PSOE y Podemos avalaron en Baleares una guía de triaje en residencias según la «fragilidad» del anciano

El Gobierno de Baleares -de PSOE, Podemos y Més- avala una guía para la asistencia hospitalaria de pacientes de residencias, en la pandemia de coronavirus, que mide la «fragilidad» de los ancianos como criterio de derivación hospitalaria. El protocolo, ‘Recomendaciones prácticas para la toma de decisiones éticas y clínicas en el entorno residencial en el contexto de la crisis del Covid-19’, cuenta con el apoyo de varios colegios de sanitarios y sociedades profesionales de Cataluña y Baleares.

La guía está colgada en la página web de la Consejería de Salud balear -dirigida por el PSOE- y establece que «la situación derivada de la pandemia afecta de manera específica a centros residenciales, por la vulnerabilidad de las personas acogidas, la limitación de recursos y la presión en el resto del sistema, así como por el impacto sobre los profesionales». Por este motivo, se añade, el documento pretende facilitar la toma de decisiones en un contexto de crisis.

En relación al diagnóstico del paciente, se pide identificar el grado de «fragilidad». También se distingue a aquellos residentes en estado terminal (con días o semanas de vida) o con una expectativa de meses o 1 año. Entre las preguntas que se trasladan a los profesionales para la valoración está: «¿Se sorprendería que esta persona muriese a lo largo del próximo año?».

También se deberán valorar, según el dossier, las necesidades de cuidados paliativos, el estado avanzado de una enfermedad, las deficiencias funcionales o nutricionales o multimorbilidades, o si el paciente tiene antecedentes de «múltiples ingresos urgentes». Se aclara, no obstante, que «el pronóstico no es el único criterio» y también que «la edad cronológica, en años, no debe ser un criterio».

En otro apartado se pide «explorar los valores y preferencias» del propio anciano, sus preocupaciones, expectativas -«¿cómo ve el futuro?»- y cómo prefiere ser atendido.

La guía señala que estos dos pasos «permitirán hacer una primera propuesta de nivel de intervención ante complicaciones», que podrán ir desde el traslado hospitalario, a medidas de soporte adicional, atención habitual en la residencia o cuidados paliativos «de confort».

Sobre la valoración de los recursos asistenciales, se pide «evitar el uso de los servicios de urgencias si no están claros los objetivos» y «pensar en fórmulas alternativas».

Ante la posible derivación hospitalaria, se indica que «hay que tener en cuenta que, dada la situación actual, los criterios de acceso de las UCI o la ventilación mecánica invasiva pueden cambiar de manera rápida por la limitación de recursos». Por ello, se pide valorar con prudencia «los posibles beneficios frente a los riesgos o el impacto de los traslados a los hospitales».

Atención en residencia 

En este contexto, se pide tomar la decisión de «mantener en la residencia o en el traslado» o bien valorar «opciones de soporte externo». También se apunta a fórmulas alternativas que «pueden ser una alternativa en situaciones concretas», como el alojamiento de pacientes en hoteles y otros establecimientos adaptados.

La guía también pide tener en cuenta el impacto familiar por «la incertidumbre»  y la «agonía en soledad» del paciente. En este sentido, se plantean algunas medidas para aliviar el «tramo final de vida» del enfermo, como asegurar la presencia de sus allegados con medidas de protección o facilitar videollamadas. También se requiere, consideran los autores, «identificar el riesgo de un duelo complicado», para lo que sería preciso «definir unas pautas de acompañamiento» por ejemplo, para el «ritual funerario».

El documento valora, asimismo, cómo afecta este escenario al equipo profesional de los centros. Considera que «compartir la toma de decisiones es un mecanismo preventivo frente al estrés».

En plena ofensiva del Gobierno contra la Comunidad de Madrid por la situación en las residencias, OKDIARIO ha informado también de otros protocolos de triaje que piden, por ejemplo, «tratar al paciente en la propia residencia sin traslado». Un documento valenciano remitido a los centros de esta comunidad autónoma incluye el hecho de que se tratara de un “paciente mayor de 80 años con enfermedad crónica por insuficiencia de órgano avanzada».

Según reveló este periódico, la patronal de las residencias privadas, CEAPs, intentó contactar hasta en cinco ocasiones con el vicepresidente social, Pablo Iglesias, para trasladarle las preocupaciones del sector. Algunas de esas peticiones se hicieron llegar en medio de una situación dramática por la pandemia del coronavirus. Y todas  fueron ignoradas, según fuentes de este organismo, que agrupa a empleados que atienden a más de 370.000 personas, tanto en residencias como en servicio de atención en domicilio y teleasistencia.

Iglesias, que aseguró el pasado 19 de marzo ostentar el mando único de estos centros, ha evitado asumir responsabilidades por las muertes de mayores en las residencias, el punto más dramático de la pandemia. En su lugar, el líder de Podemos se dedica a culpar a las comunidades autónomas e incluso a atacar a las residencias privadas que, según insiste, están en manos de «corruptos y fondos buitre».