver el ingreso mínimo vital, «de las 400.000 personas mayores que viven en las residencias, de otras 43.000 con discapacidad en centros residenciales, de las 100.000 más en centros de día, las 450.000 con el servicio de ayuda a domicilio, de las 40.000 personas sin hogar, del millón de personas mayores que viven solas (y sin teleasistencia), de los más de 5.000 niños y niñas que sufren violencia en sus hogares (4.875 denuncias en 2017 según Interior) y los casi 50.000 (BEMP Nº 21 2018) en los recursos de protección y sobre los cuales, la futura Ley de Prevención (bienvenida sea) nos adjudica nuevas competencias, además de renovar las que ya tenemos.»

Y concluyen desde la Asociación asegurando que «confiemos en que los gobernantes autonómicos destinen las cantidades que hubiesen correspondido de haber mantenido el crédito anunciado y eliminado, y que el vicepresidente de derechos sociales tenga más autoridad e influencia que la demostrada hasta ahora para defender el cuarto pilar del bienestar del que es competente».