Sánchez confirma su plan de traspasar los jueces a la Generalitat para excarcelar a los procesados por el 1-O

Pedro Sánchez y Quim Torra en la puerta del Palacio de la Moncloa @Getty
Pedro Sánchez y Quim Torra en la puerta del Palacio de la Moncloa @Getty

Pedro Sánchez, candidato a la Presidencia del Gobierno, no quiso avanzar ni confirmar cesiones al separatismo en su discurso de investidura, pero sí en las réplicas. Tras la exigencia de explicaciones de Podemos y del ‘común’ Jaume Asens, Sánchez confirmó su intención de recuperar “el Estatuto de Cataluña que fue refrendado por el Parlamento de Cataluña”. Ese estatuto, recordemos, fue podado por el Tribunal Constitucional eliminando o transformando algunos de sus artículos y uno de ellos, precisamente, fue el que rompía la unidad del Poder Judicial para conceder a la Comunidad el órgano de gobierno de los jueces. Es decir, el ente que asciende, premia, desciende o castiga, por ejemplo, a los jueces de vigilancia penitenciaria.

Unos magistrados que son, casualmente, los que tienen la última palabra en la excarcelación de los golpistas del 1-O que, con toda probabilidad y tras la sentencia del Tribunal Supremo, serán condenados por un delito de rebelión con agravante de malversación de fondos públicos, en algunos casos, tras los hechos en Cataluña en octubre de 2017.

Los socialistas no han tardado demasiado en reconocer algunas de las mayores cesiones que están dispuestos a realizar al separatismo. En concreto, una fuerte cesión judicial de la que se beneficiarán tanto los independentistas catalanes como los vascos: la descentralización del control de los jueces.

La fórmula planteada ya a ERC y PNV pasa por el inicio del fraccionamiento del Poder Judicial. Esta entrega exigiría una reforma de la legislación que atañe a éste poder y debería, además, sortear un grave problema: el hecho de que la ruptura de la unidad del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) nacional ya ha sido rechazado por el Constitucional con motivo de la tramitación del Estatuto catalán impulsado por el tripartito.

Pese a ello, el PSOE ya ha ofrecido a ERC y PNV una fórmula camuflada que permitiría avanzar por esta vía. Un método que otorgaría, en primer lugar, influencia a estos partidos sobre los jueces de vigilancia penitenciaria que son, casualmente, los que deciden sobre la permanencia de los presos en las cárceles.  El esquema base que se pretende adoptar es el planteado ya entre el PNV y el PSOE en el marco del nuevo Estatuto Vasco. Allí los socialistas ya han comunicado su disposición a negociar, incluso, la creación de un "Consejo de Justicia de Euskadi".

Una vía que pretende dar solución a la gran obsesión nacionalista en materia judicial porque los separatistas saben que quien controle a los jueces podrá controlar no sólo las sentencias futuras, sino también, a través de los jueces de vigilancia penitenciaria, la estancia efectiva en prisión de los ya condenados a penas privativas de libertad. Entre ellos, por supuesto, los etarras o los golpistas del 1-O que serán condenados con toda probabilidad.

El modelo parte de un fuerte traspaso de competencias en materia de “gobierno de la Administración de Justicia”. Y se concreta con la “creación de un Consejo de Justicia” del País Vasco o de Cataluña, como “órgano de gobierno de la Administración de Justicia”. Hay que recordar, además, que la negociación abierta en Cataluña con los separatistas durante la última legislatura llegó a exhibir exactamente igual la cesión en esta materia.

Y en esa región, Miquel Iceta y la Declaración oficial de Barcelona firmada con el respaldo de Sánchez en 2017, reconocieron de forma expresa el deseo del PSOE de implantar el artículo tumbado por la sentencia del Constitucional en el que se planteaba romper el CGPJ para permitir el control pleno de la Justicia por Cataluña.

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