Por qué hay que botar a Sánchez, quedan 23 días: Ábalos, su nº2, condenado por corrupción

El 20 de febrero de 2024, la Guardia Civil detenía a Koldo García, antiguo asesor y hombre de máxima confianza del ex ministro socialista José Luis Ábalos. Aquella operación, centrada inicialmente en el presunto cobro de comisiones ilegales por contratos de mascarillas durante la pandemia, destapó una trama de corrupción que acabaría llevando a ambos a prisión. El 27 de noviembre de 2025, Ábalos y Koldo ingresaron en prisión provisional y sin fianza por orden del Tribunal Supremo. Más de dos años después, el Tribunal Supremo condenó a Ábalos a 24 años de prisión y a Koldo a 19 años por delitos de organización criminal, cohecho, malversación y tráfico de influencias.

Ábalos no era un dirigente cualquiera dentro del PSOE. Había sido secretario de Organización del partido entre 2017 y 2021 y ministro de Fomento y posteriormente de Transportes desde 2018 hasta julio de 2021. Su cercanía política con Sánchez y su posición en el Ejecutivo situaron las investigaciones sobre las irregularidades cometidas en su ministerio en el centro del debate sobre las responsabilidades políticas del Gobierno.

La denominada trama Koldo comenzó a investigarse por adjudicaciones de contratos de material sanitario durante la pandemia del Covid-19. La operación policial de febrero de 2024 incluyó una veintena de detenciones y numerosos registros. Entre los arrestados figuraban Koldo García y el empresario Víctor de Aldama, que posteriormente reconocería el pago de mordidas y colaboraría con la Justicia.

Las pesquisas revelaron una organización que aprovechó la emergencia sanitaria para obtener beneficios económicos mediante contratos públicos. El Tribunal Supremo consideró probado que Ábalos, Koldo y Aldama actuaron de manera concertada para favorecer adjudicaciones a una empresa vinculada al empresario, Soluciones de Gestión, a través de organismos dependientes de Transportes como Puertos del Estado y Adif.

A ello se sumaron las contrataciones irregulares de mujeres vinculadas personalmente a Ábalos en empresas públicas como Ineco, Tragsatec y Logirail.

Cuando estalló el caso, Ábalos aseguró estar decepcionado por la detención de su antiguo colaborador y defendió que las contrataciones se habían realizado mediante los mecanismos legales establecidos. El PSOE acabó exigiéndole que entregara su acta de diputado, pero el ex ministro se negó y pasó al Grupo Mixto. La formación socialista lo suspendió cautelarmente de militancia el 27 de febrero de 2024.

La investigación avanzó hasta desembocar en una sentencia dictada el 22 de junio de 2026. El Supremo condenó a Ábalos a 24 años y tres meses de cárcel, a Koldo García a 19 años y ocho meses y a Víctor de Aldama a cuatro años y medio, aunque suspendió el ingreso en prisión de este último por su colaboración con la Justicia.

El caso continúa teniendo consecuencias judiciales. El 4 de noviembre de 2026, el Supremo reclamó a los tres condenados alrededor de 647.000 euros entre multas, decomisos e indemnizaciones.

Un día después, el 5 de noviembre, la UCO desplegó una nueva operación que incluyó el registro del domicilio de Ábalos en Valencia y seis nuevas detenciones, entre ellas la de su pareja y la de un empresario que había ejercido de chófer de Sánchez durante las primarias socialistas de 2017. Todos quedaron posteriormente en libertad. Esta nueva pieza judicial, todavía bajo investigación, está relacionada con presuntas irregularidades en adjudicaciones de obra pública.

Ábalos ha solicitado al Tribunal Constitucional que anule su condena, alegando vulneraciones de sus derechos fundamentales. Mientras tanto, la Audiencia Nacional mantiene abiertas otras investigaciones relacionadas con el caso, entre ellas las que afectan a presuntos amaños de contratos públicos y en las que también figura como investigado el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán.