La Policía detiene al presidente de la Comisión Islámica de España acusado de financiamiento terrorista

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El presidente de la Comisión Islámica en España, Ayman Adlbi.

La Policía Nacional ha detenido este miércoles al presidente de la Comisión Islámica en España, Ayman Adlbi, dentro de una operación antiterrorista en la que se han procedido a la detención de varias personas más que todavía no se han hecho públicas. Fuentes de la investigación señalan que el representante del islam español ya ha sido puesto en libertad, con la obligación de que se presente ante el juez cuando sea requerido, después de pasar por comisaría.

La operación ha sido desarrollada por la Comisaría General de Información y continúa abierta. La actuación policial esta relacionada con hechos previos al nombramiento de Adlbi como presidente de la Comisión Islámica en España. Estos hechos se remontan a junio de 2019, cuando una investigación policial desarticuló una red que se dedicaba al envío de dinero a Siria y otras zonas de conflicto para financiar presuntamente las acciones armadas de grupos radicales.

Ayman Adlbi se convirtió e pasado verano en presidente de la Comisión Islámica de España. A los investigados se les atribuye colaboración con organización terrorista y financiación del terrorismo, entre otros delitos.

Según varias fuentes policiales consultadas por Efe la operación desarrollada este miércoles en Madrid forma parte de una «amplia» investigación relacionada con otras operaciones antiterroristas, si bien la conexión principal se establece con la operación Wamor de 2019.

La célula que la Policía Nacional desmanteló entonces estaba dedicada a la financiación de grupos yihadistas que operan en Siria. Las diez detenciones y la decena de registros se practicaron en Madrid, en el municipio de Algete, así como en las provincias de Toledo y Valencia.

Los arrestados gestionaban negocios legales en España, pero ocultaban operaciones ilícitas con las que defraudaban a Hacienda y blanqueaban importantes sumas de dinero. Según informó el MInisterio del Interior, disponían de un entramado de empresas con las que generaban facturas falsas de forma masiva.

Fuentes de la investigación precisaron que esa estructura empresarial, dirigida por una clan familiar, contaba con negocios de alimentación, sanitarios, de transporte de mercancías y de compraventa de vehículos.

A través de esos negocios detraían dinero a una supuesta caja b, cuyos fondos destinaban presuntamente a dar soporte a Al Qaeda en la región siria de Idilb.

Para enviar el dinero se usaban diferentes métodos. Desde «correos humanos», maletas con dinero oculto, remesadoras o, sobre todo, la «hawala», un sistema de envío no regulado que emplea una red de mediadores que se sirven de sus negocios para hacer llegar los fondos.

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