Crisis del coronavirus

Querella por homicidio imprudente contra Ximo Puig por no suspender las mascletás pese al coronavirus

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El presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, junto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Más querellas contra cargos públicos por no tomar medidas contra la expansión del coronavirus. La última se ha presentado por homicidio imprudente y prevaricación contra el presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, el alcalde de Valencia, Joan Ribó, y otros altos cargos. Les acusan de haber permitido la manifestación del 8M y otras grandes concentraciones masivas de personas (como las mascletás), a pesar de las múltiples advertencias internacionales sobre el riesgo del COVID-19.

Viernes 6 de marzo, Valencia. El presidente valenciano Ximo Puig asegura, tras presenciar la tradicional Mascletá desde el balcón del Ayuntamiento de Valencia, que el coronavirus «no nos puede amargar la vida». Lo hace ante las preguntas de los periodistas que cuestionan que se mantengan actos sociales masivos a pesar de las recomendaciones de organizaciones internacionales como la OMS o la UE.

Este sábado, el Ministerio de Sanidad ofrecía la actualización del balance epidémico del coronavirus. Los datos muestran que en la Comunidad Valenciana hay 4.034 casos positivos por COVID-19 y 234 fallecidos.

Ante esta situación, el despacho Lorente Abogados ha presentado en el día de ayer, viernes 27 de marzo, una querella contra el presidente valenciano y el alcalde de Valencia. También se ha incluido a la delegada del Gobierno, Gloria Isabel Calero, al subdelegado, José Roberto González, y al concejal de Festejos de Valencia, Carlos Galiana. Les acusan de delitos de prevaricación, lesiones imprudentes y homicidio imprudente.

OKDIARIO ha tenido acceso al texto de la querella, presentada ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valencia (TSJCV). El documento relata pormenorizadamente, a lo largo de 29 folios, la cadena de imprudencias que a su juicio derivaron en un agravamiento de la situación epidemiológica en Valencia. Se incluye una completa cronología de hechos y declaraciones de los máximos responsables políticos de la Comunidad Valenciana.

Recuerdan, por ejemplo, que en Valencia se produjo la primera muerte por coronavirus registrada en España. Se conoció el día 4 de marzo, pero tuvo lugar tres semanas antes, el 13 de febrero. Y que entre el 6 y el 8 de marzo se produjeron concentraciones masivas de personas en actos reivindicativos -el 8M- y festivos -las mascletás-, que llegaron a reunir «a más de 4.500 personas», pese a la insistencia de la OMS y la UE en evitar este tipo de eventos.

«Según la evolución de los casos y las recomendaciones emitidas, considera esta parte que fue crucial para el desarrollo de la enfermedad la celebración de los actos multitudinarios que tuvieron lugar a principios del mes de marzo, por motivo tanto del día internacional de la mujer como de los festejos falleros», se advierte en la querella.

«A pesar del estado en que nos encontrábamos, a pesar de las advertencias internacionales y europeas y a pesar del precedente de China e Italia, ninguno de nuestros responsables políticos, en el ámbito de sus respectivas competencias, canceló ni uno solo de los actos previstos ni adoptó medida alguna que evitara las aglomeraciones que, evidentemente, suponían un foco masivo de contagio», concluyen el despacho querellante.

No es la única querella similar que se ha presentado en las últimas semanas contra cargos públicos por haber permitido actos masivos en plena amenaza contra el COVID-19. El abogado Víctor Valladares presentó su denuncia a título particular el pasado 19 de marzo ante el Juzgado de Guardia de Plaza Castilla de Madrid, si bien ha tenido que ser asumida por la Sala Segunda del Tribunal Supremo, dado que el presidente del Gobierno tiene la condición de aforado.

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