Puigdemont multiplicó por 20 la partida para referéndums el año pasado coincidiendo con el 1-O

Carles Puigdemont
Carles Puigdemont, ex presidente catalán.

La dotación económica para la partida 132 de los Presupuestos de la Generalitat es un buen indicador sobre los planes de los dirigentes independentistas. Esa cuantía se multiplicó por 20 en un solo año, de 2016 a 2017, en previsión a la celebración del referéndum ilegal de independencia.

En 2017, los últimos Presupuestos del secesionismo, el montante de ese apartado ascendió a 5.800.000 euros. Un salto abismal con respecto al año anterior, cuando fue de 254.099 euros. 

La partida 132 explica en su epígrafe el objetivo: ‘organización, gestión y seguimiento de procesos electorales’. En 2016, se desglosaban con precisión las necesidades a las que hacer frente: introducir mejoras tecnológicas, implementar el voto electrónico para residentes en el extranjero, mejorar procesos burocráticos y coordinar «elecciones estatales,  en colegios profesionales, consultas populares, consulados, universidades, sindicatos…», entre otros.

En 2017, únicamente se expresaba como objetivo: «hacer frente a las necesidades administrativas, logísticas, de infraestructura y procedimentales derivadas de la organización y de la gestión de los procesos electorales y de las consultas populares que sean competencia de la Generalitat de Cataluña». El ‘objetivo estratégico’, único, era «mejorar la gestión de los procesos electorales y las consultas populares, y la difusión de información para favorecer la participación ciudadana».

En 2012, año en que se sitúa el inicio del ‘procés’, el Presupuesto asignado era de apenas 75.000 euros. «Durante el año 2012 no está prevista la convocatoria de ningún proceso electoral político-elecciones, referéndums, consultas-Sin embargo, hay que estar preparados para casos de convocatoria extraordinaria», se leía en el programa. Entre sus objetivos, figuraba una revisión de algunos procedimientos de elección, como al Parlamento de Cataluña o al Consejo General de Arán, para «implementar mejoras».

En 2014, año del 9-N, la asignación, de nuevo, se disparó. Ese año se presupuestaron hasta 5.075.000 euros. El programa admitía, abiertamente, que el objetivo era destinarlos a la «consulta popular». «Se está trabajando para hacer efectiva, desde el punto de vista de la organización y la gestión, la convocatoria de una consulta popular. Para poder activar este proceso, hay que tener a punto todo el operativo, lo que incluye la creación de aplicaciones y registros específicos para el desarrollo de la consulta, la introducción de mejoras tecnológicas» y otras mejoras en las aplicaciones.

En abril de 2017, el Tribunal Constitucional suspendió la partida presupuestaria asignada a la celebración del referéndum, tras admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad del Gobierno. Además del mencionado, se incluían otras partidas, con una suma total de 6,4 millones de euros.

Meses después, el tribunal declaró esas partidas inconstitucionales, siempre y cuando se destinasen a financiar la consulta. El TC explicaba que no se podría declarar por sí mismas  inconstitucionales las partidas fijadas en los presupuestos catalanes ya que en ellas no se establecía que se fuese a destinar el dinero a financiar el proceso de consulta separatista, porque la denominación de las partidas presupuestarias impugnadas era lo suficientemente «genérica e inconcreta».

No obstante, que esa era la intención parece una evidencia. OKDIARIO ya reveló que los Presupuestos de 2017 incluían una advertencia al Gobierno sobre su intención de destinar dinero público para la ruptura con España.

Así se recoge, en concreto, en una de las partidas de la consellería de Exteriores, en manos de Raül Romeva, y que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, debería haber supervisado a efectos de la concesión del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA).  Se trata de la única alusión directa a los planes golpistas.

El programa presupuestario 121, ‘Dirección y administración general’-con un presupuesto asignado de 21.394.313, 22 euros-establecía literalmente que “la actual legislatura tiene como objetivo establecer las bases que hagan posible la declaración de la independencia de Cataluña, a partir de la creación de unas estructuras de Estado y de impulso de un proceso de desconexión nacional y popular con el Estado español”.

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