Sánchez copia a Maduro: justifica su ley contra la prensa libre con el pretexto de la «convivencia»

Pedro Sánchez da pasos para controlar los medios de comunicación independientes que no escriben a su gusto. El presidente socialista ya ha avanzado que, en julio, presentará su plan de «regeneración democrática» que, entre otras medidas, incluye un ataque a la prensa libre porque –dice– hay que «poner pie en pared ante la máquina del fango» y los «bulos y desinformación» que, afirma, «han socavado la convivencia entre españoles».

Esa alusión de Pedro Sánchez a la «convivencia» como pretexto para arremeter contra los medios se recoge también en la reciente Ley contra el Fascismo, Neofascismo y otras expresiones similares, que el régimen de Nicolás Maduro aprobó el pasado mes de abril para perseguir a la disidencia política.

En su articulado, la ley chavista reserva una advertencia al «rol de los medios de comunicación», obligando a «los prestadores de servicio de radio, televisión, medios electrónicos y medios impresos, públicos, privados y comunitarios a difundir mensajes dirigidos a promover el ejercicio democrático de la voluntad popular, la convivencia pacífica, el reconocimiento de la diversidad, la tolerancia y el respeto recíproco».

Según esta norma del régimen de Maduro, «los mensajes difundidos de conformidad con este artículo deberán tener carácter educativo y contribuir a proteger a la sociedad de toda expresión de orden fascista, neofascista o de similar naturaleza».

La «democracia» chavista

Entre los mensajes prohibidos por la dictadura se encuentran aquellos que «hagan apología o promuevan la violencia como método de acción política» o «favorezcan o reproduzcan la cultura del odio, la intolerancia, la discriminación y la muerte». Pero también, sin precisar más, los que «denigren la democracia, sus instituciones y valores republicanos» o «promuevan la supresión de los derechos y garantías reconocidos en la Constitución a favor de determinados sectores de la sociedad». También persigue los que «exalten o hagan apología de los principios, hechos, símbolos y métodos propios del fascismo». En definitiva, cualquiera que vaya en contra de los postulados del régimen chavista, en lo que se incluye toda opinión crítica y a la oposición en pleno, que podrá ser perseguida «en defensa de la Humanidad».

Esos mensajes serán calificados de «fascistas» por una comisión -Alta Comisión contra el Fascismo- controlada por el régimen y encargada de «asesorar» en políticas públicas y medidas específicas para «proteger a la sociedad venezolana» y «preservar la convivencia pacífica», se insiste en el texto. Su composición será ordenada por el propio Maduro, mediante decreto.

La ley venezolana incluye además un régimen de sanciones, con penas de cárcel de hasta doce años para quien «denigre la democracia y sus instituciones».

En el caso específico de los medios, se les retirará la concesión y, en el caso de los medios impresos o digitales, «se impondrá multa por la cantidad en bolívares equivalente a entre cincuenta mil (50.000) y cien mil (100.000) veces el tipo de cambio de mayor valor publicado por el Banco Central de Venezuela». El procedimiento será sustanciado por el Ministerio del Poder Popular.

La ley de Nicolás Maduro no es la única que, con el mismo pretexto que Pedro Sánchez, busca censurar a los medios en Venezuela. En 2009, el régimen de Hugo Chávez ya presentó una Ley Especial de Delitos Mediáticos, con penas de cárcel para los medios por ir contra la «estabilidad» de las instituciones o la «paz social». Qué es «estabilidad» y «paz social» es algo que decide el régimen. La norma recogía un artículo específico para castigar la divulgación de noticias «falsas», que ocasionasen «una gran alteración a la tranquilidad pública» o «hubieren producido un perjuicio a los intereses del Estado».

El plan de Sánchez

Por el momento, Pedro Sánchez apenas ha dado detalles sobre su plan para controlar a los medios críticos. Un plan que llega tras las informaciones sobre su mujer, Begoña Gómez, y su hermano, David Azagra (seudónimo). Gómez está imputada por los delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios, por las cartas de recomendación que firmó para que su socio en la Complutense, el empresario Carlos Barrabés, optase a dos contratos del Gobierno, que acabaría llevándose, por un importe superior a los 10 millones. La esposa del presidente del Gobierno está citada a declarar el próximo 5 de julio.

En una entrevista este domingo en La Vanguardia, Sánchez sí avanzó que el plan incluirá una modificación del derecho al honor y de rectificación. El socialista señaló que este plan pretende «acabar con la impunidad» de lo que él considera «pseudomedios» que, dice, «están financiados en buena parte por gobiernos de coalición de ultraderecha entre el PP y Vox».

Sánchez también se ha justificado en la Ley de Medios de la UE, que España tendrá que aplicar en los próximos meses. Esa ley abarca principalmente medidas para que los medios revelen su propiedad y financiación, pero obliga a las autoridades nacionales a salvaguardar a los medios y periodistas frente a los intentos de «censura» o «injerencia política». Es decir, todo lo opuesto a lo que pretende Sánchez.