El PSOE apoyó en 2017 fiscalizar la acción exterior separatista que ahora critica al Tribunal de Cuentas

El PSOE de Pedro Sánchez apoyó en 2017 la iniciativa del PP para que el Tribunal de Cuentas fiscalizara la acción exterior de la Generalitat de Cataluña orientada a la «internacionalización» del proceso separatista a través de sus embajadas, el conocido como Diplocat y otros organismos. Sin embargo, tras el indulto a los golpistas y su apuesta por el «reencuentro», los socialistas presionan ahora a este tribunal y maniobran incluso desde Moncloa para que no se ejecute este procedimiento, por el que el Tribunal de Cuentas reclama 5,4 millones a los líderes del procés en base a los fondos ilegalmente utilizados en la red exterior de la Generalitat durante el período 2011-2017.

Fue en el seno de la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, donde el Partido Popular presentó la solicitud de realización de este trabajo de fiscalización sobre los recursos destinados desde el Gobierno catalán a su acción exterior. Una iniciativa por parte de los ‘populares’ que tuvo el respaldo del Partido Socialista y de Ciudadanos el 27 de diciembre de 2017.

En aquella sesión de dicha Comisión, el portavoz socialista Antonio Hurtado anunció el voto a favor de los suyos (Pedro Sánchez ya era secretario general del PSOE) a esta solicitud del PP exponiendo que las razones para este respaldo eran «muy claras». Así, manifestó en primer lugar que «la fiscalización y el control externo del Tribunal de Cuentas es un mecanismo de garantía del Estado de derecho». «El Grupo Parlamentario Socialista está haciendo un esfuerzo tremendo en esta Comisión por ir sumando a la obligación de transparencia y de control y fiscalización de los recursos públicos a entes y organismos que hasta ahora no habían sido objeto de control», esgrimió.

En esta línea, Hurtado defendió iniciar este procedimiento para comprobar si se estaba incurriendo por parte de los cargos de la Generalitat «en responsabilidades contables que exigirían resoluciones y acuerdos contundentes por parte del Tribunal de Cuentas que sirvieran para reparar los daños ocasionados en este caso al erario público».

«Piedras en el camino»

Una posición diametralmente opuesta a la adoptada por el Ejecutivo socialcomunista de Pedro Sánchez en el momento actual, que considera que estas causas del Tribunal de Cuentas que implican a los separatistas son «piedras en el camino» que dificultan la resolución del «conflicto catalán».

Junto a ello, el diputado socialista, que hizo alusión a las «embajadas» y al «consejo internacional de la comunidad catalana», calificó la solicitud del PP de «oportuna» para vincularla con una reciente sentencia del Tribunal Constitucional, que había remarcado que «la política exterior es competencia exclusiva de la Administración del Estado y no puede desarrollarse por parte de las comunidades autónomas».

«Justamente se trata de saber si se han vulnerado estos principios establecidos en la sentencia del Tribunal Constitucional, si se ha destinado dinero por parte de la comunidad catalana a competencias que no le son propias y si se ha podido destinar dinero a actividades consideradas ilegales por el mismo tribunal. Por tanto, vamos a votar a favor y esperemos que esto se aclare para que todos estemos tranquilos y que desde luego, en el caso de que se hayan incumplido las normas, se repare esta vulneración lo antes posible», concluyó Hurtado, según reza en el Diario de Sesiones.

Ahora, tres años y medio después, Sánchez ya no tiene tanto interés en reparar este fraude cometido por sus socios independentistas, a los que lanza guiños como reclamar con insistencia al Partido Popular la renovación del Tribunal de Cuentas, cuyo mandato expira el próximo 23 de julio, a fin de poder controlar el órgano fiscalizador.