Exhumación Valle de los Caídos

La Sala Tercera del Supremo retrasará la decisión sobre la exhumación de Franco hasta después del 28-A

Los jueces encargados de decidir sobre la exhumación de Franco tratan de evitar que el asunto pueda ser utilizado, políticamente, en campaña.

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Los jueces de la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo de Tribunal Supremo, encargados de decidir sobre la paralización o no de la exhumación de Francisco Franco, se inclinan por retrasar cualquier pronunciamiento en la materia hasta después de las elecciones generales del próximo 28 de abril. 

Según fuentes del alto tribunal, consultadas por OKDIARIO, la opinión unánime de la sala es aplazar sus pronunciamientos para evitar que influyan en el desarrollo de la campaña electoral, teniendo en cuenta que se trata de un tema que sin duda será utilizado, en uno u otro sentido, políticamente.

Este martes, la sala se reunía formalmente por primera vez para deliberar sobre el recurso presentado por la familia del dictador. Al Supremo han llegado un total cuatro recursos contra la exhumación, todos los posibles de acuerdo a las partes reconocidas como interesadas en el expediente administrativo creado ad hoc por el Gobierno: planteados por los nietos de Franco, la abadía de los monjes benedictinos, así como la Fundación Francisco Franco y, también, la Asociación de Defensa del Valle de los Caídos, el último en ser admitido a trámite.

Al término de la misma, los magistrados acordaron solicitar al Gobierno una copia del acuerdo adoptado en el Consejo de Ministros del pasado 15 de marzo, que ponía fecha a la exhumación de los restos del dictador y la fijaba el próximo 10 de junio, antes de decidir sobre la suspensión cautelar que solicita la familia.

Ganar tiempo

En concreto, la Sala ha solicitado al Ejecutivo que aporte el texto íntegro de dicho acuerdo, que determinó la exhumación de Franco y su posterior inhumación en el cementerio de Mingorrubio, en El Pardo, pese al deseo expreso de la familia de que los restos reposen en la catedral de La Almudena. Los jueces requieren, además, los antecedentes y documentaciób previos a dicha resolución, que obren en el expediente administrativo.

Tanto la familia como la Fundación Nacional Francisco Franco solicitaron, en su escrito de alegaciones ante el Supremo la paralización de la exhumación en base a la decisión del Gobierno del 15 de febrero, que daba la orden pero no incluía ninguna fecha concreta. Después de que el Ejecutivo aprobara el segundo acuerdo del 15 de marzo, ya con una fecha concreta sobre la mesa , ha optado por analizar toda la documentación disponible, antes de tomar una decisión definitiva. Con esa solicitud, se busca además ganar tiempo sin necesidad de incurrir en previo pronunciamiento. 

El tribunal quiere ganar tiempo y evitar que las decisiones judiciales puedan ser utilizadas políticamente en campaña

Los nietos del dictador basan su recurso y la petición de la paralización, entre otros, en los «daños» que sufriría la familia si el Ejecutivo lleva adelante sus planes sin esperar a la decisión definitiva del tribunal y apuntan a que los perjuicios serían “de muy difícil, cuando no imposible, reparación si se llegasen a ejecutar”.»Ninguna familia debe ser obligada a pasar por dos exhumaciones y tres entierros de uno de sus seres queridos, mientras no se hayan agotado todas las vías jurisdiccionales en las que podría hacer valer sus legítimos derechos», se subraya.

Por su parte, la Abogacía del Estado trasladó al Supremo su oposición a esas medidas cautelares, al considerar que el proceso no es irreversible porque, si el tribunal acaba sentenciando en contra de la exhumación, los restos podrían volver a ser enterrados en el Valle de los Caídos. Los servicios jurídicos del Estado estiman, además, que «no existe vulneración de ninguno de los derechos fundamentales alegados por la parte recurrente».

El 10 de junio

El Supremo, por el momento, baraja varios escenarios: la adopción de medidas cautelares que suspendan la ejecución de la exhumación, posibilidad por la que parecen inclinarse, dado que de lo contrario el recurso perdería «sentido», según confirman diversas fuentes judiciales a OKDIARIO; el rechazo de estas medidas o pasar directamente a decidir sobre el fondo del asunto. Esta última opción obligaría, sin embargo, a acelerar los tiempos habituales en el Alto Tribunal, que en materia de recursos contencioso-administrativos se extienden entorno al año, ya que habría de pronunciarse un fallo siempre antes del 10 de junio, fecha límite anunciada por el Ejecutivo.

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