El PSOE no quiere molestar a Bildu: exige por escrito que los partidos no hablen de ETA

La táctica de blanqueamiento del PSOE hacia Bildu se despliega a todos los niveles. Se observa en distintos matices que adquieren un nuevo significado en plena sintonía de Arnaldo Otegi con Pedro Sánchez. Ahora, los socialistas tratan de acallar incluso el debate político en torno a las cesiones a Bildu y los favores a los presos de ETA, como así demuestra una enmienda recientemente presentada en el Senado y que esconde toda una declaración de intenciones: los partidos no deben usar el terrorismo para la «confrontación política». O, dicho de otra forma, la oposición no debe cuestionar las cesiones de Sánchez a los proetarras, en forma de acercamientos, flexibilidad penitenciaria y posibles excarcelaciones. «Tenemos a 200 presos en la cárcel y si para sacarlos hay que votar los Presupuestos, pues los votamos», reveló Otegi la pasada semana ante un grupo de militantes.

Estas intenciones se resumen en la enmienda de sustitución presentada por el PSOE en el Senado a una moción en la que el PP pedía la creación de una Fiscalía especial para la investigación de actos de enaltecimiento del terrorismo y los homenajes a etarras. Una propuesta que no gustó a los socialistas, y que el partido de Pedro Sánchez censuró en un texto al que ha tenido acceso OKDIARIO:  «El Senado ratifica la validez del Pacto por las libertades y contra el terrorismo y hace un llamamiento a las fuerzas políticas a no usar el terrorismo para la confrontación política al tratarse de una cuestión de Estado».

Respeto a las víctimas

En su iniciativa -rechazada- los populares exponían que las víctimas «constituyen una referencia ética para nuestro sistema democrático, y también simbolizan la defensa de la libertad y del Estado de Derecho frente a la amenaza terrorista».

En consecuencia, «los poderes públicos deben garantizar que las víctimas sean tratadas con respeto a sus derechos y asegurar la tutela efectiva de su dignidad» y, en este contexto,»el respeto a la Justicia es exigencia básica en toda democracia, por lo que deben los poderes públicos garantizar, en el ámbito de sus competencias, que no se produzcan situaciones injustas o de desamparo hacia las víctimas». «Concretamente, deben trabajar para impedir la impunidad de los crímenes terroristas en cualquiera de sus manifestaciones y velar para que los terroristas cumplan íntegramente sus penas, de acuerdo con lo establecido por la legislación penal».

El PP pedía además que los poderes públicos trabajen «para que la sociedad no caiga en el desconocimiento de la verdad, atendiendo a las causas reales de victimización, y contribuir a un relato de lo que sucedió en nuestra sociedad por causa de los actos terroristas». Esto es, «evitarse falsas equidistancias morales o políticas, ambigüedades o neutralidades valorativas, y debe recogerse con absoluta claridad la existencia de víctimas y terroristas, quien ha sufrido el daño y quien lo ha causado».

Los populares recordaban en el texto que «son muchos los crímenes de terrorismo que todavía están siendo investigados o pendientes de investigación, y es preciso que, en todo momento, la legislación procesal penal tenga presente la necesaria protección de los derechos e intereses de las víctimas».

Por ello estimaban «conveniente la creación de una Fiscalía especial para la investigación de actos que representen nuevas modalidades de terrorismo y que supongan su enaltecimiento y en consecuencia la humillación de las víctimas del terrorismo».

«La sociedad española, señorías, ha sabido sobreponerse al terrorismo y en política debemos dejar muy claro que la unidad contra el terrorismo es necesaria antes, ahora y siempre, por nuestra convicción democrática y por nuestros valores de convivencia y de pluralidad, pero, sobre todo, señorías, por todas las víctimas», reprochó durante el debate el senador socialista Antonio Julián Rodríguez Esquerdo. Su compañero de bancada, José María Oleaga, consideró «moral y éticamente repudiable» la «estrategia» del PP de «utilizar el dolor de las víctimas». Todo ello mientras el Gobierno de Pedro Sánchez negocia los Presupuestos Generales del Estado con Bildu.