El PP pide 18 años de cárcel para el ex presidente socialista de la Diputación de Valencia por el ‘caso Alquería’

caso Alquería
El alcalde de Ontinynet y presidente de la diputación de Valencia, Jorge Rodríguez (c), y su jefe de gabinete, Ricard Gallego (fondo), salen del ayuntamiento custodiados por agentes de la UDEF tras más de siete horas de registro. (Foto: Efe)

El grupo popular en la Diputación de Valencia pide 18 años de cárcel y otros 15 de inhabilitación para el expresidente de la corporación provincial con el PSPV, Jorge Rodríguez, por los delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y organización criminal, dentro del caso Alquería en el que ejercen la acusación.

Los ‘populares’ solicitan la misma condena para los que fueran gerentes de la empresa Divalterra, José Ramón Tiller (por el PSPV) y Agsutina Brines (por Compromís) mientras que reclaman 15 años de cárcel y multa de 4.800 euros para el exjefe de gabinete de Rodríguez en la Diputación, Ricard Gallego; para otro asesor, Manuel Reguart; para el letrado asesor de Divalterra, Jorge Cuerda; otro de los exgerentes, Vicent Xavier Simón, y para las ocho personas afines a los dos grupos políticos que se consideran que fueron contratadas de forma irregular, por los mismos delitos.

Por el delito de tráfico de influencias reclama, para todos ellos el pago de una multa de 2.244.191,60 euros, según consta en el escrito de acusación del PP, al que ha tenido acceso Europa Press.

El caso Alquería se centra en las contrataciones presuntamente irregulares de altos directivos en la empresa pública Divalterra –antigua Imelsa– para favorecer a personas afines del PSPV y Compromís. Rodríguez llegó a ser detenido el 27 de junio de 2018, cuando ocupaba el cargo de presidente de la Diputación, institución de la que dimitió en julio, si bien se mantuvo como alcalde de Ontinyent, cargo que revalidó en las municipales de junio de 2019 con La Vall Ens Uneix, tras dejar en abril de ese mismo año el PSPV.

En su escrito, el PP sostiene que Rodríguez, una vez nombrado presidente de la Diputación y siguiendo un «plan preconcebido», organizó una distribución o reparto de áreas de la empresa pública, «asignando en este irregular esquema un reparto de las áreas de gestión por afinidades políticas vinculadas al PSPV y a Compromís y no por razones profesionales».

De una plaza a diez

Así, sostiene que los acusados hicieron uso de «un modelo
organizado», en el que cada uno de ellos tenía una función determinada y se respetaba la jerarquía de la organización, con Rodríguez al frente, y añade que se crearon diez plazas de alta dirección en Divalterra, donde antes solo había una.

Según el PP, estos nombramientos de personal de alta dirección se hacen para que ocupen un «cargo ficticio o simulado, sin funciones propias de la alta dirección» en términos legales y jurisprudenciales y fueron nombrados y retribuidos «única y exclusivamente por la relación de confianza política y de afinidad con los partidos que conformaban el equipo de gobierno de la Diputación Provincial».

El PP hace hincapié en que, de este modo, estas contrataciones se hicieron en el marco de una organización «dedicada a obtener lucro económico personal y poder político, que estaba perfectamente jerarquizada y con división de funciones entre los integrantes de la misma», siendo todos los acusados «plenamente conocedores de las
ilegalidades que estaban cometiendo» y pese a la existencia de informes en los que se advertía de esas ilegalidades.

En este contexto, señala el PP que también hubo «presiones» y «amenazas» a los funcionarios que advirtieron de esas ilegalidades. El importe malversado asciende en su conjunto a la suma de
1.122.095,80 euros que se corresponde con las retribuciones y cotizaciones a la Seguridad Social derivada de los contratos irregulares de alta dirección.

De hecho, señala que ya con los nombramientos de Tiller como gerente y Brines como cogerente en el primer consejo de administración de Divalterra en 2015, el secretario de este órgano consideró que no se ajustaban a la ley al faltar requisitos legales básicos e incumplirse los principios de publicidad, mérito y capacidad.

Asimismo, considera que se encargó un informe ‘ad hoc’ a una empresa para poder «amparar» los nombramientos de los exgerentes pero que «sin duda alguna ya determina la absoluta ilegalidad de los nombramientos posteriores» y que se creó una estructura paralela, el Consejo de Dirección, dedicado a ocultar información y a la toma de decisiones al margen de los procedimientos establecidos.

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