Escándalo menores tuteladas en Mallorca

PSOE y Podemos pactan una comisión a medida sobre la explotación de las menores en Baleares

La primera reunión en el Consell para la puesta en marcha de la comisión de expertos sobre los abusos a menores tutelados en Mallorca se cierra sin avances

Francina Armengol Baleares
Francina Armengol, presidenta de Baleares.

La primera reunión en el Consell de Mallorca para sentar las bases de la comisión de expertos sobre explotación sexual de menores tutelados, este lunes, se ha cerrado sin ninguna medida y con la percepción, por parte de los grupos de la oposición, de la intención del PSOE y sus socios, Podemos y Més, de dilatar sus conclusiones.

El órgano, que sustituirá a una comisión de investigación en el Parlament -que fue rechazada por la izquierda la semana pasada- arranca ya entre la polémica, tras la renuncia del candidato a coordinador que había sido propuesto por el Consell.

Se trata de Jorge Carlos Fernández del Valle, catedrático de Intervención Social de la Universidad de Oviedo y que rechazó el cargo después de que Diario de Mallorca desvelase que ya había sido contratado por Francina Armengol, presidenta socialista de Baleares, cobrando 60.000 euros entre 2008 y 2009 para diseñar los sistemas de protección de los menores que ahora se consideran fracasados.

Sin información

Según fuentes de la oposición, los representantes del Consell encargados de la comisión -con el presidente del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS), Javier de Juan (PSOE), a la cabeza- se han negado a aportarles información sobre aspectos como el coste que tendrá su puesta en marcha. La renuncia de Fernández del Valle ha cogido desprevenidos a los socios PSOE-Podemos-Més, que este lunes no han aportado nuevos nombres para reemplazarlo, ni tampoco han revelado otros miembros de la estructura, lo que dilata su funcionamiento y, en consecuencia, el informe final. Cabe recordar que el escándalo saltó a la luz ya hace dos meses, tras la violación grupal a una menor tutelada por el Consell de Mallorca, la pasada Nochebuena, por la que fueron detenidos siete varones y una chica.

La comisión de expertos únicamente tiene como fin elaborar una guía de conclusiones sobre mejoras en los centros de menores dependientes de la administración, pero no puede determinar responsabilidades políticas. Su composición, además, será ‘a medida’ del Consell, ya que, de seis miembros -además del coordinador- la oposición sólo podrá proponer a dos.

El resto se repartirán entre el coordinador, que será directamente propuesto por la presidencia del IMAS; dos vocales a propuesta de la dirección insular de infancia y Familia, uno a propuesta de la Universidad de las Islas Baleares y otro a propuesta de las entidades que forman la FEIAB (Federación de entidades de Atención a la Infancia y Adolescencia de las Islas Baleares). La oposición ha mostrado sus suspicacias sobre esa composición, que les concede un papel secundario teniendo en cuenta su representación política. PSOE, Podemos y Més cuentan con 17 miembros en el Consell, frente a los 16 que suman el resto de partidos (PP, Ciudadanos, El Pi y Vox). Los grupos recelan también de los expertos propuestos desde la universidad pública y las asociaciones.

La comisión dispone de un plazo máximo de tres meses para elaborar sus conclusiones, pero la indecisión en su arranque está dilatando estos plazos.

Investigación en el Congreso

Por su parte, los ‘populares’ han anunciado este lunes que registrarán en el Congreso la petición de creación de una comisión de investigación sobre menores tutelados en Baleares y también en la Comunidad Valenciana.

La portavoz de Igualdad del Grupo Parlamentario del PP, Marga Prohens, ha criticado el «silencio de la ministra», Irene Montero -que ha comparecido en la Comisión de Igualdad en el Congreso- sobre este caso, lo que le coloca, ha considerado, «en el lado equivocado de la historia».

«Si no contradice a su partido en Baleares y al Gobierno autonómico es porque les apoya, entonces es también encubridora y cómplice», ha aseverado.

Prohens ha denunciado que Montero «se ha quedado sin voz en determinados temas que le afectan», lo que ha provocado que «no sólo se esté quedando sin discurso, también sin credibilidad».

Por su parte, la ministra de Igualdad ha defendido «impedir el uso partidista» y ha cargado contra el PP por «utilizar este tema como arma arrojadiza». «Dejen actuar a las fuerzas de seguridad del Estado y a la Fiscalía, y que caiga quien tenga que caer», ha dicho.

Mientras, el escándalo sigue creciendo. La pasada semana, el vicepresidente Pablo Iglesias llegó a calificar de «indignos» y «repugnantes» a PP y Vox por plantear una comisión de investigación sobre el caso, que la izquierda rechaza.

Los partidos reprocharon a Iglesias su pasividad ante el escándalo, estableciendo «víctimas de primera y de segunda». Los hechos están en manos de la Fiscalía de Baleares.

«Sus votantes son mucho mejores que ustedes y no van a entender nunca que en un tema como éste intenten sacar rédito político, intentar sacarlo de que niñas hayan sido violadas es repugnante, incluso para un fascista», llegó a reprochar Iglesias a la diputada de Vox, Mireia Borrás.

El Pleno del Congreso debatirá este martes la Proposición No de Ley de Ciudadanos sobre «medidas para reforzar los protocolos de prevención, detección y actuación ante situaciones de abuso, agresión y explotación sexual», como la de Mallorca.

El escándalo

El escándalo saltó a la luz tras la violación grupal a una menor tutelada por el Consell de Mallorca, la pasada Nochebuena, por la que fueron detenidos siete varones y una chica. Posteriormente, se conoció que 16 menores que viven en centros tutelados de Baleares habían sido también víctimas de explotación sexual.

El IMAS, dependiente de la administración balear y bajo responsabilidad del PSOE, informó de que tenía a 359 menores tutelados en alguno de los 30 centros propios o concertados que dan atención residencial a niños y jóvenes con medidas de protección. Desde el Gobierno balear se ha derivado el asunto al Consell de Mallorca y se han descartado dimisiones.

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