PNV y PSOE se gastaron 6,2 millones en amañar subidas salariales ilícitas en la Diputación de Vizcaya

El gobierno del PNV y del PSOE en la Diputación de Vizcaya no sólo repartió primas de jubilación voluntaria ilícitas por declararlas exentas de IRPF, cuando la ley estatal obliga a que tributen, sino que también, al margen de la ley, amañaron complementos salariales para incrementar las retribuciones de todos sus funcionarios. Así lo indican los informes de auditoría a los que ha tenido acceso OKDIARIO, que evidencian cómo se ignoró sistemáticamente la normativa en esa Corporación foral para beneficiar tanto a los funcionarios en activo como a aquellos que optaban por una jubilación voluntaria. En total, PNV y PSOE se gastaron 6,2 millones en amañar subidas salariales ilícitas en la Diputación de Vizcaya.

En el caso de los que estaban en activo –muchos de ellos continúan en sus puestos–, el gobierno PNV-PSOE de la Diputación de Vizcaya les aplicó tres subidas salariales ilícitas, dos de las cuales, además, han consolidado. Es decir, la siguen cobrando desde entonces, junto a las revalorizaciones salariales correspondientes.

La primera ilegalidad se detectó en 2016 y aflora precisamente en el informe que el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas (TVCP) elaboró tras revisar las cuentas de esa diputación foral correspondientes a aquella anualidad. Al revisarlas comprobó cómo el gobierno de PNV-PSOE había repartido 1,03 millones entre todos sus trabajadores, con el argumento de compensar las pérdidas de poder adquisitivo que habían sufrido todos los trabajadores en España –también los funcionarios– durante los años 2012 y 2013, como consecuencia de la crisis económica que se padeció durante aquellos años.

Aquello fue un abono, para todo el personal, equivalente al 0,5% de las retribuciones consolidadas por cada trabajador. Los auditores han sido rotundos al respecto: «Este abono incumple la norma foral de Presupuestos de 2015». Es decir, no se ajustó a la legalidad. Pero se consumó a todos los efectos.

Complementos específicos inflados

En 2018 llegó otra segunda maniobra, igualmente al margen de la ley. Con el mismo argumento, el de «cubrir las pérdidas de poder adquisitivo de los años 2012 y 2013», el gobierno PNV-PSOE de la Diputación Foral de Vizcaya, presidido por el peneuvista Unai Rementería, amañó los complementos específicos de todos y cada uno de los trabajadores para, de una tacada, subirlos todos un 1,3%.

Por principio legal, los complementos específicos son aquellos que retribuyen las condiciones concretas del puesto que ocupa cada empleado público, las funciones diferenciales de unos y otros trabajadores, incluso perteneciendo a una misma categoría. Es decir, es un complemento que varía. Por eso, los auditores destacan igualmente que fue una maniobra ilícita subir todos un 1,3%, porque «supone una alteración de la naturaleza del complemento específico establecida en la normativa de la función pública».

Aquel amaño le costó a la Diputación de Vizcaya un desembolso extra de 2,45 millones de euros en 2018. Pero hay que tener en cuenta que aquello se consolidó, porque los complementos específicos, tal cual quedan tras una subida, se mantienen de ahí en adelante. Para darle pátina de legalidad, esos incrementos se incluyeron en una disposición adicional de los presupuestos de Vizcaya de 2019, aunque se trata de una treta que no tiene validez legal, como han indicado los auditores del TVCP.

Pero no le bastó al gobierno PNV-PSOE con aquella subida ilícita: repitió el amaño al año siguiente, en 2019, cuando otra vez aprobó un incremento adicional de otro 1,3% a los complementos específicos de todos sus empleados públicos. Como ya habían sido aumentados el año anterior, el 1,3% en ese caso supuso un coste todavía mayor: un total de 2,76 millones de euros. Y esos complementos revalorizados se han mantenido desde entonces, en paralelo a las revisiones retributivas de cada ejercicio.