La Policía blinda la sede del PSOE ante otra protesta al grito de «¡Sánchez traidor!» por la amnistía

El frío, el viento y la lluvia que está dejando el temporal Domingos no ha impedido que este sábado, por segundo día consecutivo, cientos de personas se hayan concentrado ante la sede central de los socialistas, en la madrileña calle de Ferraz, para protestar por los pactos que el sanchismo ha cerrado con los independentistas y que incluyen la amnistía. El mal tiempo ha jugado en contra de los convocantes y ha impedido que se repitiera una multitudinaria protesta como la que tuvo lugar la víspera, con miles de personas. Aún así, cientos han desafiado las inclemencias meteorológicas y se han concentrado este sábado ante la sede de Ferraz, donde han visto cómo el Ministerio del Interior ha desplegado ese abundante dispositivo de seguridad.

«¡Sánchez traidor»!, «¡Sánchez etarra!», «¡Marlaska, eres un traidor!» y «¡Sánchez a prisión!» han sido algunos de los gritos que han lanzado los concentrados ante la sede del PSOE en protesta por la amnistía. También han pitado ante el llamativo despliegue policial que, por segundo día consecutivo, ha sido desplegado por el Ministerio que dirige Fernando Grande-Marlaska. «¡No somos perros, somos españoles!» ha sido otro de los gritos que se han escuchado, en protesta por la intensa presencia policial.

Se mantiene así la presión sobre el PSOE, fruto de convocatorias ciudadanas espontáneas que han circulado por las redes sociales y que han llevado al Ministerio del Interior a reforzar la seguridad de la sede de Ferraz con un intenso despliegue policial. Ya ocurrió el viernes, cuando miles de personas respondieron a la llamada a la movilización. Y se ha vuelto a repetir este sábado. Todo ello para mantener lo más alejados posibles del edificio a quienes se han presentado para protestar contra el PSOE.

«¡Sánchez traidor!», «Puigdemont, a prisión» o «golpistas, a prisión» son algunos de los gritos con los que los ciudadanos expresan su indignación estos días ante la sede central del PSOE, rodeada como muestra de queja ciudadana a los pactos con el independentismo.

Las movilizaciones han sido convocadas y celebradas coincidiendo con la votación interna organizada por el PSOE para que su militancia diga si está o no a favor de los pactos que el partido traba con los independentistas, con los proetarras de Bildu y con los comunistas de Sumar para que Pedro Sánchez se garantice una nueva investidura como presidente del Gobierno.

Condenados y procesados

Entre las cesiones bendecidas desde su sede central, el acuerdo del PSOE incluye la amnistía no sólo para los que fueron condenados por el Tribunal Supremo por el delito de sedición, que además ya fueron indultados en su día por Pedro Sánchez y a los que agradó después, por añadidura, con una reforma del Código Penal al dictado de los separatistas: se eliminó el delito de sedición.

Ahora, esta amnistía borra por completo la responsabilidad legal de quienes fueron juzgados por liderar aquel golpe separatista y de aquellos que aún tienen causas abiertas en los tribunales, incluidos los implicados por las revueltas, algunos de ellos acusados de delitos de terrorismo. En este ámbito se incluye a miembros de los autodenominados Comités de Defensa de la República (CDR), el brazo violento del independentismo catalán, y activistas de Tsunami Democrátic que también provocaron disturbios.

Asimismo, el prófugo Carles Puigdemont, ex presidente de la Generalitat y líder de Junts, quedará exonerado de toda responsabilidad judicial por aquellos hechos. Él, con su huida, evitó sentarse en el banquillo, como sí hicieron el resto de miembros de su Gobierno catalán, entre ellos su vicepresidente, el dirigente de ERC Oriol Junqueras.

La ley de amnistía se está tramitando en el Congreso de los Diputados como proposición de ley, impulsada directamente por los grupos parlamentarios del PSOE, Sumar, ERC y Junts. El próximo 13 de noviembre, un juez de Madrid celebrará una vista para decidir si paraliza cautelarmente, o no, la tramitación parlamentaria de esa proposición de ley. Debe resolver sobre una demanda presentada en este sentido por una ciudadana que considera que la pretendida ley de amnistía conlleva su discriminación, por vulnerar el principio de igualdad ante la ley que consagra la Constitución entre sus derechos fundamentales.