Sánchez borra las medidas anticorrupción del ideario del PSOE cercado por los casos de Aldama y Begoña

El PSOE celebra este fin de semana en Sevilla su 41º Congreso Federal, que permitirá a Pedro Sánchez blindar su liderazgo y confeccionar una Ejecutiva a medida. El cónclave tiene lugar con el Gobierno y el partido cercados por múltiples escándalos de corrupción, desde la conocida como trama Koldo a los casos Begoña Gómez y David Azagra, que afectan al entorno familiar del presidente socialista. El congreso servirá además para renovar el ideario político -ponencia-, del que desaparece el grueso de las alusiones a la corrupción y las medidas para combatirlas, como sí figuraba en la anterior ponencia política, aprobada en 2021. De hecho, esa ponencia -aún vigente- dedicaba un apartado íntegro a la corrupción, Contra la corrupción ni un paso atrás y refuerzo de los controles. 

Bajo ese epígrafe se detallaban numerosas medidas, como «la revisión de las normas de contratación pública» para «evitar cualquier práctica que pueda ser considerada de corrupción»; «la limitación de las posibilidades de contratación directa con el sector público y de utilización del procedimiento negociado sin publicidad», «la fijación de normas sobre conflicto de intereses en los diversos órganos en los que se toman decisiones como las mesas de contratación pública» o «la nulidad de las subvenciones, bonificaciones, ayudas y contratos con las Administraciones públicas y la obligatoria restitución e indemnización por daños y perjuicios cuando los mismos se hayan obtenido o cuyo mantenimiento haya sido logrado por conductas de sobornos o vinculadas a cualquier otro tipo de modalidades de corrupción».

Igualmente, el PSOE se comprometía a «revisar las normas reguladoras de las entidades públicas empresariales y sociedades mercantiles estatales, fundaciones públicas, entre otras, para reforzar e intensificar los mecanismos de prevención, control y supervisión», así como «la tipificación en el Código penal del delito de enriquecimiento ilícito que castigue el incremento patrimonial de autoridades y funcionarios públicos, producido durante el período de su mandato, cuando no puedan justificar la causa de este incremento».

Un ambicioso paquete de propuestas, vinculadas precisamente a las investigaciones ahora en marcha en el entorno político y personal de Sánchez. Cabe recordar, por ejemplo, que la esposa del presidente, Begoña Gómez, está imputada por los delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo. O el escándalo por las revelaciones de Víctor de Aldama, comisionista del caso Koldo, ante el juez, la semana pasada.

Confesión de Aldama

Aldama, por ejemplo, que la fotografía en la que aparece con el presidente del Gobierno en un mitin, el 3 de febrero de 2019, -durante la presentación de la candidatura de Pepu Hernández para las primarias del PSOE para la Alcaldía de Madrid- «no fue fortuita». «A mí me hacen ir al acto del PSOE porque Sánchez quería conocerme», reveló ante el juez.

Según las declaraciones de Aldama, la imagen se captó «en un sitio reservado». «El presidente me dijo gracias por lo que estás haciendo, me tienen informado», aseguró.

Asimismo, señaló ante el magistrado que mantuvo reuniones con la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, para abordar el problema de la España vacía y que en al menos una de esas reuniones estuvo presente Begoña Gómez, la esposa de Sánchez.

«Desinformación» y «ultraderecha»

Sin embargo, la corrupción no es una prioridad para Sánchez ni para la dirección del PSOE, de cara al próximo congreso. Al menos, según se desprende de su ponencia. De forma genérica, apenas enuncian el propósito de «situar a España en el top 25 de democracias en los rankings de percepción de la corrupción».

En su lugar, sí se detiene en la «desinformación» o en el objetivo de «frenar el avance de los valores autocráticos y la internacional ultra». En este contexto, proponen medidas para «reducir a la mitad el número de noticias falsas que circulan en redes sociales» o controlar a los medios de comunicación.

«No podemos dejar que los enemigos de la democracia usen el anonimato de las redes y la libertad de expresión para difundir bulos, extender el odio y minar nuestra convivencia», señalan los socialistas, «como tampoco podemos dejar que existan pseudo medios digitales opacos, con más financiadores que lectores, que atenten sistemáticamente contra la verdad y los códigos deontológicos del periodismo para ganar dinero».

Por eso, proponen «una reforma legislativa que obligue a todos los medios de comunicación a hacer públicas sus fuentes de financiación, especialmente cuando éstas provengan del extranjero o de Administraciones públicas», «la creación de sistemas de verificación a todos los medios, redes sociales y sistemas de mensajería, que informen a la ciudadanía de los contenidos falsos y que desincentive su circulación», «un sistema de auditoría algorítmica para las plataformas digitales que ofrezca información sobre cómo funcionan los algoritmos de estas plataformas y denuncie malas prácticas» y «un Plan de alfabetización mediática en los institutos que enseñe a los alumnos y alumnas a contrastar la información y a identificar noticias falsas y contenidos fake generados por Inteligencia Artificial».