El PSOE elige a dos imputados para negociar en Murcia un pacto de “regeneración política” con C’s

El PSOE presentó este pasado viernes a un curioso equipo negociador para intentar llegar a un acuerdo de gobernabilidad con Ciudadanos (Cs) en Murcia. Lo denominan pacto para la “regeneración política”. Pero dos de los miembros del equipo socialista llevados a esa mesa negociadora donde les esperaban los hombres de Albert Rivera están imputados.

Sus nombres son José Velez y Jordi Arce. Y ambos están imputados por prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos. Se trata de dos altos dirigentes del PSOE. El primero, José Vélez: alcalde de Calasparra y miembro del Comité Ejecutivo Federal del partido. El segundo, el edil Jordi Arce Corbalán, secretario de Organización y ‘número dos’ de los socialistas murcianos.

El caso que afecta a ambos les ha llevado a estar imputados por presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos. El escándalo afecta al supuesto cobro ilegal de salarios en el Ayuntamiento calasparreño. Y los dos negociadores, junto al ex concejal y actual secretario general del PSOE de Calasparra, Antonio José Moreno Gil, se encuentran bajo las actuaciones del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Caravaca de la Cruz. El Juzgado ha admitido a trámite la querella interpuesta por tres ediles de la oposición: Jesús Alajarín (Ciudadanos), María Marín (PP) y Alonso Torrente (Calasparra Viva).

La juez de este caso investiga los hechos denunciados porque “presentan características que hacen presumir la posible existencia de un delito de prevaricación administrativa y/o malversación de caudales públicos”.

Cobraron 30.000 euros de forma irregular

En la querella los socialistas están acusados de haber obtenido ilegalmente una cantidad superior a 30.000 euros públicos procedentes del Ayuntamiento a través de distintos mecanismos retributivos. El periodo que se investiga abarca entre septiembre de 2016 y el verano de 2017, una fecha en la que supuestamente de forma voluntaria los tres afectados habrían renunciado a su condición de liberados con dedicación exclusiva en el Consistorio y se habrían dado de baja por ese concepto en la Seguridad Social para volver a sus puestos de trabajo anteriores. Eso sí, tras levantarse el escándalo de sus ingresos procedentes del Ayuntamiento.

De los tres, dos son precisamente los negociadores socialistas en Murcia. Y los dos defienden que su objetivo es lograr un pacto de gobernabilidad que garantice la “regeneración política”. Según el contenido de la querella, el alcalde Vélez habría obtenido 4.572 euros ilegales; Arce se habría hecho con 15.071 euros; y Moreno, el tercer implicado, habría logrado una retribución ilícita de 10.582 euros.

La historia de este escándalo comienza en julio de 2015, una fecha en la que el Pleno de Calasparra aprobó las retribuciones para los ediles liberados: caso que afectaba a los negociadores socialistas y el tercer imputado del PSOE. En mayo de 2016 esos pagos fueron declarados nulos por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Región.

Es más, la resolución judicial exigió al primer edil y a varios concejales devolver cerca de 170.000 euros percibidos por este mecanismo.
En junio de 2016, el Pleno volvió a insistir en su decisión inicial, dotándola además de efectos retroactivos. Y en septiembre un juzgado de Murcia tuvo que volver a recordar que era injustificable y que, por lo tanto, las retribuciones debían ser declaradas nulas.

Grabaron al edil Moreno de fiesta

En ese momento el alcalde y los ediles Arce y Moreno renunciaron a su condición de liberados y regresaron a sus ocupaciones laborales anteriores: Vélez volvió a ocupar su plaza de funcionario del Servicio Murciano de Salud (SMS) y Arce retorno a la hostelería.

En abril de 2017, Moreno también renunció definitivamente al cargo de concejal, eso sí, tras ser grabado una noche de fiesta mientras criticaba abiertamente a compañeros suyos de partido.