El PSOE hace el juego a Bildu y vota en contra de prohibir los homenajes a etarras

El implacable rodillo de PSOE y Podemos a las enmiendas presentadas por la oposición a los Presupuestos Generales del Estado evidencia también la rendición del Gobierno de coalición a sus socios de Bildu. Ambos partidos han rechazado la batería de medidas propuesta por el Partido Popular dirigidas a «evitar el blanqueo de las organizaciones terroristas y de sus grupos de apoyo» y que, entre otras, incluía prohibir los homenajes a etarras, impedir el acceso a beneficios penitenciarios a los presos de la banda que no colaboren con la Justicia o «excluir de los pactos y acuerdos políticos a los partidos que no condenan explícitamente los crímenes de las organizaciones terroristas e intentan legitimar su existencia».

Todas estas peticiones han sido tumbadas por los socialistas -junto a Podemos- en el debate de las enmiendas parciales a los Presupuestos. En concreto, los populares proponían que se ampliase la Ley de Reconocimiento y Protección integral a las Víctimas del Terrorismo para «garantizar el derecho de las víctimas del terrorismo a la verdad, la justicia y la dignidad en un momento en que se pretende blanquear a ETA y a sus herederos políticos».

Así, en el texto, al que ha tenido acceso OKDIARIO, el partido de Pablo Casado exigía al Gobierno que el acceso a un nuevo grado «no sólo exija renegar de los actos delictivos cometidos y mostrar arrepentimiento, sino que los penados muestren también signos inequívocos de haber abandonado la voluntad de reincidir en los mismos y colaboren activamente para impedir la producción de otros delitos análogos y el esclarecimiento de los que pudieran tener conocimiento».

También se reclamaba un mayor control sobre la aplicación del artículo 100.2 -para el acceso a la semilibertad- evitando «un uso arbitrario» así como «que se pueda abrir la puerta a la impunidad de los condenados».

«Dicha modificación deberá garantizar que el modelo de ejecución previsto en este artículo sea realmente excepcional e individualizado y en todo caso exija como condición imprescindible para ser aplicado que el penado reniegue de los actos delictivos cometidos, muestre arrepentimiento, abandone la voluntad de reincidir y colabore en la investigación y prevención de delitos análogos a los que motivaron su condena», se recoge en la enmienda.

Entre otras peticiones, el PP pedía también al Ejecutivo que los partidos con dirigentes condenados por «terrorismo, colaboración con banda terrorista o apología del terrorismo no puedan recibir fondos públicos» y una modificación legislativa «para impedir los homenajes públicos a terroristas y para que sus crímenes sean considerados crímenes contra la humanidad con el fin de evitar su prescripción».

Por otro lado, la enmienda exige al Gobierno «que la Fiscalía General del Estado y el Ministerio del Interior adopten todas las actuaciones necesarias para el esclarecimiento de crímenes de ETA pendientes de resolver» y «la exclusión de los pactos y acuerdos políticos a los partidos que no condenan explícitamente los crímenes de las organizaciones terroristas e intentan legitimar su existencia».

Interlocutor preferente

Cuestiones, todas ellas, muy sensibles para Pedro Sánchez en su plan de convertir a Bildu en un interlocutor preferente para sostenerle en La Moncloa. Podemos, cabe recordar, ya situó en su día al partido de Arnaldo Otegi en la «dirección del Estado».

En la propuesta del PP se reclama también al Gobierno «la señalización de los lugares de los atentados terroristas y los nombres de las víctimas» o incluir «una formación integral en la memoria de la lucha política y social contra el terrorismo, implementado la acción formativa en ESO y Bachillerato».

Además, los populares quieren que se impulsen las modificaciones legales oportunas para garantizar la participación activa de las víctimas y de sus asociaciones en la persecución, procesamiento y en el cumplimiento de la condena de los autores de delitos terroristas, y  el «control exhaustivo de la ejecución de las competencias penitenciarias transferidas a las administraciones autonómicas, sin excluir la posibilidad de la recuperación de la transferencia si se aprecia un trato de favor hacia los presos condenados por terrorismo».

Todas estas medidas ya se recogen en una proposición de ley que el PP llevará a su debate al Congreso de los Diputados para proteger la dignidad de las víctimas del terrorismo frente a las cesiones de Sánchez a Bildu.

«En un país que ha sufrido 850 asesinatos y muchos intentos de asesinato, no puede ser que esta gente diga que se sienta en los mandos del Estado y que el PSOE de Sánchez lo permita, esto es algo que tiene que acabar y no pasa en ningún lugar del mundo», aseveró recientemente Casado.

Todo ello, después de que Otegi llegase a vincular el voto a los Presupuestos a la excarcelación de 200 presos etarras. Y que, este mismo martes, el nuevo líder de los socialistas vascos, Eneko Andueza, abrió la puerta a un Gobierno de coalición con los bildutarras tras las próximas elecciones autonómicas: «El tiempo nos dará las claves de si estamos o no preparados para cosas grandes», dijo el hombre de Pedro Sánchez en el País Vasco.

Los socialistas ven esta nueva «oportunidad» tras las declaraciones de Otegi hace unas semanas en las que aseguraba reconocer el «dolor» de las víctimas de ETA, aunque sin condenar la actividad de la banda terrorista.