Sánchez frena el plan anticorrupción que le exige la UE ante el cerco judicial a Begoña y su hermano

El Gobierno de Pedro Sánchez ha incumplido los plazos marcados por la Unión Europea para tener lista su estrategia global para prevenir y combatir la corrupción. La Comisión Europea dio a España 18 meses de plazo para aprobarla, plazo que finaliza este mes de septiembre sin novedades. Justo cuando se estrecha el cerco judicial sobre Begoña Gómez y el hermano del presidente, David Sánchez. En cambio, el Gobierno ha intentado colar en Bruselas como estrategia contra la corrupción su Plan de Acción por la Democracia, que en realidad es una ley mordaza para los medios de comunicación.

La Comisión Europea constató el pasado mes de julio, en el dosier sobre España incluido en su informe sobre el Estado de Derecho de la Unión, que el Gobierno de Pedro Sánchez no estaba haciendo los deberes ni cumpliendo los plazos prometidos y exigidos. «El Gobierno está obligado por ley a aprobar, para septiembre de 2024, una estrategia global destinada a prevenir y combatir la corrupción, si bien la actividad correspondiente aún no se ha puesto en marcha», criticaba la Comisión en su informe. Entre las medidas que se requerían estaba la creación de canales seguros para lo que Europa denomima Whistleblowers, los confidentes que alertan sobre casos de corrupción gubernamental.

La UE ya no confiaba en la presentación a tiempo de esta estrategia y sus sospechas se han confirmado: ni rastro en Bruselas de ese plan prometido para impulsar la lucha contra la corrupción, la transparencia de las instituciones públicas, la regulación de las actividades de los grupos de presión o la obligación de incluir información sobre cónyuges o familiares en la declaración de bienes de los altos cargos. Peticiones sensibles para el Gobierno en plena vorágine judicial del caso Begoña y del caso del hermano de Sánchez.

Sin embargo, tal y como explican a OKDIARIO fuentes de la Eurocámara, el Gobierno de Sánchez se ha movido en Bruselas este mes para presentar ante la Comisión su Plan de Acción por la Democracia como un plan contra la corrupción, buscando que se validen varias de las medidas propuestas en esa iniciativa como avances encuadrados en esa estrategia anticorrupción exigida e inexistente. Mientras, España ha caído seis posiciones en el índice global de corrupción desde que gobierna Sánchez.

El polémico plan de «regeneración democrática» presentado este mes de septiembre por Moncloa es una suerte de compendio de medidas dirigidas a un mayor control gubernamental de la prensa, una iniciativa surgida según iban avanzando las revelaciones mediáticas sobre los negocios de la mujer del presidente o las irregularidades manifiestas en la contratación de su hermano como alto directivo de la Diputación de Badajoz.

El contenido de la estrategia exigida por la UE y el plan de regeneración difiere hasta tal punto que en la Comisión, tal y como ha podido saber OKDIARIO de fuentes bien situadas en Bruselas, ha «sentado mal» el intento del Ejecutivo socialista de camuflar esta ley mordaza a los medios como un avance anticorrupción.

A por los medios

Este plan de acción de Sánchez aboga, por ejemplo, por la «transparencia y pluralidad en el ecosistema informativo» y reserva al Ejecutivo del PSOE y Sumar decidir «qué es un medio de comunicación» y quiénes «los verdaderos profesionales», en alusión a los periodistas de los medios de comunicación.

Entre las medidas de este plan, se busca reformar la Ley de Publicidad Institucional con el fin de «evitar que con dinero público se estén financiando pseudomedios que promueven» bulos, así como crear un registro de medios «para que se conozca su propiedad» y para «obligar a publicar el dinero que invierten las administraciones públicas en los medios».

Información sobre familiares

La Comisión Europea se dirigió al Gobierno español el pasado mes de julio para conocer qué medidas pensaba poner en marcha para cumplir con las exigencias de transparencia y ética de los altos cargos. En un anexo incorporado al último informe sobre el Estado de derecho, Bruselas se refirió, en concreto, a las recomendaciones del Consejo de Europa, que instó a España a «incluir información sobre los cónyuges y los familiares» en las declaraciones de bienes de los miembros de los altos cargos.

Como reveló este periódico, en 2022 el Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) del Consejo de Europa reprendió al Gobierno de Pedro Sánchez por «no cumplir satisfactoriamente» ninguna de sus recomendaciones. Entre ellas, reclamaba conocer los bienes de los cónyuges de sus altos cargos, como ocurre en otros países.

El Ejecutivo español rechazó esa petición argumentando «restricciones derivadas de la normativa de protección de datos». Pero Europa insistió: «Siguiendo la experiencia de otros miembros de GRECO, se puede buscar un equilibrio adecuado entre las preocupaciones de privacidad individual y el interés general de la publicación de la información. GRECO no estaba convencido de que se hubiera prestado suficiente atención a este asunto, como se recomendó. En consecuencia, se pidió a las autoridades que hicieran más».

Hace unos meses, el Consejo de Europa presentó un nuevo informe sobre el cumplimiento de esas recomendaciones y mostró la misma decepción con el Gobierno de Pedro Sánchez, instándole a resolver esas deficiencias, entre ellas la relativa a los cónyuges de los altos cargos. Le dio de plazo hasta el 31 de diciembre de este año.

«Conflictos de intereses»

Además, en esas mismas fehcas, la Comisión Europea lanzó otra advertencia a Pedro Sánchez en pleno caso Begoña Gómez. Las autoridades comunitarias advirtieron, en su último informe sobre el Estado de Derecho en los países miembros, sobre la «falta de avances» por parte del Gobierno español en la prevención de los conflictos de intereses, con especial mención a los cargos que ocupan «altas funciones ejecutivas». Así, en una de sus recomendaciones para España, la UE reprochó: «No se han tomado medidas para reforzar las normas sobre conflictos de intereses y sobre el patrimonio de las personas con altas funciones ejecutivas, y reforzar la facultad sancionadora de la Oficina de Conflictos de Intereses».

La Comisión Europea manifestó esta preocupación a lo largo del dossier, de 37 páginas, conocido este miércoles. En el informe, se pidió textualmente «fortalecer las normas sobre conflictos de intereses».

Asimismo, otro de los puntos sobre los que Bruselas puso el foco, estrechamente vinculado con la investigación sobre la mujer de Pedro Sánchez, fueron las actividades de lobby. La UE pidió una mayor regulación en este ámbito y reprochó también al Gobierno español que «no se haya avanzado» en esta legislación, que debía incluir «un registro público obligatorio de lobbistas», es decir, los grupos y actores con ciertos intereses que presionan al Ejecutivo para adoptar medidas legislativas o decisiones a su favor. «No ha habido avances en la ley sobre los lobbies», se recogió en el informe, en el que se pidió una mayor regulación sobre las «actividades de influencia» sobre los cargos.