Sánchez se arriesga a otra bronca de la UE si oculta el dictamen del Consejo de Estado sobre los fondos

El Gobierno de Pedro Sánchez se arriesga a ser amonestado por Bruselas si mantiene en secreto el informe del Consejo de Estado de 96 páginas que cuestiona, según ha denunciado la oposición, el decreto ley de reparto de los fondos europeos por la crisis del coronavirus. La negativa del Ejecutivo socialcomunista a hacer público este documento apunta a una batalla legal sobre una presunta «nulidad» de este decreto ley convalidado la semana pasada por el Congreso, lo que podría llevar a Bruselas a dar un toque de atención al Gobierno de coalición en este sentido, según apuntan fuentes parlamentarias consultadas por OKDIARIO.

La normativa en relación a la llegada de los fondos, algo que no está en cuestión y que se prevé para el verano, señala: «Para que la Comisión empiece a tomar préstamos, todos los Estados miembros deben ratificar la nueva Decisión sobre recursos propios según sus requisitos constitucionales respectivos». Las autoridades de Bruselas confían en que todos los parlamentos nacionales de los Estados miembros aprueben esta Decisión y que no haya problemas. Un trámite posterior que todavía debe efectuar la Cámara baja.

Sin embargo, si el PP acaba llevando el decreto de fondos europeos ante la Justicia por una presunta «nulidad», recurriéndolo ante el Tribunal Constitucional, esta situación obligará a Bruselas a pronunciarse. Las autoridades comunitarias ya han amonestado a Sánchez por su reforma del Poder Judicial.

Se da la circunstancia de que el Congreso de los Diputados convalidó la semana pasada el decreto ley y aprobó su tramitación como proyecto de ley, es decir, con la posibilidad de que todos los grupos parlamentarios formulen enmiendas. Un trámite para el que sería necesario que dispusieran del dictamen del Consejo de Estado.

En cambio, desde Moncloa defienden que el decreto ley ya tiene el visto bueno de la Comisión Europea para que España haga una «ejecución factible, útil y rápida» de fondos mediante la normativa diseñada.

Un «escándalo»

Por su parte, a oposición (PP, Vox y Ciudadanos) ha salido en tromba este miércoles a exigir a Sánchez que haga público ese documento. El primero en hacerlo ha sido el líder de los populares, Pablo Casado, quien se lo ha exigido al propio Pedro Sánchez en la sesión de control celebrada en la Cámara baja. «Es un escándalo que puede anular el decreto y puede hundir aún más la reputación de su Gobierno», ha lanzado el jefe de la oposición al presidente socialista. Además, Casado ha afirmado que su grupo ha remitido un escrito a la Mesa de la Cámara para poder acceder al dictamen del Consejo de Estado sobre el Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

96 páginas

También lo ha hecho Ciudadanos, cuyo portavoz adjunto, Edmundo Bal, ha señalado que le consta que el informe tiene 96 páginas y es «demoledor» contra el decreto ley del Gobierno. Desde Vox, que se abstuvo la semana pasada en la votación, han reclamado también el documento con urgencia y han defendido «la máxima transparencia en la gestión de este dinero, que debe llegar con la mayor celeridad y con todas las garantías posibles a los españoles».

Entretanto, el Gobierno ha negado este miércoles las acusaciones del PP de haber ocultado al Congreso el informe que solicitó al Consejo de Estado sobre el decreto de la gestión de los fondos europeos porque, al tratarse de un decreto ley, no está obligado a remitirlo a las Cortes y ni siquiera estaba obligado a pedirlo, según informa Ep citando fuentes gubernamentales.

De la Vega remite a Calvo

Desde el Consejo de Estado han confirmado a OKDIARIO que el Gobierno solicitó el informe pese no ser obligatorio ni vinculante, si bien desde el órgano consultivo que preside la ex ministra socialista María Teresa Fernández de la Vega remiten al Ministerio de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática de Carmen Calvo para conocer el documento.

Los socialistas acusan al PP de haberse «inventado» esa supuesta obligación de remitir al Congreso ese dictamen del Consejo de Estado en un intento de tratar de justificar su rechazo de la semana pasada al decreto ley de los fondos. No obstante, señalan que tras recibir el dictamen, el Ejecutivo atendió lo que se consideró apropiado, incluyendo incluso «algunas» de sus recomendaciones, sostienen.

Además, el Gobierno ha insistido en que «es soberano para dejarse influir en lo que se le aconseja» y que el Consejo de Estado es un órgano que asesora al Poder Ejecutivo, no al Congreso, por lo que tildan la actitud del PP de «sobreactuación».

Las fuentes gubernamental critican que el PP esté intentando trasformar este debate en un asunto de «legalidad» cuando a su juicio no es más que una cuestión «política». «El PP está traspasando mucha líneas inquietante de cómo funciona la democracia», subrayan.