El PP compara la «chapuza» de los decretos de vivienda con la ley del ‘sólo sí es sí’: «Habrá una ola de recursos»

El PP de Alberto Núñez Feijóo cree que los decretos anti-desahucios y de alquileres indefinidos que ha aprobado el Gobierno de Pedro Sánchez y que se someterán a convalidación o derogación en el Congreso de los Diputados este viernes son una «chapuza» como la Ley del sólo sí es sí (o ley Montero), por lo que augura que traerán «confrontación» y generarán «una ola de recursos en el ámbito judicial».

Esta es la impresión que ya verbalizó Feijóo este miércoles al anunciar el voto negativo del Grupo Popular y que va cobrando fuerza en el análisis que hacen los populares sobre los efectos que tendrán sendos decretos, si resultan finalmente convalidados.

El vicesecretario general de Economía del PP, Juan Bravo, avanzó este jueves que estos decretos provocarán «una ola de recursos en el ámbito judicial» y generarán «enfrentamientos» entre los arrendadores y los inquilinos.

En un encuentro informativo en la sede del PP junto a la portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, Bravo también incidió en que dichos decretos potenciarán la «inquiokupación».

«Nosotros no nos conformamos con decir que ‘no’, llevamos tres años poniendo propuestas encima de la mesa: hay que construir un millón de viviendas, simplificar y reducir trámites, aprobar nuestra ley anti-okupas presentada en el Congreso, y además, hay que ayudar a las familias a que puedan acceder a una vivienda, con incentivos fiscales, con ayudas directas, para que realmente la vivienda sea una opción», señaló Bravo.

«El que ha generado todos los problemas no puede ser la solución, Sánchez es el problema», apostilló el dirigente del PP sobre la reacción improvisada del Ejecutivo socialcomunista a las protestas y acampadas de la extrema izquierda por el caso de la desahuciada Maricarmen.

Invasión de competencias

Entretanto, y a la espera de movimientos similares en otras comunidades gobernadas por el PP, el portavoz de la Junta y consejero de Economía y Hacienda de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, ya anunció este jueves la voluntad del Ejecutivo autonómico de recurrir estos decretos al entender que invaden de forma «clara» las competencias autonómicas, «perjudican» los intereses regionales y generan «inseguridad jurídica».

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el portavoz manifestó que el análisis con detalle de ambos decretos servirá para construir y presentar los correspondientes recursos en defensa de los intereses de Castilla y León y de su ámbito competencial, un trámite que se formalizará una vez que se confirme su convalidación parlamentaria.

Fernández Carriedo reprochó al Ejecutivo central de PSOE-Sumar que haya actuado con una «exclusión total» de la opinión y participación de las comunidades autónomas a la hora de elaborar esta legislación, sin convocar reuniones ni entablar negociaciones previas. De igual modo, los populares denuncian que el Gobierno tampoco haya contado con la voz de los ayuntamientos, y que haya recurrido a la fórmula del real decreto-ley, sin informe del Consejo de Estado.

Además, el portavoz del Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco recalcó que sobre las autonomías recaen obligaciones que no se han consensuado, entre las que citó el pago del alquiler por parte de la administración autonómica en nombre del inquilino cuando este incurra en impagos bajo determinadas circunstancias, según informó Ep.

Fernández Carriedo advirtió además sobre el debate de inseguridad derivado de la concatenación de normativas aprobadas en días consecutivos. «El debate de inseguridad que genera que ayer teníamos una legislación aplicable, hoy teníamos otra, y mañana otra distinta», subrayó.