El PP forzará al PSOE a votar si apoya la «solidaridad» entre regiones pese a perdonar la deuda catalana

El PP forzará al PSOE en el Congreso de los Diputados a votar si apoya la «solidaridad» entre comunidades autónomas pese a perdonar la deuda a Cataluña en su pacto con los separatistas catalanes, que incluye la condonación de hasta 15.000 millones de euros.

En concreto, el Grupo Popular, con el portavoz Miguel Tellado al frente, ha llevado a la Comisión de Política Territorial para su votación y debate una proposición no de ley (PNL) para «reivindicar la solidaridad interregional como valor constitucional» frente al trato privilegiado que el Ejecutivo está dando a Cataluña.

En la exposición de motivos, los populares denuncian que el Gobierno de Pedro Sánchez haya quebrado el principio de igualdad que recoge la Constitución al suscribir con los secesionistas de ERC y Junts la polémica Ley de Amnistía –que se tramita ahora mismo en las Cortes– y los acuerdos de Ginebra, con participación de un mediador internacional.

«Las cesiones del Gobierno a formaciones políticas que no respetan la Constitución ni el resto de la legislación vigente y el chantaje de éstas hacia las instituciones democráticas de nuestro país han acabado agravando los desequilibrios económicos, territoriales y sociales, evidenciando así desigualdades en la ejecución de políticas públicas, en la prestación de servicios públicos esenciales y hasta en los derechos y deberes de los ciudadanos ante la ley», señala la iniciativa del PP.

De ahí que, prosigue el texto, resulte «imprescindible» que desde las Administraciones Públicas se promueva la «cohesión territorial» de España y «se asegure que todos los ciudadanos, vivan donde vivan, tengan acceso a servicios públicos de calidad y posibilidades de crecimiento profesional y personal en un contexto jurídico que garantice la igualdad entre todos», dice el texto sobre el que deberá pronunciarse el Partido Socialista en la Comisión Territorial.

Asimismo, la iniciativa aboga por la necesidad de impulsar el «diálogo constructivo y la colaboración» entre el Gobierno central y las comunidades autónomas, así como entre éstas y las entidades locales, «en el marco del Estado autonómico y del respeto a la Constitución».

Se da la circunstancia de que el Ejecutivo de Pedro Sánchez lleva meses haciendo oídos sordos a la mayoría de presidentes regionales (del PP) que le han pedido la convocatoria de una Conferencia de Presidentes, que ya se debería haber reunido hace tiempo. De hecho, el partido de Alberto Núñez Feijóo y sus barones acordaron hace unas semanas, en la llamada Declaración de Córdoba, «reiterar la exigencia de que se convoque de forma inmediata la Conferencia de Presidentes, así como el resto de foros multilaterales en los que se deben tratar los asuntos comunes».

«Reclamamos –dice la Declaración– participar, tal y como nos corresponde, en las cuestiones nacionales. La reiterada negativa del presidente del Gobierno a reunir la Conferencia de Presidentes acredita su falta de interés por nada que no tenga que ver con su mera continuidad en Moncloa. Una situación que contrasta amargamente con la colección de cesiones unilaterales, reuniones a la carta con sus socios e incluso encuentros clandestinos fuera de la UE para negociar privilegios en nombre de todos los españoles. Manifestamos nuestro desprecio por este trato desigual e inmoral que crea ciudadanos de primera y de segunda», denunciaron los populares.

De «forma multilateral»

Además, en la parte dispositiva de la PNL, el PP también quiere que el Congreso inste al Gobierno a dotar de los recursos financieros y adecuados a las Administraciones territoriales, para que puedan «ejercer sus competencias y garantizar la prestación de los servicios públicos esenciales con calidad, aplicando criterios de equidad, transparencia, eficiencia y rendición de cuentas».

En este contexto, el vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, recalcó hace unos días que su formación apuesta por una reforma de la financiación negociada de «forma multilateral» en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, previa convocatoria de la citada Conferencia de Presidentes.

«A veces se trata de tapar las dificultades que se tiene en la gestión inventando nuevos sistemas. Cataluña es la comunidad con más impuestos propios del Estado. Lo que hay que hacer es gestionar bien el dinero público y no tanto preocuparse de conseguir más competencias. La dificultad estriba en no gastar lo que no tenemos», subrayó Bravo, reprochando al Gobierno que no haya hecho ningún intento de negociar la financiación con el PP.

Como último punto, la proposición no de ley del Grupo Popular plantea «fomentar la participación y la implicación de la ciudadanía, de los agentes sociales y de los sectores económicos en el diseño, la ejecución y la evaluación de las políticas públicas que afectan a los servicios públicos esenciales, promoviendo la cultura de la solidaridad interregional y el sentido de pertenencia a España», cuestión trascendental que Sánchez ha despreciado en sus pactos con los independentistas de Cataluña.